¿Es posible caer más?

Una mayoría parlamentaria que no supera los dos tercios parece decidida a que el Congreso de la República concluya su mandato en el peor de los escenarios.

Durante las últimas semanas, un grupo de congresistas pretendió censurar a la mesa directiva encabezada por la parlamentaria Mirtha Vásquez con argumentos que no resistieron el más elemental análisis legal ni político. Intentaron también, desde la presidencia de la comisión de Constitución, modificar la norma constitucional sobre el voto de confianza mediante una “ley interpretativa”.

En simultáneo -y mientras los reflectores iluminaban infundadas acusaciones de fraude electoral, persistentes ataques a autoridades electorales y llamados a la intervención de las fuerzas armadas para “defender la democracia” frente a una supuesta amenaza del “comunismo internacional”– una comisión liderada por los congresistas Rolando Ruiz (AP), José Vega (UPP) y José Luna (PODEMOS) continuaba con un proceso plagado de irregularidades para seleccionar postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional.

Como desde varios sectores se había advertido, la intención de la mayoría de grupos parlamentarios representados en la citada comisión buscaba la conformación de un Tribunal Constitucional “a medida”. Para algunos, se trataba de cumplir con una misión que el Congreso debía culminar, aunque para ello hubiera que pasar por encima del reglamento que la propia comisión había aprobado; para otros, el objetivo era contar con un TC que los librara de posibles acusaciones por hechos tales como el inconstitucional nombramiento de Manuel Merino como efímero presidente de la República o la instalación de una “cuarta legislatura” incompatible con el reglamento del Congreso. No faltan quienes buscarían un Tribunal Constitucional “amigable” con grupos de poder económico que tienen causas pendientes ante el máximo órgano de defensa e interpretación de la Constitución.

La elección del Tribunal Constitucional que pretendía la mayoría parlamentaria se encontró con la habilidad de un abogado que presentó una acción de amparo y una medida cautelar, la valentía de una jueza que acogió dicho recurso y dispuso la suspensión de la elección de magistrados del TC, y la firme resistencia de una minoría integrada por congresistas del Partido Morado, el Frente Amplio y el FREPAP, además de algunos integrantes de APP y de AP -que prácticamente han terminado fuera de su bancada- y de la propia presidenta del Congreso.

La última semana hemos escuchado una serie de “argumentos” sobre la separación de poderes y la inviolabilidad del voto que revelan las serias deficiencias de nuestra clase política, o de una parte importante de ella. La mayoría de nuestros congresistas parecen haber olvidado que la separación de poderes va de la mano con el equilibrio y los contrapesos y controles entre legislativo, ejecutivo y judicial. Parece que olvidaron también el principio del estado de derecho por el cual toda persona está obligada a cumplir las decisiones judiciales, sin distinción de cargo o función pública; principio que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se han encargado de recordar oportuna, clara y enfáticamente.

El Ministerio Público ha iniciado una indagación preliminar contra todos los y las congresistas que habrían incurrido en desobediencia y resistencia a la autoridad al hacer caso omiso a la decisión de la jueza Soledad Blácido. Así, nos encontramos en el extremo en el que más de 80 congresistas podrían terminar sentenciados a penas que van de tres a seis años de prisión por un delito común y –por tanto- no amparado por la inmunidad parlamentaria.

La reacción de la mayoría de bancadas ha sido calificada por varios analistas como de “venganza”. Y es que, frustrada la intención de elegir irregularmente un nuevo Tribunal Constitucional los días 7 y 8 de julio, decidieron bloquear las iniciativas de ley procedentes de los partidos que se opusieron a la ilegal elección. Dicha reacción llegó al punto de negar los votos para aprobar una ley en favor de la alimentación popular; como afirmó en el programa Nada Está Dicho de RPP la presidenta de la red de ollas comunes, Fortunata Palomino, “el Congreso le ha dado una patada a la pobreza”.

A dos semanas de concluir su mandato, el Congreso pierde la oportunidad de recuperar algo de confianza por la necedad de sectores políticos que parecen entender el poder como abuso y la función pública como carta libre. Nos quedamos con notables excepciones y con la esperanza –que nunca se pierde- de que el nuevo parlamento nos sorprenda con una renovada forma de ejercer la representación y dignificar el voto recibido. Citando nuevamente a la señora Fortunata Palomino, “ojalá el nuevo Congreso tenga el rostro más humano y nos visibilice”. Nunca mejor dicho, señora Fortunata.