Son más de 195 mil fallecidos desde que empezó la pandemia. Cifra no menor y que no pasa desapercibida por alto para algunas autoridades. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolló un estudio multidisciplinario que refleja la falla masiva en los decesos por parte de sectores públicos y privadas para contrarrestar el avance del coronavirus.
Uno de los principales problemas que explica el estudio en mención es la poca fortaleza que se le otorga a la salud pública. El Estado peruano no imaginó que la llegada de un virus al país desnudaría el principal de sus falencias.
“Antes de la pandemia, el Perú presentaba un gasto público en salud equivalente al 3.16% del PBI9, un poco más de la mitad del gasto promedio de la región, y muy lejos del gasto promedio de los países de la OCDE: 10% del PBI. Tenía 946 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), esto es, 29 camas por millón de habitantes. Los países de la región tenían: Brasil 206, Colombia 105, Chile 73 y Ecuador 69 camas por millón de habitantes”, señala el documento.
La poca cantidad de camas UCI reflejaría más adelante lo que ya todos sabemos: colapso total de hospitales, aprovechamiento de terceros para lucrar con la salud, etc.
“Una de las grandes conclusiones ha sido que la mayoría anduvo por su cuenta. Era un ‘sálvese quien pueda’ o un ‘digo una mentira por televisión para dañar al oponente político’. Eso ha prevalecido: no me interesa mi país, ni su gente. No podemos pasar así otros 200 años. Otra conclusión es que la salud pública debe ser prioridad, no hay argumento para no invertir”, dice el ingeniero Fernando Villarán, quien considera que para construir ese “nosotros” se puede impulsar el diálogo a través del Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Trabajo y los líderes políticos.
Un sector de la población que se vio gravemente afecta por la pandemia fueron los trabajadores informales. Aquellas personas que viven del día a día y que con el confinamiento a inicios de marzo del 2020 tuvieron que ingeniárselas para salir adelante. Lamentablemente en esa necesidad hubo gente que falleció.
Se dispuso a otorgar bonos de ayuda para la población vulnerable, pero no todo salió como esperaban las autoridades.
“Pero estos bonos no llegaron a quienes estaban destinados, pues solo el 42% de la población tiene cuenta bancaria, solo el 33% tiene acceso al crédito, y el seguro privado de pensiones (AFP) solo alcanza al 14% de la PEA. Al final, muy pocas empresas informales recibieron los créditos otorgados por el gobierno mediante el Programa Reactiva Perú, o el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-MYPE), que alcanzó los 60 80014 millones de soles y, por ello, millones de empresarios informales y trabajadores se vieron obligados a salir a la calle”, se observa en el estudio.
Ahora con un proceso de vacunación en marcha y con más de 12 millones de dosis aplicadas, Concytec indica que el nuevo gobierno dirigido por Pedro Castillo deberá mantener al equipo ministerial hasta que culmine la vacunación, que es la prioridad.
Hay que tener en cuenta que el informe se puso en marcha desde el 10 de mayo del presente año hasta el 20 de julio de este. Se puso como referencia que al 31 de mayo el país registraba 5.540 muertes por millón de habitantes, el mayor número del mundo.
Puedes ver el estudio completo por Concytec aquí.