El ascenso al poder del maestro rural Pedro Castillo es motivo de una serie de enfoques y análisis sociopolíticos, culturales, mítico-andinos incluso racistas. La narrativa da para mucho más. Sin embargo, la expectativa social de la mayoría de los peruanos, que apostaron por el profesor chotano, es muy amplia. ¿Las grandes brechas y problemas sociales existentes en el país se resolverán con una nueva Constitución Política? Sería parte del proceso, pero no una alternativa mágica inmediata.
Un empresario local (Huánuco), tras conocer la proclamación de resultados del balotaje, comentó que su analista de banco le recomendaba tomar previsiones en el lapso de 2 años, además de hacer caja o buscar otros rumbos porque después de la farra fiscal populista se vendría la noche como en Venezuela. Esta prospección está en la mente de millones de peruanos que votaron contra el presidente del bicentenario. Es una posibilidad lejana. Ojalá. Sin embargo, la tendencia global tiene otros derroteros que, asumiéndolos, podría constituir una disrupción histórica a favor de la mayoría de los peruanos.
Va a ser clave la política social que implemente el nuevo gobierno. Por ejemplo, de concretarse los anuncios de Pedro Francke sobre la segunda reforma agraria, basada en mejorar la competitividad agrícola del campesinado, definitivamente, el norte social será mejor respecto a los magros augurios de las élites políticas y empresariales. Si los actuales programas sociales, incluso los que vendrán, se gestionan bajo esa perspectiva, en nuevo estado de bienestar moderno, no habrá noches tenebrosas.
Keiko Fujimori, tras “reconocer” los resultados electorales, declaró implícitamente la guerra al gobierno de Pedro Castillo. Tiene una bancada considerable que, en alianza con Renovación Popular y otras afines, más el ala radical de Cerrón, Pedro Castillo no tendría el camino despejado para garantizar la gobernabilidad. Este escenario lo obliga a generar consensos políticos reales más que declarativos, orientados a construir un centro político que garantice un buen gobierno, inclusive desde la óptica social. De esta manera se bloquearía la guerra sin cuartel e irregular de la derecha envalentonada y el populismo anquilosado del cerronismo.
En el país hay avances en la gestión de programas sociales como Juntos, Pensión 65, AGRORURAL, PRONAA, FONCODES, Cuna Más, etc. Sin embargo, hay problemas, entre otros, como la inadecuada articulación intergubernamental e intersectorial para garantizar la eficacia y eficiencia de los mismos en las zonas más pobres del país. Paralelamente también existen experiencias exitosas de estrategias sociales puestas en marchas por algunos municipios locales y regionales, pero no tienen continuidad ni han sido sistematizadas para diseñar las políticas públicas o sociales. Por ejemplo, durante la gestión del exgobernador Rubén Alva en Huánuco (2015 – 2018) se implementó la estrategia denominada Logro Social, orientada a obtener resultados en la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil de manera intersectorial e intergubernamental. Solo fue considerada como una experiencia exitosa por el MIDIS; ahí quedó.
Tras la pandemia y los resultados de estas últimas elecciones, en verdad, amerita una revisión de los diversos programas sociales. Tiene que haber un proceso de transición hacia modelos que garanticen la reducción de la pobreza de manera sostenible. Por citar otro caso, el programa Vaso de Leche transferido a los municipios. No es concebible que los productos sean entregados a las madres de familia con mucha demora, después de varios meses. Los niños no toman su vaso de leche a diario, tal como lo concibiera el exalcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán. Nadie se atreve a plantear cambios por no colisionar políticamente con los comités de madres que, muchas veces, se convierten en portátiles de los alcaldes. Urge, entonces, toda una transición como un proceso de cambio en la política social a mediano y largo plazo.