En las últimas horas, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori han suscrito la Proclama Ciudadana, un juramento impulsado por diversas instituciones de la sociedad civil. En dicho documento, entre otros puntos, ambos candidatos se han comprometido a “respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa”. ¿Es esto suficiente?
El plan de gobierno de Perú Libre, en su versión original, diagnostica bien que, en el Perú, existe una concentración de medios. Sin embargo, propone remedios poco técnicos, como una ley de regulación de medios, la eliminación de los “programas basura” o una norma sobre publicidad privada que no responde a los problemas de discreción en el otorgamiento de la misma. Para decirlo claro, estas normas suponen una amenaza a la libertad de expresión, lo que se condice, como se vio el domingo último en Panorama, con el hostigamiento sufrido por periodistas en Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón.
De allí que, además de la Proclama Ciudadana y el Compromiso con el Pueblo Peruano que suscribió la semana pasada, Castillo debe ser enfático en señalar que no suscribe estos elementos del plan de gobierno elaborado por su aliado ante de la pandemia y de qué él fuera candidato. Y que tolerará las varias críticas que, sin duda, habría a una gestión suya. A ello se debería sumar una actitud más proactiva ante la prensa y, sobre todo, mayor claridad en sus respuestas hacia el público.
Pero si en el lado de Perú Libre hay fundadas dudas, con el fujimorismo hay pruebas. En el gobierno de Alberto Fujimori, se compró líneas editoriales de la mayor parte de la televisión de señal abierta como de diarios sensacionalistas a través de millones de dólares extraídos del erario público. Los videos filmados por Vladimiro Montesinos dan cuenta de estos tratos y de la forma como el asesor presidencial se convirtió en el principal guionista de lo que veíamos en nuestras pantallas o explorábamos en nuestros kioskos.
Asimismo, se retiró la nacionalidad peruana a un dueño de un canal de televisión que mostró varias denuncias contra el régimen, evento que se tuvo que corregir gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Varios periodistas fueron amenazados, perseguidos mediante demandas judiciales o acotaciones tributarias o difamados abiertamente a través de la prensa adicta al régimen o de páginas web basura en el incipiente Internet peruano.
Pero la responsabilidad no solo es de nuestro último dictador. La bancada de Fuerza Popular apoyó con sus votos la inconstitucional “Ley Mulder” sobre publicidad estatal, como forma de castigo hacia los grupos mediáticos más importantes por las críticas a su actuación parlamentaria. Pero la norma terminó afectando más a los medios más pequeños. Asimismo, congresistas fujimoristas buscaron presentar normas para afectar al Grupo El Comercio que tuvieron que retirarse luego de una llamada de atención del entonces parlamentario Keiko Fujimori.
Y a ello, se suma la autocensura. Como ha detallado bien el director de La República, Gustavo Mohme Seminario, luego de una reunión que Clara Elvira Ospina, directora periodística de América Televisión y Canal N, sostuvo con Keiko Fujimori garantizando su neutralidad en la segunda vuelta, el Grupo El Comercio decidió retirar a la solvente periodista colombiana de su puesto. Un despido que ha hecho recordar lo ocurrido en el GEC durante 2011, cuando despidieron periodistas por no prestarse a hacer campaña a favor de Keiko Fujimori. Un episodio que es recordado con vergüenza por miembros de la familia Miró Quesada y periodistas que pasaron por dicho grupo mediático. ¿Podrán dar una explicación tanto en el GEC, la campaña de la señora Fujimori y sus garantes liberales?