La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela los códigos del inicio del gobierno de Pedro Castillo. El sentido común inicial favorece al nuevo presidente, aunque solo a él y no a los otros actores de la escena nacional, incluido al nuevo partido de gobierno. Más realista que optimista, se ha formado una opinión pública prudente a favor del cambio.
Castillo emerge de la guerra con una mayoría política provisional. Lo aprueba el 53%, un poco menos que otros presidentes al inicio de su gestión. Es una mayoría que no es uniforme. Castillo gobernará sin la confianza de la elite (43% en A/B), en tanto que, para quienes creen que no hubo abismo electoral el 6 de junio, aquí van tres datos: su aprobación en Lima es 40%, fuera de Lima 59% y en el Perú rural 68%. Primera conclusión: la estrategia de la deslegitimación -y retraso de su proclamación- solo tuvo un efecto relativo.
La mayoría de Castillo es concurrente con otros datos que indican un retroceso igualmente provisional de las fuerzas que se apuntan a la oposición: 1) solo 1 de 4 peruanos cree que hubo fraude en la segunda vuelta, que sube a un tercio en Lima, el territorio de la guerra junio/julio; 2) el relato del fraude naufraga en las regiones y al final se localiza en una pequeña parte de la derecha (39%) y en poco más de la mitad de los votantes fujimoristas (54%); y 3) los que creen que Castillo es democrático (45%) son más que los que creen que es autoritario (31%).
Por lo revelado, una segunda conclusión es que la posibilidad de una épica sostenida e incesante del fraude en el tiempo, post 28 de julio, se ha diluido, de modo que la oposición tendrá que construir un nuevo relato, ya no de “democracia contra fraude y comunismo”, sino uno distinto. ¿Cuál será?
Los peruanos se imaginan un gobierno de Castillo, y lo hacen desde la esperanza y la incertidumbre (39% y 29%, respectivamente) más que desde el miedo (15%). Es cierto que la confianza en la nueva administración es baja (16%), una señal de que no habrá un cheque en blanco, pero el temor es leve, incluso en Lima, que proyecta la imagen de un microclima que, si se toma como una muestra nacional, puede llevar a engaño. La guerra ha dejado sus huellas en la capital: solo 1 de 4 capitalinos tiene esperanza en el gobierno del profesor cajamarquino, el 9% tiene confianza, y el 41% experimenta incertidumbre. ¿De estos datos se puede colegir que existe un radicalismo contrario a Castillo? No, y por lo mismo, la base de una oposición inicial radical y odiosa contra el nuevo gobierno es baja en la sociedad.
Este cuadro íntimo nos lleva a una tercera conclusión: las sensaciones que generan el nuevo gobierno pueden der leídas como expectativas moderadas, resultado de las batallas de junio/julio y del estrecho resultado de la segunda vuelta.
Este cuadro íntimo de los peruanos es coherente con sus deseos sociales, igualmente moderados: el inmovilismo económico es compartido por un escaso 15%, que solo sube en Lima al 20%, pero cae fuera de la capital, a un dígito en el centro, por ejemplo (9%). No obstante, el cambio tajante es también minoritario, con más respaldo, ciertamente, pero insuficiente para afirmar gruesamente que “el Perú ha votado por un cambio radical”: el cambio “total” del modelo obtiene 23%, y sube en el sur y oriente (29% y 31% respectivamente) y en el sector D/E (31%).
Casi dos tercios del país desea conservar el modelo con cambios. Esta expectativa no puede ser leída como “no me toquen el modelo”, ni “pocos cambios” o “cambios puntuales”, sino como un muy mandato complejo en el que le corresponderá al gobierno mantener los logros, que existen y son innegables y, al mismo tiempo, concretar transformaciones de mediano plazo, especialmente de cara a la parte más demandante del abismo. Una cuarta conclusión es que luego de varios meses de guerra política se reestrena la exigencia nacional de reformas económicas racionales y eficaces, un mandato contra el inmovilismo neoliberal.
Forma parte de esa opinión pública reestrenada, la relativización de la cuestión constituyente. A diferencia de la medición de diciembre de 2020, donde la exigencia de una nueva Constitución era respaldada por el 48%, ahora lo es apenas por el 23%. Esta caída de 25% se explica como una victoria, igualmente provisional, de la campaña que desde varios ángulos se resisten a poner en la mesa ahora una nueva Constitución, tanto porque no es el momento o porque no es necesario. Este dato deberá ser leído junto al rechazo a Vladimir Cerrón (85%) cuyo relato político asume, esencialmente, la oferta de la nueva Constitución. No obstante, la respuesta constitucional de la opinión pública viene “encadenada”: el inmovilismo constitucional solo cosecha el 18% de adhesiones, mientras el 59% cree en reformas a la Constitución. En una quinta conclusión, la mayoría se pronuncia ahora por una reforma parlamentaria de la Constitución y contra una declaratoria unilateral de convocatoria del nuevo gobierno a un referéndum constituyente, aunque no cierra el momento constituyente.
Efectivamente,la Constitución debe ser modificada en aspectos puntuales como el económico, porque lamentablemente el momento no es el adecuado y lleva tiempo. Seguramente Castillo, tratará en lo posible de estar cerca a las zonas rurales donde el abandono del gobierno es total, así tendrá un respaldo de las masas, en caso necesario.
Parece que el publico que participo en el sondeo tiene una vision bastante racional y moderada. Buen augurio inicial para el gobierno que estrena el tercer siglo de nuestra república. Desearle éxito a Castillo en su gestión es desearle éxito al pais.
Hay una discusión solo de forma si se cambia o no la constitución más importante es poner en debate los cambios que se pretende si es necesario por cada artículo.