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domingo, diciembre 4, 2022

Propuestas para la recuperación y el crecimiento. Economía, pobreza e instituciones

Por Manuel Silva

El Perú ha mantenido un crecimiento económico tras los ochenta y noventa, donde, gracias también a un contexto externo favorable, pudo capitalizar los recursos y lograr una reducción en las tasas de pobreza y pobreza extrema.

Sin embargo, la otra cara del crecimiento, la desigualdad, no ha logrado reducirse tanto como la pobreza, lo que indica que aun existen brechas de acceso a servicios de educación básica y superior, salud y servicios de infraestructura económica y social.

En el siguiente informe, presentaremos algunas rutas o propuestas divididas en tres sectores, planteadas por diversas entidades, a fin de lograr un crecimiento sostenible

 

ECONOMÍA

  1. Búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento sostenible

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe presentado en mayo del presente año titulado “Oportunidades para la recuperación y el crecimiento sostenible y resiliente” propone como un primer punto la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento sostenible.

El estudio señala que es positivo el crecimiento del Perú en los últimos años, uno de los mayores éxitos en la región, y esto se logró gracias a reformas centradas en una mejor participación del sector privado en la provisión de bienes públicos, fortalecimiento de las finanzas públicas, autonomía del Banco Central de Reserva y una apertura comercial y financiera.

Si bien todo lo mencionado logró una reducción en la tasa de pobre al reducirse en casi 30 puntos porcentuales, así como que la clase media pasara a representar el 80 % de la población en 2018, la desigualdad se redujo en menor magnitud. “Tras varios años de crecimiento, la inversión y el crecimiento se han desacelerado. Las limitadas ganancias de productividad desde 1960 no han permitido una convergencia de ingresos a economías de mayor desarrollo”, señala el documento. A esto, se le sumó la pandemia por COVID-19 que, aunque el virus encontró un país en desaceleración, tenía sólidos fundamentos macroeconómicos que permitió diseñar un paquete de apoyo económico (bonos) cercano al 20% del PBI.

Para enfrentar el impacto post Covid-19 y un mejor crecimiento económico, el BID sugiere una estrategia que priorice la búsqueda de nuevos motores de crecimiento a través de inversiones productivas para el cierre de las brechas de infraestructura  social y conómica, propiciar  aumentos  de  productividad  a través  de  la  formalización  laboral  y  el crecimiento  empresarial, maximizar las oportunidades del comercio  exterior, aprovechar   la  oportunidad  de la migración  venezolana y fortalecer  las  instituciones  para  procurar  una  provisión  eficiente  de  bienes  y servicios públicos.

  1. Posicionar a la productividad como motor de desarrollo
    Recogiendo la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Perú, presentada en un reciente informe titulado “Oportunidades para la recuperación y el crecimiento sostenible y resiliente”, uno de las acciones a corto plazo es “proteger el empleo formal y continuar apoyando a los trabajadores vulnerables. En el mediano y largo plazo, acelerar las reformas para reducir la informalidad laboral y avanzar hacia un sistema de aseguramiento social integral”.

Esto debido a que, según el diagnóstico del BID, en el Perú, 3 de 4 trabajadores labora en la informalidad. Ello se asocia a bajos niveles de productividad y escasa protección ante riesgos de pérdida de empleo, enfermedad y pobreza en la vejez. Este sector fue el más golpeado por el confinamiento, y solo los estratos de mayor ingreso pudieron adaptarse mediante el trabajo remoto.

Por la parte de fiscalización, el organismo señala que “el alcance de la fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es limitado. Después de 2017 solo 20,000 empresas fueron inspeccionadas, cuando las microempresas son 3,7 millones”. Asimismo, que “la estrategia de formalización no necesariamente promueve el crecimiento de las firmas, más del   90%   de   empresas   se encuentra en algún régimen tributario simplificado.  Además, el registro en SUNAT no necesariamente garantiza el acceso a financiamiento, pues solo el 6% de las MIPYME registradas en la SUNAT lo están también en el sistema financiero y el 45% de las microempresas enfrenta algún tipo de restricción de acceso al crédito.

A sus propuestas, se suma la de promover una oferta educativa superior de calidad, inclusiva y adaptada a los retos post covid-19; y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura, al tiempo que se cierran las brechas de cobertura.

