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domingo, diciembre 4, 2022

Seis propuestas sobre el problema del canon

Por Manuel Silva

Tras el debate en Chota entre el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, esta planteó un cambio a la forma de distribución del canon minero, que fue el inicio de un debate sobre al modelo de obtención y distribución del canon, principalmente minero. Más allá del análisis realizado a la propuesta de Fujimori, que se puede encontrar también en el informe “Carnaval populista en Chota”, presentamos otras reflexiones planteadas para un mejor uso del canon. En este misma edición de Pata Amarilla el economista Luis Arias Minaya, con un largo conocimiento del canon, se explaya en una de ellas.

Mejor gobernanza del sector extractivo

Según el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales 2017, elaborado por la ONG Grupo Propuesta Ciudadana y Natural Resource Governance Institute, que mide la extracción de valor (gobernanza de las concesiones de derechos de extracción, protección medioambiental, la recaudación de ingresos públicos y empresas estatales); gestión de ingresos y condiciones de gobernabilidad, el Perú se encuentra en el puesto n° 16 de 81 países con una calificación satisfactorios. Sin embargo, existen aspectos relacionados a la gobernanza que Grupo Propuesta Ciudadana considera mejorar como es el bajo grado de implementación, el incumplimiento de los planes de cierre de minas y problemas de reasentamiento de poblaciones impactadas por las industrias extractivas, además de una falta de información sobre los propietarios reales de las empresas mineras e intereses de funcionarios públicos en estas empresas. La ONG añade que no existen condiciones previas a la entrega de concesiones pues estas se dan a través de un procedimiento administrativo casi automático y sin evaluar las concesiones. Asimismo, falta un portal integrado de información sobre el sector minero que ofrezca datos desde el otorgamiento de concesiones, producción, tributación, transferencia del canon, gastos sociales y ambientales y su impacto.

Regalías “ad valorem” e impuesto sobre la renta de recursos naturales

José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y responsable del programa de incidencias e investigación de la ONG CopperAccion, plantea dos propuestas de reforma del régimen contributivo del sector minero. El primero, las regalías “ad valorem”; según indicó Echave para una revista local, “a diferencia de la regalía vigente en el país, que se aplica sobre la utilidad operativa, la regalía ad valorem se aplica sobre el valor de producción o ventas”. Esta regalía tendría mayores ventajas pues es más predictiva y transparente “debido a que se calcula sobre el valor de la producción o ventas” e “impide que las empresas puedan reducir su pago mediante el incremento de los costos deducibles, tal como puede suceder con el actual régimen de regalías, que se aplica sobre la utilidad operativa. La ventaja de generar ingresos públicos desde el comienzo de la producción y además permite compensar, en parte, la ausencia de pago de impuesto a la renta y transferencia de canon durante los primeros años de operaciones”.

El impuesto sobre la renta de recursos naturales busca generar una mayor recaudación durante los ciclos de mayor rentabilidad. Esto, según indica, “es una variante de los impuestos sobre las rentas puras y se aplica cuando se supera un ratio, umbral o tasa de retorno mínima de la inversión y su aplicación, conjeturan, ya no justificaría la vigencia del IEM”.

Entrega del 40 % del canon minero a la población

La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, planteó entregar directamente a la población el 40 % de canon a la población de las regiones que reciben estos recursos.

Según comentó el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, en entrevista a un medio local, refiriéndose al factor técnico, lo consideró como una medida posible. Sin embargo, señaló que destinar directamente un monto del canon a las personas involucraría retirarles el canon a otras instituciones y los gobiernos regionales contarían con menor presupuesto.

Al respecto, el economista Luis Arias Minaya considera que, en parte, esto sería renunciar al rol del Estado y “privatice” los impuestos entregando dinero en efectivo a la ciudadanía a la que no hemos podido resolver sus condiciones básicas de vida.

Calidad de gasto público en las comunidades

Luis Arias Minaya en su columna “La renta minera” alerta que el problema actual ya no es de capacidad de gasto, sino de calidad de gasto público, “no hay una estrategia de desarrollo sostenible de las comunidades, no se han cerrado las brechas básicas de vivienda, agua, desagüe, electricidad”.

Además, comenta que se han efectuado gastos en la construcción de colegios y postas cuando estas no eran competencia de los gobiernos locales, lo que provocado la existencia de “elefantes blancos”, colegios donde no hay maestros y postas sin médicos. “Se han desperdiciado recursos con proyectos incompletos en donde, además, ha habido mucha corrupción”.

Es por ello que Minaya sugiere no deshacernos del modelo actual ni mantenerlo tal cual, sino proponer cambios para una mejora sustantiva en la calidad de gasto público en las comunidades y que esta debe venir desde el gobierno central.

“Una opción es la de empaquetar proyectos de saneamiento, agua, mejora de vivienda, caminos rurales y conectividad. El financiamiento de estos proyectos debe estar a cargo de los tres niveles de gobierno, la licitación a cargo del gobierno central y la supervisión de la ejecución de obras a cargo de los gobiernos regionales y locales… Debemos optar por el camino de construir un mejor Estado que resuelva los problemas de la ciudadanía”. (Ver también el artículo Los mitos del canon minero de Luis Arias Minaya).

Mejor distribución y uso del canon minero

Según indica Humberto Campodónico en el 2014, en el Perú estamos muy atrasados en el uso de las rentas provenientes de las industrias extractivas. No se está captando los ingresos que deberíamos pues no se ha aplicado un correcto impuesto a las sobre ganancias mineras y petroleras. Asimismo, señala que en nuestro país todo el canon petrolero y minero se gasta de inmediato, sin guardar los recursos, por lo que debe discutirse qué porcentaje del canon puede alimentar un fondo intergeneracional o fondo de estabilización macroeconómica.

Además, precisa que el canon minero solo va a las regiones y municipios de donde se extrae el recurso, “urge una distribución que beneficie a todos los peruanos, porque los recursos naturales son de la Nación”. De esa manera, comenta, se combate la idea de que los recursos son propios y no se deben compartir.

Campodónico añade que el canon minero y petrolero está mal distribuido dentro de las regiones, municipios y distritos y que existe una tendencia internacional hacia le uso del canon para la mejora del capital humano, modelo que debería adoptar el Perú.

Entre los puntos finales, plantea mejorar el planeamiento y calidad de gasto del canon minero y petrolero, y la implementación de dispositivos legales que exijan la realización de estudios de impacto económico, social y ambiental de la renta minera y petrolera de distribución descentralizada.

Propuesta legislativa: redistribución equitativa del canon minero

Con la premisa de que en el Perú no existe una distribución equitativa del canon y esta produce que los gobiernos locales no puedan gastar estos recursos de manera adecuada y eficiente, el entonces congresista Modesto Julca (2011-2016), planteó la distribución del canon minero otorgando el 10% del canon a los gobiernos locales de las municipalidades donde se explota el recurso, el 5 % a los gobiernos locales de las municipalidades que se encuentran en el área de influencia del recurso natural explotado, el 20 % a los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso natural, el 40 % a los gobiernos locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso natural, el 20 % para los gobiernos regionales donde se explota el canon y el 5 % para las universidades públicas de la circunspección departamental donde se explota el recurso natural.

 

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