Los hechos de las últimas semanas muestran un país asfixiado, sin rumbo, en manos de un Ejecutivo inerme y errático, sin reflejos para asumir el desafío que el momento político le ha encomendado y para lo que se comprometió en el proceso electoral.
Un gobierno enfrentado por la oposición que desde el Parlamento actúa con un ánimo vindicativo. Estos partidos cuestionan (no perdonan) la sola posibilidad de que exista un gobierno que ponga en cuestión el estado de cosas en el país. Defienden el modelo económico y sus consecuencias institucionales como si fuera un asunto de fe inquebrantable, como la libertad que dicen defender, aunque solo sea la libertad de los que pueden ejercerla porque tienen los medios para hacerlo. En estos grupos hay quienes difícilmente comparten los valores republicanos que definen a nuestro país, pues no aceptan su carácter pluricultural y pluriétnico, salvo en sus aspectos más formales y folklóricos. Por ello, rechazan la idea de que el Estado peruano se organice conforme a esa realidad.
En estos grupos se entremezcla un conglomerado de voces radicales, sectarias y golpistas, populistas, de liberales y conservadores juntos y a la vez, y no faltan los gestores de intereses privados, esos que ven las instituciones públicas como espacio para sus negocios. Para la forma de practicar la política de algunos de los que forman parte de estos grupos nada hubiera sido mejor que mantener las cosas como estaban: se pueden hacer ajustes aquí o allá, pero nada que afecte el “orden establecido”.
El conflicto apenas ofrece zonas intermedias, como si la contienda electoral de la segunda vuelta se estuviera prolongando en sus peores extremos: desde el racismo exhibido por ciertas autoridades, los prejuicios ideológicos contra la izquierda y el permanente recurso para confundirla con el terrorismo o las posiciones golpistas de ciertos sectores de las fuerzas armadas reivindicadas por algunos políticos desde el parlamento.
Es un conflicto que parece escalar en la misma medida que el gobierno se mantiene inmóvil frente a las tareas que debe iniciar y también frente a los errores que debe corregir. El problema es estructural y se proyecta en la capacidad para gobernar y llevar adelante un plan de transformación en democracia. Ojalá solo fuera un asunto de personas. Estos son desafíos que exigen mucho más que voluntad y deseo. Por eso, aunque no sea una tarea sencilla, el momento exige sentido de la historia y responsabilidad con las expectativas sociales, honestidad para medir las propias fuerzas y acción política para comunicar, distender y avanzar.
Es imprescindible recordar que el pueblo puede ver con rechazo que el gobierno sea objeto de los ataques que la oposición ha emprendido en su contra, pero no se opondrá a estos si son el resultado de la desidia, de los errores reiterados, de las debilidades y de la ausencia de propuestas para gobernar. La oportunidad que el gobierno tiene entre sus manos no debe echarse al abandono sin asumir las graves consecuencias que esto implicará para el país.