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domingo, octubre 17, 2021

No confío en la Cuestión de Confianza

Hemos sido testigos de acontecimientos importantes en la vida política del país, que suelen repetirse como una suerte de recurrencia histórica, no siempre agradable, por supuesto.

Uno de ellos es la modificación inconstitucional por el Congreso del que fui parte de la Cuestión de Confianza, a efectos de imponerle límites[1], generando una crisis política con dos presidentes destituidos y cierre del Congreso.

Hoy en medio de la marea electoral, hemos asistido a un intento felizmente fallido del actual Congreso por aprobar una reforma constitucional que nuevamente pretendía “regular la cuestión de confianza”.

Sin embargo, la perseverancia legislativa nos trae otra iniciativa que busca interpretar la Constitución con el mismo fin. Esto nos recuerda el año 1996 cuando presenciamos la tristemente célebre Ley de interpretación auténtica del artículo 112 para reelegir al Sr. Fujimori.

Por lo que, ante la reincidente equivocación de nuestros legisladores, debemos recordar los criterios ya esbozados en dos sentencias del Tribunal Constitucional del por qué NO se puede introducir una reforma Constitucional que limite la Cuestión de Confianza y lo que es más la la imposibilidad que se le interprete.

La obsesiva o persistente posición de las mayorías de los dos últimos Congresos respecto a la Cuestión de Confianza parte de dos criterios a nuestro entender erróneos: primero el temor de la disolución y segundo la conceptualización de la separación de poderes como un principio que remarca una división absoluta de funciones sin que un poder pueda “interferir” en las del otro.

Eso no es así; llegar a una medida como la disolución constitucional es recurrir a una decisión en casos extremos de insostenible convivencia democrática entre poderes. Y pensar en una separación estricta de poderes tampoco es posible, pues el criterio del Constituyente fue precisamente establecer un balance de poderes y mecanismos de colaboración y limitación entre ellos, como obviamente lo son por ejemplo, la delegación de facultades legislativas y la participación de los ministros en las sesiones Pleno.

La Cuestión de Confianza es precisamente una de las prerrogativas de la que goza el Poder Ejecutivo para equilibrar la balanza frente al Legislativo, y sus facultades de censura e interpelación. El propio Tribunal constitucional en el fundamento 49 de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley aprobada en el Congreso en el año 2018, señaló que introducir modificaciones a la cuestión de confianza para limitarla es atentar contra los límites materiales que tiene la Constitución, contra el núcleo duro de la misma, y forma parte de este núcleo precisamente la separación de poderes. “… Con base en este rasgo de identidad de nuestro constitucionalismo, este Tribunal ha expresado, de manera categórica, que lo concerniente a la «separación de poderes» y al «régimen político» diseñado por la Constitución es un límite para su reforma por ser parte de una especie de «núcleo duro», conformado por aquellos valores y principios básicos que dan identidad a nuestro texto constitucional.”[2]

 

Aún as, se insiste en establecer parámetros a la Cuestión de Confianza. Muestra de dicha terquedad legislativa es el reciente proyecto de ley presentado por el Congresista Valdez para interpretar el artículo 132 de la Constitución, de tal forma que se entienda que el Poder Ejecutivo no pueda plantearla para presentar iniciativas de reforma constitucional.

Al respecto, preguntamos, ¿tiene el Legislativo potestad de interpretar la Constitución?, ¿se puede establecer, vía interpretación, límites a la Cuestión de Confianza?

Sobre lo primero resulta relevante la cita a Ignacio De Otto que hace el Tribunal Constitucional en el Fundamento 42 de la sentencia 006/2018 “Para este Tribunal Constitucional, en un Estado democrático de derecho, el legislador está sometido a los límites que le señala la Constitución”, por lo que «no puede lícitamente adoptar en forma de ley cualquier decisión sobre cualquier materia: algunas le están vedadas y en las restantes no puede disponer como quiera.”

Uno de estos límites está en el artículo 102 inciso 1, al señalar que: “Son atribuciones del Congreso: 1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Así pues, el Congreso tiene facultad de intérprete pero de la ley y resoluciones legislativas, no de la Constitución. Es el Tribunal Constitucional quien en uso de su facultad de control de la constitucionalidad la interpreta.

En consecuencia, cualquier intento de modificar la Constitución atribuyéndose la facultad de interpretación de la misma no es constitucional. Además de ello el Congreso debe entender que la Cuestión de Confianza, como lo señala la jurisprudencia del Tribunal (sentencia 006/2018, fundamentos 75 y 76), no depende de la existencia de un supuesto específico establecido constitucionalmente, sino de la voluntad y finalidad política del Gobierno “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”,  precisamente para garantizar el equilibrio o contrapeso entre poderes, por lo que “las restricciones a dicha facultad introducidas por la norma impugnada vulnerarían el principio de balance entre poderes, que es un rasgo de identidad de nuestra forma de gobierno, el cual no puede ser alterado ni aún vía reforma constitucional sin quebrantar la separación de poderes (artículo 43 de la Constitución).”

Concluyendo, qué importante sería que los legisladores se tomen la molestia de consultar las fuentes del derecho tanto en aras de la calidad legislativa como del ahorro procesal constitucional.

[1] Señalaba la modificatoria que:

Si el Congreso rechaza la cuestión de confianza formulada por el Presidente del Consejo de Ministros, el nuevo gabinete deberá estar integrado por nuevos ministros, no pudiendo ser incluido en este ningún ministro del gabinete anterior.

Si se incumple con designar un gabinete absolutamente renovado, el rechazo de la cuestión de confianza no cuenta a efectos de la figura del cierre constitucional del Congreso previsto en el artículo 134 de la Constitución.

El Presidente del Consejo de Ministros no puede hacer cuestión de confianza respecto de la aprobación de una ley ni de un procedimiento de control parlamentario, como una interpelación o censura de un ministro.

[2] Sentencia 006/2018, fundamento 49 “Aunque toda Constitución se caracteriza por ser un cuerpo normativo integral, donde cada disposición cumple un determinado rol, ciertas cláusulas asumen una función que resulta mucho más vital u omnicomprensiva que las del resto. Se trata de aquellos valores materiales y principios fundamentales que dan identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional (la primacía de la persona, la dignidad, la vida, la igualdad, el Estado de Derecho, la separación de poderes, etc.). Sin ellos, la Constitución sería un texto formalmente supremo pero, en cambio, materialmente vacío de sentido (Sentencia 0014-2002-Al, fundamento 75).

Los límites materiales [a la reforma constitucional] están constituidos por aquellos principios supremos del ordenamiento constitucional que no pueden ser tocados por la obra del poder reformador de la Constitución […].

[Los]límites materiales implícitos, son aquellos principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser modificados, aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma, ya que una modificación que los alcance sencillamente implicaría la «destrucción» de la Constitución. Tales son los casos de los principios referidos a la dignidad del hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho, forma republicana de gobierno y, en general, régimen político y forma de Estado (Sentencia 0014-2002-A)”

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