Por Martin Navarro
Inmediatamente terminada la primera ronda electoral y conocidos sus imprevisibles resultados, diversos especialistas se pronunciaron sobre la imposibilidad, no legal sino fáctica, de anular las elecciones de segunda vuelta mediante el ausentismo y el ejercicio del voto blanco y nulo (Neyra, Pata Amarilla, 14/04/21; Tuesta, Canal N, 14/04/21).
Los medios de comunicación televisiva, radial y escrita se mostraron muy interesados en el tema, difundiéndolo y llegando a la irrefutable, para ellos, conclusión de lo inapropiado, irreal e incluso engañoso que sería esa decisión por parte del electorado (Ramos, La República, 14/04/21; El Comercio, 15/04/21). Sin embargo, y si bien es cierto, es poco probable que se logren los dos tercios de la votación que permitan su anulación, sí cuestionamos los supuestos pretendidamente inaceptables de la misma.
Frecuentemente se afirma que la abstención y los votos considerados inválidos (blanco y nulos) son una especie de evasión y desentendimiento casi anarquista e irresponsable del elector respecto del proceso electoral y la democracia; esto es una verdad a medias, pues el asunto de si esto puede ser una alternativa o no, depende del contexto político y los fines que se persiguen con esa decisión.
Por ejemplo, si dentro del primer caso (el contexto político) imaginamos una elección donde existe sobreoferta electoral y al mismo tiempo distanciamiento ideológico ¿será oportuna la ausencia electoral y el voto inválido? Parece que no, pues en este supuesto habría suficientes alternativas para discernir dentro del diverso espectro político de las derechas, los centros y/o las izquierdas. Pero si, por el contrario, la definición de una elección se concentra solo entre dos opciones y, además, estas son de corte autoritario como en el caso nuestro, la cuestión se complejiza y nos traslada a otro tipo de interrogante que merece una mayor profundidad analítica: ¿Por qué deberíamos comportarnos electoralmente como lo que precisamente criticamos? O sea, por qué actuar y elegir como y entre absolutos, entre blanco y negro. ¿Eso es la política?
En estas coordenadas políticas es indudable que la abstención y la invalidación encuentran sentido. Pero, ¿cuál sería este?, ¿cuál sería su propósito? ¿Anular las elecciones? Por lo dicho anteriormente, me parece que no se podría lograr, pero sí sería tal vez viable otra alternativa. Esto nos traslada a la cuestión de los fines.
Un análisis desagregado de las cifras que nos dejó la primera vuelta (ONPE, 2021) es clara y contundente para tomar una respaldada decisión al respecto. Del total de electores hábiles (25,011,344), el 29.957% (7,492,529) se ausentó por diversas razones (desconexión con la política, desesperanza, temor a la pandemia, inconformidad con los candidatos, etc.). Del total de electores participantes 17,518,815 (70.043% del total de los permitidos), 3,233,106 (el 18,455%) optaron por invalidarlo (blancos y nulos). En conclusión, 10,725,635 o el 48.412% de peruanos autorizados para votar, no optaron por ninguna candidatura o rechazaron a todas.
Peor aún, si esa cantidad final la comparamos con los dos primeros lugares, veremos que Pedro Castillo solo obtuvo el 19,002% (2,714,561) y Keiko Fujimori apenas el 13,389% (1,912,705) de los votos válidos y los votos emitidos solo llegan a 15.68% y 10.97% respectivamente. Considerando a los ausentes el resultado es menor aún, 11.01% para el candidato de Perú Libre y 7.70% para la postulante de Fuerza Popular. Como vemos, los ausentes, nulos y blancos son los ganadores de la primera ronda (y probablemente de la segunda); por lo tanto, son una opción a considerar y pueden estar en búsqueda y reclamando por una representación.
¿Pero cuál sería el objetivo de insistir en un voto similar o mayor al de la primera vuelta? Pues el de impedir la formación de un gobierno autoritario, de derecha o de izquierda, que se pretenda la expresión legitima de la decisión popular. Si quien triunfe en las elecciones lo hace con un margen escaso o poco relevante de electores, entonces no se sentirá respaldado por la población y eso inhibirá los intentos antidemocráticos que pueda estar tentado a ejecutar. Quienes creen en ellos que lo hagan, pero los que no, debemos demostrarles que su permanencia en el poder depende del pueblo y no de ellos mismos, ni de la fuerza a la que podrían apelar.
Siendo positiva la propuesta, no solo es el compromiso que asuma el futuro o la futura gobernante con las instituciones de la sociedad civil (colegios profesionales, sindicatos, gremios empresariales, universidades, etc.) la que frenará esa tentación recurrente por el uso de la fuerza (Polo, Pata Amarilla, 19/04/21), pues ya hemos sido testigos expectantes de apoteósicos y mediáticos compromisos firmados que no comprometieron a nadie que haya o no llegado al gobierno; sino que es especialmente la presión y desconfianza manifiesta de la ciudadanía la que enderezará los potenciales desvaríos autoritarios de los cuales tememos en ambas opciones.
De esta manera, la alternativa de elegir por nadie, como lo hemos tratado de demostrar, no solo es viable en ciertas circunstancias políticas como las que se nos presentan en el futuro cercano, sino que es legítima y constructiva desde lo popular teniendo como finalidad la creación y fortalecimiento de una democracia atenta y auténticamente representativa, además de no elitista por la que solamente asistimos a elegir desesperanzadamente cada lustro por el mal menor, pero ahora lo haremos entre dos males, y muy grandes.