Por Alejandra Castillo
Los sucesos de la crisis política y social en Colombia que se ha llevado la vida de por lo menos 24 personas me hicieron recordar el episodio triste que quedará en nuestra historia nacional: la muerte de dos jóvenes en la crisis política de noviembre de 2020, por movilizarse contra las acciones ilegítimas del Congreso actual.
Esto nos lleva a la reflexión sobre los sistemas políticos que se instauraron en Latinoamérica. ¿Realmente nos representan? ¿Podemos ejercer plenamente nuestra ciudadanía?
A partir del retorno de la democracia en el Perú, hemos instaurado un sistema que nos ha brindado cierta estabilidad en comparación de nuestra situación política y económica del siglo anterior. Sin embargo, no hemos podido superar los males endémicos de la Nación, tales como la pobreza, el acceso a la educación, la desnutrición, entre otros. Sí hubo avances, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Estos problemas públicos que viven una mayoría de ciudadanos conllevan la limitación de su desarrollo, el aumento de la desigualdad social y generación del descontento social.
A ello se suma la cuestión de la representación política y la gestión pública involucradas en las redes de corrupción que finalmente generan desconfianza y un ciclo de resistencia a la política. En este sentido, el ejercicio de nuestra ciudadanía por la vía institucional queda como un saludo a la bandera. Los incentivos para ejercer una participación activa en la política prácticamente se tornan nulos y sólo queda una participación de modo inactiva a través del sufragio electoral que se da cada período de tiempo.
Es así como se genera una bomba de tiempo por la ilegitimidad generalizada del sistema político. Esta bomba puede explotar por una circunstancia que no estaba prevista como desencadenante, como ha sucedido en Chile, Perú y recientemente en Colombia. Se torna urgente un cambio de paradigma de las personas que se ubican dentro del poder político y también para los que próximamente van a asumirlo, tanto luego de las elecciones presidenciales, como las elecciones regionales y locales que se encuentran próximas.
Este cambio de paradigma va más allá de la ideología política que pregona un partido político; se trata de un paradigma que tenga al ciudadano como objetivo principal para generar condiciones económicas, sociales e incluso políticas, y en el cual las personas se sientan representadas con la necesaria cuota de legitimidad del aparato del Estado. Se torna urgente un cambio de paradigma de las personas que se ubican dentro del poder político El statu quo actual excluye a grupos que se sienten no representados y olvidados por el Estado.
Asimismo, no solo está en juego la estabilidad del país, sino también la confianza de los ciudadanos en la democracia cuya reflexión es ¿realmente el sistema democrático sirve? La democracia es un espacio en crisis si no resuelven estos problemas de fondo. Es por ello la necesidad de un Estado que vele por el bienestar social y económico del territorio, que busque el bienestar del mayor número de peruanos y no sólo de unos cuantos. En eso reside la cuestión de la legitimidad al sistema político.
Como señaló Seymour Lipset y aún tiene vigencia, “la legitimidad implica la capacidad de un sistema político para generar y mantener la convicción de que las instituciones políticas existentes son las más convenientes o apropiadas para la sociedad y el nivel de legitimidad depende, en gran medida, de los medios con que se hayan resuelto los temas clave que hayan dividido históricamente a esa sociedad” (1959).