Por Karem Luque
Hace un año en diálogo con defensores y defensoras de Chile, Bolivia, Perú y México se evaluó la problemática socioambiental por la presencia de industrias extractivas presentes en los territorios y cómo su expansión dejaba impactos que vulneraban el derecho a la salud de pueblos indígenas u originarios.
En Perú, desde el año 2018 esta problemática de afectación a la salud por metales tóxicos fue reconocida como un problema de salud pública[1] y, que debido a los múltiples impactos no son solo ambientales y de salud sino también económicas, sociales, generacionales, entre otros, afectando los derechos a la alimentación, actividades productivas, derechos de las mujeres, etc. En medio de esta multiplicidad de impactos, desde hace 5 años se empezó a construir propuestas de políticas públicas con enfoque multisectorial que dé una respuesta para evitar la exposición y el riesgo ambiental, que atienda de maneral integral y especializada la salud de las personas, que abastezca de agua de consumo de calidad y que promueva una articulación intra e intersectorial, todo ello se plasmó en un Plan Especial Multisectorial publicado en diciembre del 2021[2].
Así también, muchas experiencias de logros en otros países muestran que las normas favorables implican campañas de incidencia y sensibilización, apoyo en la defensa legal, labores educativas y movilizaciones sociales para la defensa de sus derechos, pero que implicó principalmente la participación de comunidades indígenas u originarias con poca presencia de las zonas urbanas, puesto que ellas viven alejadas de las zonas del extractivismo (minera o de hidrocarburos).
Es necesario también comprender que la exigencia de derechos humanos no solo es competencia del Estado, del garante de derechos, sino de empresas que operan y no sinceran estos impactos, su responsabilidad es respetar a ese Estado que les motivó la inversión, a esas comunidades que decidieron y optaron por la convivencia creyendo y ansiando el desarrollo que les prometen. Y aun cuando estas comunidades reconocen cierto crecimiento y dinamismo económico no obvian que las afectaciones a las poblaciones locales, terminan siendo irreversibles. Por ello, toca también actuar ante el sistema nacional de justicia, a las casas matrices, a los países de origen y a los organismos internacionales de protección de derechos.
Bajo todas esas reflexiones generadas y ahora cuando tenemos a presidentes en Latinoamérica con promesas de cambio como Gabriel Boric, Gustavo Petro, Luis Arce, Pedro Castillo, Andrés Manuel López Obrador, toca que ellos promuevan y tejan las redes de solidaridad, que refuercen mecanismos de protección para sus poblaciones expuestas a tóxicos en contextos extractivos, con ello, tienen el gran desafío de no generar desarrollo a costa de la vida de estas comunidades. Por ahí, además, un Eduardo Galeano sigue soñando con que las venas abiertas ya no sangren tanto.
Karem Luque es Bióloga egresada de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, con especialidad en microbiología y laboratorio clínico, concluyó la maestría en Ecología y Gestión Ambiental en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con 9 años de experiencia trabajando en el sector público y privado de los cuales los últimos 6 años fueron dedicados a los organismos de derechos humanos.
[1] Resolución Ministerial 718-2018/MINSA. Lineamientos de política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas.
[2] D.S. 037-2021/MINAM. Aprueban el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.