  1. Propuestas del Bicentenario: 9 ejes temáticos para impulsar la economía

El proyecto Propuestas del Bicentenario, plan desarrollado por diversos expertos del grupo Videnza, plantea medidas concretas para el bienestar económico de los peruanos con miras en el contexto de las elecciones de este año. Para el director del Grupo Videnza y ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, entre los 9 ejes temáticos considera que la reactivación económica es fundamental para impulsar la cobertura de protección social y generar recursos necesarios para que esta sea sostenible en le tiempo y bridar servicios de calidad.

Reactivación económica, inversiones que generen empleo productivo en ciudadanos. Lograr un crecimiento económico de 5% a 6% anual, un aumento de la inversión de 7% a 8% por año. Además, lograr que 3 millones de peruanos salgan de la pobreza con la creación de 2 millones de puestos de trabajo; empleo, formalización y protección social; salud desde la prevención y los cuidados médicos cercanos, cambiar el enfoque de la política de salud hacia la prevención y el cuidado médico temprano, con acceso oportuno y de calidad desde el primer nivel de atención ambulatoria; educación para la empleabilidad; gestión sostenible de recursos naturales; recursos hídricos y su eficiente aprovechamiento, se propone fortalecer a la Autoridad Nacional del Agua, ampliar la infraestructura de almacenamiento, regulación y distribución, y formalizar las licencias de uso en el sector; agua y saneamiento de calidad,  mejorar la calidad del agua que reciben los ciudadanos y que se disponga de ella de manera continua. Para ello, se propone la transformación del modelo de gestión del agua y saneamiento en el país; gestión pública eficiente para mejores servicios, transformación del servicio civil, la mejora de la gestión de las finanzas públicas y la modernización de los procesos administrativos; reforma tributaria, incrementar los ingresos fiscales permanentes mediante una reforma tributaria sin desincentivar la inversión privada o la formalización de la economía, y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas preservando la calificación crediticia del país.

 

POBREZA

  1. Mayor atención a las vulnerabilidades

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su estudio para el Perú “Vulnerabilidades, más allá de la Pobreza”, publicado en mayo del 2020, señala que para el caso peruano resulta pertinente asumir que la población vulnerable no pobre monetariamente, sí lo es desde el enfoque multidimensional. Bajo ese supuesto cabe aplicar también a la realidad peruana el análisis integrado que relaciona pobreza monetaria con pobreza no monetaria, las cuales se incluye las categorías de: pobreza crónica (hogares con pobreza y una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI); pobreza reciente (hogares con pobreza monetaria y sin NBI; privaciones estructurales (hogares no pobres monetarios, con una o más NBI).

“Esta última categoría es la que puede asimilarse en nuestro país para una primera identificación de población vulnerable. De este modo se estaría evitando lo que la literatura denomina discrepancia de exclusión, en referencia a la proporción de personas que, siendo multidimensionalmente pobres no son identificadas como pobres cuando se considera el ingreso”, precisa el informe.

Este informe arroja cifras de vulnerabilidad donde alrededor de 5.8 millones de hogares son vulnerables (65%), es decir, registran por lo menos un tipo de vulnerabilidad. Ello implica que 6 de cada 10 hogares en el Perú son vulnerable. El total de hogares en el país ascendió en el 2018 a un total de 9,009,968.

El tipo de vulnerabilidad más frecuente es la vulnerabilidad laboral (34.3%) seguida de la vulnerabilidad financiera (30.1%) y en tercer lugar la vulnerabilidad alimentaria (21.2%).

En referencia a las propuestas de acción, este organismo las divide en 2 fases, iniciando con la etapa de levantamiento gradual de las restricciones, donde los objetivos se deben centrar en “proporcionar ingresos de emergencia a los hogares y evitar el quiebre de las empresas que concentran el 64% del empleo formal del país”. En la etapa de recuperación, se dan propuestas en diversas áreas; respecto a los instrumentos para el diseño de políticas, “se debe evaluar el impacto del Covid-19 sobre los hogares peruanos y su situación de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta la complejidad de esta tarea y, al mismo tiempo, las capacidades y experiencia técnica requeridas, tal esfuerzo debiera estar encabezado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con el apoyo de otros sectores del gobierno nacional y contribuciones técnicas y metodológicas de diversas Agencias del Sistema de Naciones Unidas”.

