Esta mañana la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Jhousy Aburto Garavito, formalizó denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía Nacional por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y otros, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las protestas ciudadanas de noviembre de 2020, en el centro de Lima.
La investigación fiscal señala que los altos mandos de la Policía Nacional no solo tuvieron conocimiento de los hechos, sino que, abusando de su alta jerarquía dentro de la estructura policial, habrían ordenado el uso de la fuerza pública, de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas, para impedir que los manifestantes se movilicen hacia Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, y para neutralizar toda protesta social contra el nuevo gobierno de Manuel Merino de Lama.
#LoÚltimo | La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de DD.HH. presentó denuncia penal contra altos mandos de la Policía Nacional por presunto homicidio agravado en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Leer más 👉 https://t.co/3LI33dpwxl pic.twitter.com/Cqst0caokf— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 6, 2021
“Estamos ante un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la Policía Nacional (…) La información recabada da cuenta de que las máximas autoridades del gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino que, además, habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía”, sustenta la fiscal en su denuncia.
Represión arbitraria
Durante la investigación se llegó a determinar que los imputados habrían concertado un plan criminal ordenando, autorizando y ejecutando la utilización de los medios de la policía de manera arbitraria.
Producto de la represión, Bryan Pintado Sánchez recibió una descarga de perdigones de plomo directo al cuerpo: cuatro impactaron en su cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho, que acreditarían que fue asesinado de la manera alevosa.
Inti Sotelo Camargo recibió el impacto de un perdigón de plomo en el tórax. El certificado de necropsia señala que falleció por laceración pulmonar más hemotórax, traumatismo torácico abierto y herida penetrante en el tórax por proyectil de arma de fuego, que pudo ser disparado por una escopeta calibre 12.
Vulneración de los Derechos Humanos
Los derechos humanos son un conjunto de valores éticos de carácter universal, inherentes al ser humano, cuya función es proteger a los individuos mediante la limitación del poder y la opresión estatal. Y es que, los derechos humanos se producen por acción, omisión o falta de diligencia por parte de los funcionarios del Estado.
La presente investigación partió de la premisa de que los delitos de homicidio, lesiones graves y leves y el abuso de autoridad se dieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, toda vez que los efectivos policiales, al ejercer su función de garantizar y resguardar el orden interno, habrían hecho un uso indiscriminado, desproporcional e ilegal de la fuerza pública, afectando derechos fundamentales a la vida, la salud, integridad, libertad de expresión, a la protesta, entre otros.
Cabe recordar que, por este mismo caso, el pasado lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, denunció constitucionalmente –ante el Congreso de la República– a Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, en su condición de expresidente, expremier y exministro del Interior, respectivamente, como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, a título de dolo eventual.
También puedes leer: https://www.patamarilla.com/2021/10/comision-de-constitucion-aprueba-modificacion-a-la-cuestion-de-confianza/