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sábado, diciembre 3, 2022

PNUD, Latinoamérica bajo la desigualdad, concentración económica y la violencia

Por Manuel Silva

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha publicado el informe Atrapados: “Alta Desigualdad Y Bajo Crecimiento En América Latina y El Caribe”, informe regional de desarrollo humano.

El estudio realizado por las diversas sedes muestra que, a pesar de décadas de progreso, mucho de lo cual podría desaparecer con la pandemia de COVID-19, dos características en la región no han cambiado ni con la fuerte crisis que ha golpeado por la pandemia: la alta desigualdad y el bajo crecimiento.

“Estos dos factores están cercanamente relacionados e interactúan entre sí para crear una trampa de la que la región no ha podido escapar. Este no es un hallazgo nuevo. Este fenómeno está bien documentado en la región”, señala el documento.

Además, agrega: “A pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio”.

Desigualdad y crecimiento económico en América Latina y el Caribe

El estudio precia que ha existido una  reducción generalizada de la desigualdad de ingresos (medida por las encuestas de hogares) a principios de la década de 2000; sin embargo esta tendencia se estancó en la década de 2010 y había comenzado a revertirse en algunos países incluso antes del inicio de la pandemia, estas reducciones en la desigualdad marcadas desde inicio del 2010 se debían a la variación del  crecimiento económico en cada país, la reducción de los retornos a la educación superior que resultó en una reducción de la brecha salarial entre el trabajo calificado y no calificado y la redistribución a través de transferencias monetarias.

En estudio se enfoca en la medición de ingresos monetarios para determinar desigualdades. Aquí factores como brechas de género en participación laboral y horas de trabajo no remunerado, dedicadas a actividades de cuidado, continúan poniendo a las mujeres en un campo de juego desigual. Las personas LGBT+ continúan sufriendo discriminación en el colegio y en el mercado laboral y son víctimas de violencia más frecuentemente que personas de otros grupos. Las minorías étnicas continúan sin reconocimiento como agentes económicos y políticos activos y rezagadas en el acceso a los servicios básicos, incluida la salud y la educación; son agregados.

“Las múltiples crisis de la pandemia del COVID-19 han pesado más sobre los que ya se habían quedado atrás, exacerbando aún más las desigualdades a lo largo de 2020 y 2021. Esto ha tomado diferentes formas, que van desde impactos desiguales sobre los ingresos de los hogares hasta una incidencia cada vez mayor de violencia doméstica. Los impactos desiguales de la pandemia sobre los estudiantes son uno de los más preocupantes en relación con las tendencias de desigualdad a largo plazo. Los cambios hacia métodos remotos de enseñanza y aprendizaje han estado marcados por las disparidades preexistentes en el acceso a herramientas tecnológicas y académicas en el hogar”, precisa el documento.

Concentración del poder económico y político

“La concentración de poder en manos de unos pocos que defienden el interés privado en lugar del bien común es uno de los factores que conectan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, ya que a menudo resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes, y en instituciones débiles”, indican en el estudio.

El estudio alerta sobre los monopolios empresariales en la región, pues esta concentración contribuye a la alta desigualdad y el bajo crecimiento de la productividad, haciendo que los consumidores paguen precios más altos por bienes y servicios de lo que pagarían en condiciones de competencia. Las Naciones Unidas sugieren la implementación de “políticas de competencia” (política “antimonopolio”), la cual, según consideran es una herramienta de política que los países pueden utilizar para contener el poder de monopolio, ya que todos los países de América Latina, menos dos, tienen leyes y autoridades de competencia.

“A pesar de los avances de las últimas tres décadas, todavía queda un largo camino por recorrer. Las agencias de competencia a menudo carecen de los poderes necesarios para investigar (por ejemplo, mediante redadas) y no pueden ofrecer acuerdos de clemencia atractivos para promover la denuncia de irregularidades entre los miembros de carteles”, precisan.

Asimismo, alertan que el poder político de las grandes empresas también distorsiona la política más allá del ámbito del mercado. “En el contexto de la trampa que explora este informe, sus efectos sobre la política fiscal son motivo de especial preocupación”.