Sobre la vulnerabilidad alimentaria, “se debe otorgar efectiva prioridad y prestar atención y seguimiento a la vulnerabilidad alimentaria o déficit calórico que se ha convertido en un problema estructural que afecta a más del 20% de los hogares peruanos desde hace más de una década”. Al respecto, no puede perderse de vista que la prolongada incidencia del déficit calórico puede desencadenar en los miembros más vulnerables de los hogares (niños, principalmente) cuadros de anemia y desnutrición. Sin embargo, a pesar de la magnitud que ha adquirido en el país, esta carencia ha permanecido en una ubicación relativamente marginal, tanto en las políticas públicas como en las actividades estadísticas

Como punto final se encuentra la vulnerabilidad hídrica, donde se sugiere que la vulnerabilidad hídrica a nivel de hogares debiera merecer igualmente la máxima atención. “Asumiendo que en la etapa post Covid-19 estará en el centro del debate y la agenda nacional la reforma a fondo del sistema de salud pública para prevenir y hacer frente a cualquier otro episodio de epidemia o pandemia, deberá tenerse en cuenta que el acceso al agua en los hogares es también un factor esencial de la salud pública. Una tarea absolutamente prioritaria será entonces el diseño de un programa destinado al acceso universal al agua y saneamiento en los hogares peruanos”, concluye el informe.

 

  1. Una alimentación que derrote la desigualdad

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford lanzaron en el 2020 la actualización de la medición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que mira más allá de los ingresos para comprender cómo las personas experimentan la pobreza identificando cómo es que están quedando rezagadas en tres dimensiones del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida. El IPM, que analiza 105 países y abarca casi las tres cuartas parte de la población mundial, incluye 10 indicadores entre los cuales se encuentran la nutrición adecuada, el acceso a agua potable y a educación primaria.

Como se aprecia en el gráfico del IPM, el 12. 4 % de la población es multidimensionalmente pobre y, según el IPM, el 5.4 % presenta carencias nutricionales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (complementando las acciones ya presentadas en el punto 3 de esta nota), sugiere continuar con programas como Qali Warma, el cual juega un rol importante en la nutrición escolar garantizando el servicio alimentario de calidad durante todos los días del año escolar y en cogestión con los padres, las madres y los profesores. De esta manera, el programa alinea sus esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la erradicación de la pobreza y la desigualdad, sin dejar a nadie atrás.

“El PNUD, apoyando al Programa Qali Warma, equipa con cocinas a las instituciones educativas más pobres y alejadas a nivel nacional junto con la provisión de capacitaciones y asistencia técnica para garantizar su buena utilizaciónLa alianza entre el MIDIS y PNUD Perú ha facilitado la implementación de cocinas GLP en alrededor de 25,000 instituciones educativas y cocinas mejoradas institucionales portátiles a leña en 8,700 instituciones educativas desde el 2013 y ha permitido brindar una alimentación de calidad a más de 500 mil niños y niñas en edad escolar”.

Estas cocinas mejoran las condiciones de salud de las personas que preparan los alimentos, reducen riesgos y brindan alimentos saludables y nutritivos a los niños y niñas atendidos por el Programa Qali Warma.

 

3.Reducción de la pobreza en cuatro ejes

Según una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentada en el evento “Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor Gobierno”, propone recomendaciones al Gobierno para una agenda rumbo al 2026 centrada en cuatro ejes.

Institucional. El primer eje incluye cuatro acciones, garantizar el compromiso, al más alto nivel del Ejecutivo, con la agenda de superación de la pobreza, donde se propone relanzar la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), estableciendo un espacio de coordinación ejecutivo permanente con presencia de la PCM, MIDIS y MEF.

Fortalecer el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS); aprobar una nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social; mejorar los sistemas de información sobre hogares pues es indispensable contar con un padrón nacional de hogares nominal, actualizado y digitalizado; y aprobar una estrategia de protección social adaptativa que se active en respuesta a emergencias y desastres.

Articulación. Se propone lanzar una cruzada nacional para la reactivación social, generar una plataforma de valor compartido público-privada para la protección social, esto pues se requiere desarrollar un marco regulatorio, renovar los esquemas de obras por impuestos y vincular la responsabilidad social corporativa con objetivos de política pública.

Efectividad y la calidad de los programas sociales. En este punto, el estudio propone mejorar en los programas de FONCODES, mejorando el acceso a mercados y sostenibilidad de los emprendimientos productivos; Programa Juntos, implementando transferencias monetarias diferenciadas como respuesta al incremento de la pobreza infantil; Cuna Más, ampliando la cobertura del servicio de cuidado diurno, así como mejorar las capacidades de los facilitadores que brindan el servicio de atención familiar en zonas rurales; así como para Pensión 65, Qali Warma, Contigo, Programa PAIS.

