La Defensoría del Pueblo ha dado cuenta, hasta la publicación de su último reporte de conflictos sociales, de cuatro nuevos conflictos sociales en el mes de agosto en las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Tumbes. Hasta la fecha, el acumulado es de 196 conflictos sociales, de los cuales 139 están activos y 57 latentes.
¿Qué es un conflicto social?
La Defensoría del Pueblo define el conflicto social como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia.
La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos.
Para el sociólogo Víctor Caballero, según nos comparte, un conflicto social es una disputa entre dos partes que afectan intereses colectivos, que alteran las relaciones entre las partes beneficiando a uno y afectando al otro.
Los conflictos recientes y la mirada del Gobierno
Uno de los primeros casos que abordó el Ejecutivo cuando asumió el cargo fue el bloqueo de la carretera en el corredor minero de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que involucra las actividades mineras de la empresa china MMG Las Bambas.
El lunes 2 de agosto el premier Guido Bellido se reunió con las comunidades locales, que desde el 23 de julio bloqueaban el acceso al corredor minero sur. El premier llego a Chumbivilcas, su tierra natal, montado a caballo.
Tras su visita se acordó instalar una mesa de diálogo donde “abordarían cada uno de los pedidos para darles solución”, comprometiéndose a resolver el problema en dos meses.
Sin embargo, días después los pobladores de Chumbivilcas retomaron el bloqueo de la carretera luego de que las comunidades anunciaran que ante la negativa de la minera MMG Las Bambas para aceptarlos como proveedores.
Según ha manifestado el ex congresista Richard Arce, las semanas siguientes de su visita, Bellido provoca a los pobladores al no organizar el equipo técnico y faltar a dos mesas de diálogo. Por tanto, el 11 de septiembre pasado, nuevamente ocho comunidades campesinas retomaron las medidas de lucha bloqueando la carretera de circulación de Las Bambas.
Minera las Bambas paraliza sus operaciones. En un comunicado publicado el lunes último, la minera manifestó que “el bloqueo del Corredor Vial Sur se mantiene en varios puntos desde hace 18 días, impidiendo el reabastecimiento de insumos y el recambio de trabajadores, que suman más de 6 000 personas que no pueden regresar a sus casas, entre el personal de Minera Las Bambas y de sus socios estratégicos”.
Es por ello que se vieron en la necesidad de una “progresiva paralización de sus operaciones” debido a los bloqueos que persisten en el Corredor Vial Sur desde el pasado 10 de setiembre, “aproximadamente a 200 kilómetros de nuestra operación minera”.
Según advierten, esta situación impide el paso de sus unidades vehiculares que transportan personal, concentrado de cobre e insumos, por lo que pronto tendrán que paralizar sus operaciones “completamente”.
También informan que vienen participando en el proceso de diálogo liderado por la PCM y el Ministerio de Energía y Minas, que tiene como objetivo “concertar acciones en respuesta a las demandas de las comunidades campesinas” de Chumbivilcas.
“Minera Las Bambas ha participado en todas las reuniones a las que han sido convocada por la PCM, Minem o las comunidades, brindando distintas propuestas y escuchando los puntos de vista de los diferentes actores participantes, con el fin de llegar a acuerdos que promuevan el desarrollo social de Chumbivilcas”, señalaron.
Ejecutivo se reúne con la minera tras el comunicado. Tras conocerse las acciones que tomará la minera, miembros del Ejecutivo sostuvieron una reunión con representantes de la empresa Las Bambas en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En el encuentro, en el que participaron representantes del Ministerio de Energía y Minas y de la PCM, la empresa expresó su compromiso de formular y presentar una nueva propuesta que permita satisfacer las demandas de las comunidades campesinas involucradas en dicho conflicto social. La reunión concluyó sin acciones concretas para enfrentar el conflicto.
Para Víctor Caballero hay “una serie de compromisos y de pedidos y pliegos que se han firmado con diferentes metas en distintos grupos de trabajo con compromisos firmados por parte del Estado y de la empresa. Sin embargo, la población no se encuentra satisfecha después de haber pasado un tiempo de la firma de esos compromisos, no se ha satisfecho las expectativas de la población. El Estado tiene que volver a sentarse a la mesa para acordar en algo más viable, pero, sobre todo, debe recuperar confianza. El Estado tiene que, ante la población, ser una entidad que sea respetable. Si no cumple con lo que ha firmado, esa es la base del conflicto: la desconfianza en el rol interventor del Estado”, señala.
El reclamo del líder awajún
El presidente Pedro Castillo recibió el pasado 27 de septiembre al líder indígena awajun Ismael Pérez en Palacio de Gobierno. Este último contó a su salida que antes habían sostenido hasta tres reuniones con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, pero lamentó que este no haya entendido la problemática de la Amazonía durante estos encuentros.
“Nos ha recibido (antes) el presidente del Consejo de Ministros, pero no entiende el tema de la Amazonía, ese es el problema, se le ha explicado varias veces, pero no hemos logrado hacerle entender”, señaló Ismael Pérez a su salida, y agregó que Bellido había “ninguneado” la agenda del tema petrolero. Asimismo, la comunidad awajún espera solución a problemas como la contaminación ambiental y una distribución más justa del canon.
