El pasado 21 de octubre, el Pleno del Congreso de la República aprobó la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2021 – 2022[1].
Esto se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento del Congreso[2], el mismo que precisa que la Agenda Legislativa se elabora al inicio de cada periodo anual de sesiones sobre la base de las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios y por el Consejo de Ministros, los temas incluidos tienen prioridad en las comisiones y en el Pleno. Es decir, la Agenda Legislativa busca dar predictibilidad y orden al trabajo parlamentario, además de alentar la coordinación y colaboración entre poderes del Estado, principio que el Tribunal Constitucional ha reiterado en diversas oportunidades como parte del equilibrio de poderes que caracteriza a la democracia y el estado de derecho.
Es saludable que el Congreso haya aprobado la Agenda Legislativa prácticamente por unanimidad: 105 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Sin embargo, no deja de llamar la atención que esto se produzca luego de tres meses de iniciado el año legislativo, cuando ya las comisiones ordinarias han acordado sus propios planes de trabajo, se ha formado más de una docena de grupos y comisiones especiales e incluso se ha aprobado normas de especial relevancia como la referida a la cuestión de confianza, sobre cuya constitucionalidad existe serios cuestionamientos y una clara oposición entre los poderes legislativo y ejecutivo que ha motivado una acción ante el Tribunal Constitucional[3].
Aunque el Reglamento del Congreso no lo ha previsto expresamente así, lo ideal es que la Agenda Legislativa que se aprueba al inicio de cada periodo anual de sesiones guarde continuidad en las prioridades y evitemos el riesgo de volver a empezar cada año.
La demora en aprobar la Agenda Legislativa está relacionada a los desacuerdos y conflictos entre Congreso y Gobierno, así como al interior de ambos, situación que esperamos pueda afrontarse de la manera más razonable y fructífera posible por el bien de la gobernabilidad, la estabilidad democrática y –principalmente- los derechos de las personas que, como señala la Constitución en su artículo 1, son el “fin supremo de la sociedad y del Estado”.
En este contexto, será muy importante la presentación de las políticas de gobierno que este lunes 25 de octubre realizará la presidenta del Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso y sobre las que habrá de debatirse antes de decidir si se otorga o no la confianza al gabinete que preside Mirtha Vásquez, el segundo en lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo. Es oportuno anotar que recientemente el Poder Ejecutivo publicó la Política General del Gobierno para el periodo 2021 – 2026[4].
Creo firmemente que ni la Agenda Legislativa ni la Política General del Gobierno deben ser un formalismo.
Por esta y otras razones, corresponde prestar permanente atención y activa incidencia ciudadana frente al riesgo siempre latente de dar marcha atrás o desvirtuar las reformas que fueron aprobadas durante los últimos años. Entre los 71 temas incluidos en la Agenda Legislativa figuran el bachillerato automático, la carrera docente, la lucha contra la corrupción, la descentralización, entre otros.
Toca cuidar y defender, especialmente, la reforma universitaria, la reforma de la carrera magisterial, la reforma política y la reforma del sistema de justicia que fueron aprobadas tras intensos debates dentro y fuera del parlamento, para evitar retrocesos o desvíos que nos alejen de los propósitos originales de éstas y otras importantes reformas. Ha costado mucho avanzar
[1] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-del-congreso-por-la-que-se-aprueba-la-resolucion-legislativa-no-002-2021-2022-cr-2004447-1/
[2] https://www4.congreso.gob.pe/documentos/REGLAMENTO-23.05.2014.pdf
[3] https://www.infobae.com/america/peru/2021/10/22/gobierno-presento-demanda-contra-ley-de-cuestion-de-confianza-ante-el-tribunal-constitucional/
[4] https://www.gob.pe/institucion/ceplan/noticias/545616-gobierno-aprueba-la-politica-general-de-gobierno-2021-2026