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sábado, diciembre 3, 2022

El estado solidario, articulado y sostenible

La pandemia del COVID 19 y sus variantes colocarán al mundo y la humanidad en un retorno a una nueva cotidianidad, que en actitud preventiva tendrá que empezar a convivir con pestes o nuevos virus biológicos que aparecerán en esta degradación ambiental y climática en que el hombre parece estar empeñado.

Esta realidad obliga a preparar o acondicionar a los Estados a ser preventivos, previsibles, eficaces y solidarios. En el Perú, tenemos que pasar de ser un Estado reactivo a uno solidario, articulado y sostenible.

La primera ocurrencia electoral cuando se enteran que la información y el desarrollo científico son las armas principales para enfrentar la guerra biológica es proponer la creación de un Ministerio de la Ciencia, como respuesta pública que como por arte de magia solucionaría temas pendientes como el Estado compartamentalizado que no permite o demora en, por ejemplo, compartir o usar la información transversal de todo el aparato público y de los ciudadanos (usuarios o administrados) que se relacionan con cada parte de la administración pública. La extrema demora en entregar bonos solidarios por la emergencia sanitaria y ubicar a los beneficiados es una muestra de ello.

En el imaginario de los que resuelven todo con la creación de algo que no existe como un ministerio aparece que con ello habrá mayor presupuesto y recursos extraordinarios para esta nueva tarea y las políticas que debe afrontar. En realidad, un nuevo ministerio, presupuestal e institucionalmente nace de las partes que se en encuentran en el Estado y que aglutinan alrededor de un nuevo portafolio. En un ministerio de la Ciencia, CONCYTEC saldría del sector Educación, con su personal y recursos hacía este nuevo pliego. A los cuales se sumarían institutos especializados e investigación de diversos sectores.

Así ocurrió cuando con la creación del MIDIS en agosto de 2011, cuyo pliego se sustenta en el traspaso de los programas sociales que tenía el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y pasaron a formar parte del nuevo pliego de desarrollo e inclusión social y el Ministerio de la Mujer dejó se ser de Desarrollo Social para pasar a ser también el de poblaciones vulnerables. Clasificación poco clara porque ¿las poblaciones vulnerables no deberían ser atendidas desde el MIDIS?

La política o el Estado reactivo no es el mejor consejero para solucionar problemas públicos, sino establecer las causas de estos y proponer cuál es la mejor estrategia y acción para afrontar o solucionarlo

Un elemento principal en un Estado previsible y solidario es la planificación o la planeación prospectiva de escenarios futuros o “futuribles” deseables o posibles y como enfrentarlos. Ello implica que podamos avanzar de una planificación desde el gasto público como la que se procesa todos los años con el MEF, donde te asignan techos presupuestales y lo más importante es la ejecución presupuestal al 100% antes que metas o resultados en los territorios.

Quizá convenga en recuperar la Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) promulgada el año 2005 en el gobierno de Toledo, donde se planteaba en la sexta disposición complementaria que el CEPLAN asume las funciones relacionadas al planeamiento estratégico y evaluación que cumple la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF y las de seguimiento y evaluación estratégica del Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Luego, el 2008, en el gobierno de García, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se pone en funcionamiento el CEPLAN, pero se le deja sin esta prerrogativa, y se mantiene una asignación presupuestal y un planeamiento en función del gasto público de carácter inercial.

Un Estado solidario y sostenible tiene que ser eficiente y eficaz en su gestión y estar presente en el territorio nacional. Con ese fin se aprobó la descentralización, hace casi 20 años, creando tres niveles de gobierno y estableciendo el carácter subsidiario de que la autoridad política más cerca del ciudadano aborde el problema público.

En teoría, si se cumpliera la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además de las competencias exclusivas del gobierno nacional, en las de carácter compartido tendría que diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales de cumplimiento obligatorio en todos los niveles de gobierno. No ocurre necesariamente cuando dos tercios del presupuesto público sigue en ejercicio del gobierno nacional y el otro tercio se distribuye entre los gobiernos regionales. Hecho que provoca en más de un caso yuxtaposición y duplicidad de funciones y de actividades entre el gobierno nacional y los subnacionales.

La transitoriedad de casi dos décadas de los gobiernos regionales que debían constituirse en macroregiones ocasiona que a estos gobiernos departamentales se los trate con ese carácter y desconfianza. Es imperativo resolver este cuello de botella, o fortalecemos como señala el Banco Mundial los gobiernos regionales departamentales porque no será posible constituir regiones o avanzamos en la constitución de las mismas.

Finalmente, una institución central para un funcionamiento articulado del Estado peruano es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que es responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo y establecer las relaciones con los Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil; además de dirigir el proceso de descentralización y supervisar sus avances en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

Para cumplir con su misión tanto constitucional como normativamente a la PCM se le han asignado dientes que aparentan morder, pero como son dientes de leche, se caen en el esfuerzo. Es una entidad que tiene grandes fauces, pero dientes de leche casi inexistentes que no le permiten adecuadamente obligar a rendir cuentas y fiscalizar el cumplimiento de acuerdos multisectoriales o de los compromisos sectoriales de las actas de mesas de diálogo. 

Constitucionalmente la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Por esta razón, no hay una preeminencia jerárquica de la PCM sobre el resto de sectores nacionales, por lo que, lo central de la gestión de a PCM es la vocería nacional que el Presidente de la República le alcanza y el establecimiento de coordinaciones intersectoriales, interinstitucionales e intergubernamentales, buscando resolver los problemas públicos.

Junto con la emergencia sanitaria, hay una agenda institucional por abordar en el futuro inmediato en el país si queremos avanzar en un Estado solidario, articulado y sostenible.

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