Después del discurso de investidura la confianza conseguida por el Gabinete del Premier Bellido, toca a las diversas carteras ministeriales, poner énfasis en la labor de la acción pública, que no solo signifique atender las necesidades de los ciudadanos, sino también sus respectivos requerimientos y expectativas sobre la recepción de servicios públicos; desde un enfoque de VALOR PÚBLICO.
Ahora el Estado, los Gobiernos y sus entidades públicas están obligadas a trabajar orientado en los resultados, entendidos estos, como los cambios positivos que se debe lograr en los ciudadanos en atención a los problemas públicos que los aquejan. Pero es preciso considerar también que la delimitación del problema público depende de las condiciones geográficas y sociales, lo cual en nuestro país subraya la diversidad y heterogeneidad que tiene que ser atendida desde la acción pública del Estado, es en esa circunstancia que el valor público es de alto interés; para responder a las necesidades, requerimiento y expectativas de la población en los diferentes y diversos departamentos, provincias y distritos del país.
Fue Mark Moore quien introdujo el enfoque de valor publico en 1995 con el objetivo de trazar “una estructura de razonamiento práctico que suponga una guía para el gestor público”, en cuyo contexto según Blaug “valor público es aquello que el público valora” y que para ello las entidades públicas deben considerar la atención a partir de “formar las preferencias de los ciudadanos, pero también aprender de ellos, de sus opiniones, intereses experiencia y conocimiento colectivo”.
Para ir hacia la construcción de valor público, en el marco de la gestión pública peruana se tiene que trabajar como primera acción, lo referido a cadena de valor, la cual se construye a partir de los resultados que sean de utilidad a la población generando impactos a nivel social y económico, haciendo ello realidad a través de la entrega de un conjunto de bienes y/o servicio públicos a los que se denomina productos, debiéndose tener claridad desde cada espacio institucional los procesos de gestión que oriente el desarrollo de actividades y la identificación de insumos pertinentes para su realización desde la puesta en disposición de los recursos hasta el logro de los mencionados resultados que permitan dar solución a los problemas públicos específicos que aquejan a los ciudadanos dentro de la sociedad. En resumen, la cadena de valor a identificar debe estar compuesta por los recursos-insumos-actividades-procesos-productos-resultados-impactos; eso es lo que debe orientar la acción pública con eficacia, eficiencia, productividad y transparencia, en base a una adecuada cobertura y un buen nivel de calidad del servicio público.
En ese contexto, proponemos como segunda acción que se adhiera a la cadena de valor la aplicación del concepto de valor público. Ello lo planteamos hacerlo, a partir de comprender que los resultados deben responder a las preferencias individuales que tienen los ciudadanos afectados por el problema público especifico, para lo cual se debe considerar la diversidad y heterogeneidad que se tiene a partir de la delimitación geográfica y social de los correspondientes problemas públicos que se tienen que atender desde el Estado, para tener servicios públicos que terminen atendiendo a las preferencias colectivas.
Para apuntalar dicho valor público, una tercera acción a desarrollar en cada entidad pública del gobierno nacional, regional y local; será trabajar en la gestión política para la obtención de recursos y autoridad mediante una negociación con los decisores políticos y/o los actores representativos de la sociedad; además desarrollar la gestión programática mediante el establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo a la realidad territorial y social (considerando las preferencias individuales en perspectiva de una atención hacia las preferencias colectivas); y por ultimo considerar la gestión organizativa asociada a gestionar las estructuras, sistemas y procesos con la flexibilidad administrativa que nos permita que los servicios entregados se adecuen a las necesidades, requerimiento y expectativas de los ciudadanos considerando sus condiciones dentro de la sociedad.
En nuestro Perú, donde existe una amplia diferenciación territorial y diversidad social, se hace más relevante que desde el Gobierno Nacional, se comprenda que los servicios públicos no sean entregados como si todos tuvieran la misma realidad y en ese contexto debemos incorporar el valor público, como una aproximación a responder adecuadamente a la realidad distrital, provincial y departamental que tenemos. Así el Estado estará más cerca del ciudadano y este se sentirá cada vez más satisfecho; aumentando la confianza y legitimidad ciudadana, potenciando con ello la contribución a la gobernabilidad en el país.