Además, analizan los sistemas tributarios de la región y llegan a la conclusión que estos no generan los ingresos necesarios para invertir en el desarrollo a través de la provisión de servicios y bienes públicos de calidad a la población. De hecho, según precisa el texto, los países de América Latina y el Caribe recaudan impuestos más bajos como porcentaje del PIB que los países con niveles similares de desarrollo o desigualdad y también tienen una proporción limitada de recaudo fiscal proveniente de impuestos sobre las rentas personales.

“En la región, la concentración económica ha dado lugar a múltiples ejemplos de élites económicas que interfieren en el diseño o la implementación de políticas. Como resultado de esa interferencia, los sistemas fiscales, la política de competencia y las regulaciones del mercado a menudo se han modelado en beneficio de un pequeño grupo de ciudadanos más que pensando en el bien común. Las élites económicas rara vez han utilizado su poder político para impulsar reformas que pondrían a sus países en el camino del desarrollo, aumentando el bienestar para todos. Pero podrían hacerlo.”, alerta la ONU.

Para enfrentar esto, el organismo sugiere implementar políticas de regulación en el financiamiento de campañas y las actividades de lobby, fortalecer el poder y la independencia de la política de competencia y las agencias de competencia, revisar las regulaciones del mercado para eliminar aquellas que favorecen los intereses privados y no el bien general, o tomar en serio la conversación global sobre cómo gravar a los súper ricos.

Una región envuelta en violencia

El estudio de las Naciones Unidas muestra un duro golpe a la región latinoamericana, si bien es cierto que nuestra región alberga solo al 9 por ciento de la población mundial, esta representa el 34 por ciento del total de muertes violentas. A esto, se añade, aún más, las formas de violencia no letales como es la violencia sexual, robos, abuso policial y trata de personas.

Además, el estudio vincula la relación entre la desigualad en la región y la violencia en tres canales: 1) Existe mayor probabilidad que las desigualdades introduzcan incentivos que hagan que los retornos a las actividades ilegales sean comparativamente más atractivos que los retornos a las alternativas legales. 2) desigualdad engendra frustración y alienación entre los desposeídos a través de las percepciones de desventaja, falta de oportunidades e injusticia, que, en conjunto, estimulan la violencia. 3) las desigualdades en el poder, el estatus social y los ingresos hacen que algunos grupos de población, como las mujeres y las minorías étnicas y de género, sean particularmente vulnerables a la violencia.

“América Latina y el Caribe actualmente lidia con la violencia asociada con cada uno de estos tres canales. De hecho, la violencia o la amenaza de violencia se ha convertido en moneda de negociación entre actores estatales y no estatales en diversos contextos para alcanzar y sostener acuerdos, y es parte fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en la región. Como resultado, la violencia es un factor común subyacente, que impulsa y es impulsado por la trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento de la región”, precisan.

Esta violencia, además, está vinculada a un menor crecimiento económico. Puede reducir y distorsionar la inversión al generar incertidumbre sobre los derechos de propiedad, afectar la formación de capital humano y, por tanto, la productividad, y destruir el capital físico y natural.

Nuestra región, según precisa el informe, aún lucha con la violencia política, que incluye protestas violentas, actos de violencia estatal como brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas. La violencia social y doméstica también está muy extendida en la región y afecta especialmente a las mujeres.

¿Cómo se deberían implementar las políticas de protección social en América Latina?

Este informe argumenta que solo al abordar la complejidad de las interacciones entre las variables (presentadas en este informe), la región finalmente podrá romper este ciclo de desigualdad y poca productividad.

“Es importante destacar que la arquitectura de protección social no solo debe asegurar el bienestar de los hogares, sino también incentivar a los trabajadores y las empresas en maneras que mejoren la productividad. La interfaz entre programas de seguridad social contributiva y programas de seguridad social no contributiva, y los programas de pobreza impactan las decisiones de los trabajadores y las empresas de ser formales o informales, y los sistemas de protección social de la región tienden a gravar la formalidad mientras subsidian la informalidad”, señala la entidad.

Asimismo, los agentes a quienes debería ir dirigido los programas sociales, su definición y aplicación, se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

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