Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo del mes de abril, se registran 191 conflictos sociales, 141 activos y 50 latentes. Principalmente son de Loreto, Cusco y Áncash. En este escenario, es necesario que los candidatos presidenciales consideren que al asumir la presidencia tendrán un cuadro difícil, además de la pandemia, en un entorno de conflictividad social.
La conflictividad es un concepto un tanto abstracto y abarca más que el concepto de conflicto. Según Monzon: “La conflictividad como una constante en las relaciones sociales que implica la existencia de condiciones económico-estructurales y psicológico culturales, que hacen que las personas y grupos se comporten de cierta manera particular frente a sus necesidades, intereses y problemas, frente a otros actores” (Monzon, 2012).
Mientras que el conflicto se enfoca en casos específicos, la conflictividad se refiere a la existencia de las condiciones estructurales que hacen que sea proclive un escenario de conflicto. Por otro lado, para Caravedo la conflictividad socioambiental en el Perú está “configurada sobre la gran dificultad estructural […] para mantener equilibrio entre las dimensiones económica, social, ambiental […] institucional” (Caravedo, 2015). Estas condiciones estructurales se basan en el modelo económico y las desigualdades acentuadas (económicas, sociales, políticas o culturales) y la debilidad institucional.
Para Tanaka & otros, la debilidad institucional ha generado “transferencias sin acreditación ni recursos apropiados, y sin un adecuado proceso de reorganización administrativo de gobiernos regionales y locales” (Tanaka, De Echave & otros, 2009). Esta debilidad institucional se refleja en la incapacidad de canalizar las exigencias, causando un desorden en las demandas atendidas. Además, otra condición es la fragmentación de los colectivos sociales, que tengan capacidad de formular demandas y organización.
Es necesario que los actuales candidatos formulen de qué manera tratarán estos posibles escenarios en los que los conflictos socioambientales pueden estallar. Tanto en los espacios en el cual se hace las negociaciones entre la comunidad, las empresas privadas y el Estado, como ente conciliador, como sobre las políticas públicas de prevención para evitar un mayor grado de conflictividad.
Asimismo, la canalización de las demandas sociales es esencial. Pero sin medidas populistas como las que planteó la candidata Keiko Fujimori en el debate en Chota sobre otorgar el 40% del canon minero directamente a la población. Esta medida es populista porque no resuelve el problema de fondo de generar condiciones para que los ciudadanos salgan de la crisis actual. Solo sería un paliativo, pues resuelve el problema de manera muy superficial. Así como la que propone Pedro Castillo al mencionar la estatización de las empresas mineras sin ningún sustento económico y técnico que respalde lo que plantea.
El nuevo gobierno debe asumir este escenario de conflictividad sumado con la pandemia actual. Quien asuma el ejecutivo debe estar preparado para responder ante la crisis de gobernabilidad que se puede acentuar.
Monzon, I. (2012). Conflictividad y conflictos en el marco de la descentralización. Recuperado de: http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-934_es.html
Tanaka, M., De Echave, J., Huber, L., Revesz, B., & Ricard Lanata, X. (2009). Minería y Conflicto Social. Lima: CBC, CIPCA, CIES, IEP.
Caravedo, J. (2015). Diálogo transformativo para el desarrollo sostenible. Recuperado de: http://prodialogo.org.pe/sites/default/files/material/files/tranformacion_de_conflictos.pdf
Esperemos que ambos candidatos, asuman este punto ampliamente, excelentes aporte.
Bien conforme, la conflictividad problema estructural derivado de la inequidad económica, social y también por la debilidad institucionalidad, no avanzamos en la solución de esta problematica. Falta voluntad política para su solución. Gracias a la comentarista por analizar este tema.