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domingo, febrero 16, 2025

Congreso y conflictos de intereses

El proyecto presentado por la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, para impedir que los congresistas que tengan vínculos con universidades privadas o públicas ejerzan funciones en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso[1] trae al debate un tema de especialísima relevancia: el conflicto de intereses en la labor parlamentaria.

 

Hace varios años que nos enfrentamos a la cruda realidad de congresistas que representan intereses particulares porque, como señala el citado proyecto en su exposición de motivos, existe una serie de “sustitutos” que alientan candidaturas para que se hagan cargo de promover y resguardar dichos intereses por encima del interés general de la Nación al que se deben los parlamentarios y parlamentarias.

 

El tema no es nada sencillo y reviste no sólo importancia, sino además oportunidad. Tenemos un ejemplo actual: el congresista del partido PODEMOS José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores, ha presentado una moción para otorgar a su comisión la facultad de investigar y proponer reformas a los organismos reguladores, supervisores, fiscalizadores y de control[2]. Sucede que uno de esos organismos es la Superintendencia Nacional de Educación Superior – SUNEDU, la misma que luego del correspondiente proceso de calificación negó la licencia a la universidad privada TELESUP[3] de propiedad del mismo congresista Luna Gálvez[4]. Es decir, buscaría investigar a quien negó licencia a sus negocios.

 

Medios de prensa han informado, además, que una decena de integrantes de la Comisión de Educación del Congreso tendrían vínculos con universidades cuya licencia fue denegada por la SUNEDU. Ya en el Congreso pasado se pretendió sin éxito investigar a este organismo y dar marcha atrás en la reforma universitaria.

 

Ahora bien, el conflicto de intereses se presenta en diversas comisiones ordinarias y especiales del Congreso. Diversos grupos de poder buscan congresistas que promuevan y defiendan sus intereses; no es un problema que afecte sólo a la comisión de educación. Por eso, hizo bien el gobierno del quinquenio pasado en impulsar la presentación de una declaración jurada de intereses que, en el caso de los y las congresistas, se hace ante la Contraloría General de la República, responsabilidad que no todos han cumplido de forma oportuna.

 

Para ilustrar la complejidad del tema que nos ocupa podemos, incluso, discutir si se trata sólo de intereses económicos o va más allá de ello. Por ejemplo, siguiendo la línea del proyecto de la congresista Flor Pablo podemos preguntarnos si quienes deben eximirse de participar en la comisión de educación son sólo los propietarios de las universidades privadas, los directivos de éstas y de las públicas, o también los docentes y los egresados de unas y otras. Como bien señala el proyecto, el costo sería no contar con especialistas en educación en la referida comisión. Insisto, lo mismo puede aplicarse a casi todas las comisiones del Congreso, tanto ordinarias como especiales.

 

La esencia de la labor parlamentaria es la de representar los intereses de sus electores y colocar éstos en una perspectiva que beneficie a la Nación en su conjunto. Es en ese marco que debemos discutir los innegablemente existentes conflictos de intereses.

 

Siendo complejo, puede ser menos dificultoso establecer el marco del conflicto de intereses en el ámbito práctico que legislar sobre el mismo. Mejorar el análisis costo – beneficio de los proyectos de ley y la consulta con los sectores involucrados pueden ser filtros valiosos en esta perspectiva, además de la declaración jurada de intereses y la máxima transparencia en cada instancia del Congreso.

 

El proyecto de ley que da origen a esta columna nos ha puesto ante el desafío de librar la labor parlamentaria de la intención de grupos de poder que buscan congresistas dispuestos a poner intereses particulares por encima de los intereses de la Nación.

 

El debate está abierto!

[1] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTAxNg==/pdf/00264-2021-CR

[2]https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Mociones_de_Orden_del_Dia/Mociones_de_Orden_del_Dia/MC0048220210916.pdf

[3] https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-deniega-licenciamiento-institucional-universidad-privada-telesup/

[4] José Luna Gálvez está también investigado por la inscripción del partido Podemos.

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