La renuncia de Héctor Béjar al Ministerio de Relaciones Exteriores no pone fin a la confrontación política entre la oposición conservadora del congreso y el gobierno de Pedro Castillo. La guerra ha sido declarada mucho antes de la envestidura presidencial. El asunto es hasta dónde llegará, ya no como el obstruccionismo del 2016, sino con la cruenta pugna por el poder. Entretanto, en medio de esta aridez política, la expectativa de la población está latente ante la crisis que ha generado la pandemia y la incertidumbre política y social.
La tercera ola está a la vuelta de la esquina. La mayoría del Congreso está ensimismada en el enfrentamiento que en diseñar estrategias normativas que posibiliten una acción más contundente contra la pandemia en el corto, mediano y largo plazo. En la otra acera, el ejecutivo ha bajado el ritmo de la vacunación, mientras que el relajo social, de hecho, va a pasar la factura más cara. A más de un año de la pandemia, por ejemplo, no hay mejoras sustantivas ni anuncios concretos en todo lo que se refiere a los servicios de salud en la primera línea.
El problema de la educación no solo se resume en el retorno a clases, sino en realizar cambios estructurales para mejorar los aprendizajes. La conectividad en las zonas rurales no se ha resuelto; esto es un grave retroceso. Muchos docentes, por iniciativa propia, asumiendo todos los riesgos en plena pandemia, desde hace varios meses, llevan a cabo clases semipresenciales. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, La educación frente a la emergencia sanitaria, el 62,3% de las instituciones educativas públicas se encuentran en zonas rurales. Ya se pueden imaginar cuál será el impacto social a mediano plazo con esas carencias. Solo en Huánuco, más de 30 mil estudiantes figuran entre los que abandonaron las escuelas y colegios y los no conectados.
De acuerdo con los resultados del Ranking de competitividad mundial 2020, los indicadores en infraestructura básica del Perú (salud, educación, medio ambiente, infraestructura científica y tecnológica) son los más bajos. Esta precariedad se evidenció con la pandemia, enrostrándola a toda la clase gobernante del país de estas últimas décadas. En general, del 2008 al 2020, el país no ha mejorado mucho. La narrativa del modelo, amparado en la Constitución del 93, está muy lejos de llevarnos a una mejor posición global; es decir, un país desarrollado. ¿Cuál es la agenda en esa dirección? El actual establishment, como los anteriores, no la tiene clara.
Ante la próxima presentación del gabinete de Guido Bellido, en el Congreso de la República, los principales voceros de la oposición de la derecha conservadora, liderados por Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, condicionan el voto de confianza a la renuncia de otros ministros. En otros términos, pesan más las diferencias ideológicas de confrontación, orientadas aun a la vacancia presidencial, que plantear o exigir una agenda que garantice el desarrollo social, la democracia y la gobernabilidad.
Bancadas como AP y APP, que pudieron haber formado un bloque más democrático con los partidos de centro y centro izquierda, asumen posiciones muy dubitativas que dejan en bandeja a la derecha intolerante el liderazgo del Congreso. El APRA, en su afán de supervivencia, fue furgón de cola del fujimorismo, con los saldos que ya se conocen. El sector radical de Perú Libre hasta ahora no está en condiciones de generar consensos, incluso en su misma línea de pensamiento social. Todavía es tiempo de tender puentes y garantizar la democracia desde el Congreso de la República, por su puesto, bajo un derrotero claro con visión de país.
El gobierno de Pedro Castillo, si no tiene un rumbo fijo ni una hoja de ruta operacional estratégica del mensaje presidencial del 28 de julio, tampoco va a ser un centro gravitacional para articular a los diversos sectores.