Innovación. En este eje se propone realizar acciones enfocadas en: hambre (comedores populares, ollas comunes y comités de Vaso de Leche; empleo (desarrollar habilidades de empleabilidad); etnicidad y cultura (priorizar la soberanía alimentaria, saberes ancestrales y protección de territorios de las organizaciones indígenas); género (mecanismos para fortalecer las capacidades de liderazgo y prevención de violencia de las mujeres).

 

INSTITUCIONES

  1. Fortalecimiento de las instituciones para un gobierno más eficiente

Para el mismo informe del IBD, si bien existe una reducción en la desnutrición crónica, esta sigue siendo elevada en las zonas rurales (20 %) y solo el 74 % de los menores de 36  meses cuentan con todas las vacunas; además, si bien existe una mejora en la calidad básica de educación en el País – para este último caso-, los logros son desiguales pues, recogiendo los datos de la prueba PISA 2018, donde el Perú mejoro su nivel en la región, en las zonas rurales los puntajes fueron entre 73, 86 y 68 inferior a lo de las zonas urbanas en matemáticas, lectura y ciencias, respectivamente. Asimismo, el IBD alerta de una falta de docentes en número y calificación (en 2017, el 70 % de vacantes quedaron sin cubrir y solo el 10 % aprobó la Prueba Única Nacional).

Señaló, además, que la baja capacidad recaudatoria limita la adecuada provisión de servicios públicos, lo que se ve reflejado en un sistema de salud con una cobertura nominal elevada y en una necesaria preparación para aumentar la capacidad del sistema educativo público. Y, a fines de ejecución, “se deben corregir las ineficiencias del gasto público y lograr una ejecución eficiente de la inversión pública, la cual será crucial para la recuperación”.

 Mejorar la inversión en infraestructura pública y privada

El documento propuesto desde el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, México), publicado a finales de enero del presente año, diagnosticó que la inversión en infraestructura pública y privada en los países de la Alianza «sigue siendo deficitaria».

En el Perú, según reza el documento, «cerrar la brecha de infraestructura productiva requiere una inversión anual de entre 2,1% y 2,6% del PIB, por los próximos 20 años».

El Consejo indica que  «en los países de la Alianza es bastante usual apreciar que, desde que un Gobierno decide impulsar una obra pública y hasta que ésta se materializa -sea por el mecanismo de obras públicas directas o vía concesiones-, transcurren más años que los deseables y necesarios, mediando plazos extraordinariamente excesivos».
Ante eso, proponen avanzar en la creación de una institucionalidad que permita contar con un Plan Nacional de Infraestructura Estratégica (PNIE) para cada país del bloque, que priorice y ordene la cartera de proyectos a nivel nacional, regional y departamental; y que cuente con una visión integral de largo plazo.

También proponen avanzar en la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura, inspirada en la experiencia neozelandesa, que se constituya como asesora de la autoridad. «Necesariamente debe tener un horizonte mayor que ese. Se debe promover la inversión en infraestructura de carácter sostenible, que contemple la ejecución y operación en cumplimiento con los estándares ambientales”.

 

  1. Definir, priorizar y monitorear objetivos

Según el diagnostico del equipo Perú Debate 2021, desde el 2018, el gobierno está obligado a aprobar una Política General de Gobierno que identifique ejes y lineamientos. Sin embargo, su aprobación no condice con su cumplimiento. Actualmente, se carece de un área encargada de definir prioridades.

Además, El CEPLAN, que podría contribuir a este ejercicio, está alejado de la toma de decisiones. El Consejo de Coordinación Viceministerial, por su parte, permite la articulación, pero no es un espacio que persiga este fin.

Ante ello, “se propone la creación de un Viceministerio de Coordinación y Objetivos de Gobierno (VCO), que defina objetivos prioritarios realizables para orientar la acción coordinada del gobierno a su cumplimiento. Esto permite incidir en sectores para definir políticas que coadyuven al resultado final y realizar seguimiento para identificar entrampamientos y áreas de mejora”.

La idea, según proponen, es que la función de definición y priorización de objetivos esté en el núcleo de toma de decisiones del gobierno y que se visibilice en los instrumentos de planificación, de la mano del CEPLAN. El reto del VCO es pasar a una coordinación vertical y horizontal activa.

“Por ejemplo, una política de aprendizaje educativo requiere de la participación del MINEDU, el MIDIS, el MINSA, el MEF y hasta el MTC, pero también de los gobiernos subnacionales, quienes pueden adoptar las políticas al área de intervención. El VCO albergaría áreas funcionales de la PCM que se encuentren dispersas para optimizar su funcionamiento”, indica el documento.

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