Pandemia Parlamentaria

Pese a que ya se había denegado la tropelía de constituir una comisión parlamentaria que investigue los efectos positivos o negativos del dióxido de cloro y su relación con el COVID-19, la semana pasada se puso a debate un recurso de reconsideración que buscaba que nuevamente se vote aquello que ya había sido rechazado por la mayoría parlamentaria.

La cuestión se puso al voto e increíblemente se aprobó aquello que una semana previa había sido descartado por razones de fondo y forma. Sin perjuicio que el reglamento del Congreso permite la presentación de recursos de reconsideración y que los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo, conforme lo señala el artículo 93° de la Constitución, no puedo dejar de señalar que las decisiones que se toman, más aún desde posiciones de poder, deben tener cierta coherencia cuando menos.

Y es en relación con esto último, que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída sobre el Expediente N° 0006-2017-PI, ha dejado en claro que el proceso de toma de decisiones o de deliberación parlamentaria debe ser traducido en planteamientos políticos y jurídicos que puedan reflejarse en actuaciones estatales como lo es la conformación de una comisión investigadora cuya finalidad y competencia están claramente reglamentadas. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que, en una adecuada deliberación parlamentaria, no son los meros votos los que le dan legitimidad a una decisión y a la entidad que las aprueba. Es decir, no por que algo tenga los votos para su aprobación lo hace legítimo y menos correcto.

Dicho lo anterior, tenemos frente a nosotros dos conceptos políticos importantes y ligados entre sí, desde mi perspectiva. Por un lado, la debida deliberación como acto previo y fundamental para la toma de una decisión parlamentaria y como consecuencia de ello la legitimidad que deriva de ese complejo proceso deliberativo.

Entonces, si revisamos el diario de debates o el video colgado en redes de la sesión en la que se debatió la constitución de la comisión de marras, veremos que se terminó por aprobar la reconsideración de aquello que ya había sido previamente rechazado en función de aseveraciones como que “en otros países” el uso del dióxido de cloro ha dado buenos resultados. Pregunto: ¿Dijeron en qué países? ¿Cuáles son esos buenos resultados? ¿Hay alguna data científica válida o solo es el folleto de los que venden este químico?

Pero, como había evidentes vacíos en los argumentos que se esgrimieron hasta dicho momento, tuvieron que darle visos científicos y de seriedad a lo que se debatía, tuvieron que recurrir a data objetiva e irrefutable y es así como un colega arguyó que la comisión del dióxido de cloro debía ser aprobada porque un trabajador de su despacho le comentó que dicho químico era bueno. Tan objetivo y científico como lo leen.

Y aunque parezca que es una broma de mal gusto, lo real es que este es el emprendedurismo legislativo ajeno a la coherencia que no debiera darse y que le hace daño al país, sobre todo en plena pandemia. Es una pena que no se haya hecho una sola referencia a algún estudio científico sobre la materia o a una opinión de organismos especializados en la materia, ya sea nacional o internacional. Una lástima.

No negaré que hay muy buenas cosas que hemos hecho desde el Parlamento, pero lamentablemente estas decisiones populistas opacan lo primero.

Termino señalando que confío en que pronto nos recuperemos de la pandemia del COVID-19 y de la legislativa también. No obstante, esperaré con angustia el informe final de esta comisión investigadora pro dióxido de cloro que a todas luces busca validar políticamente el uso de aquello que científicamente no encuentra asidero.