Según el líder awajún, el mandatario se comprometió a visitar el 5 de octubre la Estación de Bomberos Ramal Norte de Petroperú en el distrito de Manseriche, provincia Datem del Marañón en Loreto.
El pedido en pandemia. En abril del 2020, cuando se sentían los primeros golpes de la pandemia en nuestro país, el líder awajún pidió a las autoridades un plan de contingencia especial por la existencia de comunidades indígenas en la región. “El coronavirus llegó a San Lorenzo, capital de la diversidad de los pueblos indígenas —chapra, awajún, kichua, shawi, achuar, candoshi, wampis, siwilu y cocama-cocamilla— donde no existe garantías por la vida de los hermanos indígenas”, le dijo Ismael Pérez Petsa a El Comercio. “Muchos indígenas se fueron para sus chacras por temor a ser contagiados y lo que todo era temor, ahora es una realidad. El coronavirus está entre nosotros y estas personas contagiadas que están con aislamiento domiciliario ya estuvieron en contacto con otras personas”, advirtió.
Contaminación de la cuenca Llallimayo
El presidente del Frente de Defensa de la cuenca Llallimayo, Néstor Ccasa Acsara, informó el 11 de septiembre que los alcaldes de los distritos de LLali, Cupi, Umachiri; el alcalde de la provincia de Melgar, Esteban Álvarez, dirigentes y pobladores, solicitarán la declaratoria en estado de emergencia de toda la cuenca Llallimayo por peligro inminente de contaminación de las aguas y afectación a la salud de las personas.
“El rio está totalmente contaminado por las actividades que desarrolla la minera Aruntani SAC, entonces estamos elaborando un informe técnico sobre la situación real con todas las autoridades locales y con el apoyo de todas las instituciones involucradas”, dijo Ccasa Acsara.
Dos semanas después del pedido, el premier Guido Bellido visitó Puno para la instalación de la Mesa de trabajo para la Implementación del Plan de Acción de la cuenca de Llallimayo, y se reunirá con los alcaldes de la Asociación de Municipalidades de la Zona Norte de este punto del país.
En su primera actividad, el jefe del Gabinete Ministerial participará en la toma del sistema Kaison para el agua potable en el río Ayaviri, provincia de Melgar. Luego, instalará la mesa de trabajo para la implementación del Plan de Acción de la cuenca del río Llallimayo.
Para la recuperación del río Llallimayo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tenía programado a principios de este año hacer la convocatoria para la contratación de la empresa que elaborará el diagnóstico integral de la cuenca, lo cual permitirá concluir con la elección y ejecución de alternativas de solución para la cuenca Llallimayo.
El pedido principal de las autoridades y dirigentes de los distritos afectados por la contaminación de la cuenca Llallimayo, es que el Ejecutivo nacional garantice el recurso hídrico a través de la ejecución del plan de acción para remediar dicha cuenca, indicó el dirigente de la localidad de Ayaviri (Melgar), Asunto Pacori.
“Los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, tenemos esperanza en el premier Guido Bellido, queremos que se autorice la ejecución del plan de acción con cronograma y presupuesto aprobado, porque hemos sido mecidos por muchos años”, dijo.
Los conflictos sociales que esperan ser atendidos
Según el Reporte de Conflictos Sociales N° 210 publicado este mes, en agosto del presente año surgieron cuatro nuevos conflictos sociales, sumando un total de 196 conflictos sociales, de los cuales 139 están activos y 57 latentes.
Ayacucho: La comunidad campesina de Pallancata señaló que el río Suyamarca estaría contaminado, presuntamente por vertimiento de aguas ácidas con metales pesados sin tratamiento de la Compañía Minera Ares S.A.C. (Unidad Minera Pallancata), lo que habría ocasionado la muerte de truchas y afectación de la salud de los miembros de la comunidad campesina Pallancata y el centro poblado Santa Rosa. Los pobladores acompañados de las autoridades comunales, políticas y Juez de Paz verificaron que en ambos lados de las riberas del río Suyamarca, se encontró cientos de truchas muertas de diferentes tamaños, en un tramo de más de tres kilómetros.
Los pobladores notificaron a la Dirección Regional de Salud Ayacucho (Direesa), al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Fiscalía Ambiental de Puquio y Parinacochas para que se inicie las investigaciones y se identifique a los responsables.
Huancavelica: La comunidad campesina de Puerto San Antonio y la población del distrito de Roble demandaron a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar) la instalación de nuevos equipos y de fibra óptica para el mejoramiento de la señal de internet que permita el normal desarrollo de sus actividades educativas y laborales.
Pasco: Trabajadores de la empresa Cerro S.A.C. reclaman la atención de sus demandas laborales para una efectiva reincorporación a sus puestos laborales. El pasado 1 de septiembre, cerca de 200 trabajadores mineros de las compañías Nexa Resources Atacocha y Empresa Administradora Cerro SAC llegaron a Lima en una marcha de sacrificio en busca del cumplimiento de una resolución judicial a su favor y de soluciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Tumbes: Ciudadanos del distrito de San Jacinto se oponen a la ejecución del proyecto “Presa Laminadora de Higuerón” a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) debido a los posibles impactos negativos del proyecto en perjuicio de sus actividades agrícolas y sus derechos a la vivienda, trabajo y propiedad. Ciudadanos solicitan que se ejecute la obra en el sector Cazaderos y con un fin multipropósitos que beneficie también al sector agrario.
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