Este fin de semana pasó un hecho transcendental en la historia chilena; se dieron cuatro elecciones al mismo tiempo: elección de alcaldes, concejales, gobernadores y la de los miembros de la Convención Constituyente. Pero lo más resaltante es la participación política de los pueblos originarios de Chile. Por primera vez se reserva cupos para que los pueblos originarios tengan representación en la elaboración de la Carta Magna. Han sido reservados 17 escaños de los 155 que redactarán la nueva Constitución.
Según la Ley Indígena 19253, “Los pueblos originarios en Chile son los pueblos descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, y para quienes la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura”.
De acuerdo con el Censo 2017 de Chile, 12,8% de la población efectivamente censada respondió afirmativamente a la pregunta: “¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario?”. De ese porcentaje, el 79,8% se considera perteneciente al pueblo mapuche, 7,2% se considera aymara y 4,1% se considera diaguita. La población más representativa es el pueblo mapuche, que viene a ser 9,9% de la población total efectivamente censada en el país.
A partir del retorno a la democracia, los pueblos originarios de Chile han buscado una mayor reivindicación de sus derechos políticos y sociales. Chile ha tenido varios avances en relación con estos derechos. Como la ratificación en el año 2008 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, donde el Estado chileno reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Así como también, la realización de quince programas sociales como “Manejo y Protección del Patrimonio Cultural Indígena”, “Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas”, entre otros.
De estos quince programas, la mayoría son asistencialistas y sólo uno se enfoca en el aspecto de la participación política: “Proceso Consulta Constituyente Indígena”. Este consiste en un diálogo en el que los integrantes de los pueblos indígenas son consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. Sin embargo, aún no se ven resultados concretos del programa y a partir de los medios de comunicación se evidencia que los pueblos originarios no sienten que sus intereses se velen en las esferas de poder.
La escasa participación política hizo posible que Chile continúen las zonas marrones. Es decir, las zonas donde el Estado no controla el territorio y es más propenso los actos delictivos. El caso más emblemático es el conflicto de La Araucanía, que sigue vigente desde el año 1997. Es una zona latente de conflicto entre los pueblos originarios y el Estado, en el cual hay de por medio un interés económico, social y de violencia. Los pueblos originarios perciben que no velan por sus intereses y no se sienten identificados en la esfera política.
Asimismo, históricamente han sido relegados y estigmatizados por la sociedad chilena, por ejemplo con la afirmación “los mapuches son delincuentes”. Estas aseveraciones discriminatorias no se basan en evidencias, son reflejos de la continua discriminación que esperemos poco a poco se reduzca en Chile. En el año 2017 el estudio del PNUD llamado “Desiguales – Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, reveló un dato muy particular: los apellidos con profesiones prestigiosas versus los apellidos que no se encuentran dentro de estas profesiones. El estudio revela que los apellidos provenientes de la aristocracia castellano-vasca, así como los de origen europeo de la élite chilena pertenecen a las profesiones prestigiosas. Mientras que los apellidos que no están dentro de esas profesiones son de origen mapuche (pueblo originario mayoritario en Chile).
La estructura social en Chile ha sido muy jerarquizada y cerrada, pero estos hechos forman parte de los primeros cambios de la sociedad chilena, por un cierre de brechas entre los pueblos originarios y la sociedad en general, creando una ventana de oportunidad para más derechos y oportunidades para ellos. La medida de reserva de escaños en una elección son formas de discriminación positiva que garantiza la integración de grupos excluidos para que puedan formar parte de cargos efectivos en decisiones de la esfera política. A largo plazo permitirá una mayor participación política y una mayor legitimidad al Estado. Un saludo al pueblo chileno por sus logros para reducir la desigualdad social y aumentar la participación política de sus pueblos originarios, que ha sido dejado de lado por muchas décadas.