La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se presentó ante el Congreso para pedir el voto de confianza y poner en acto cada una de las medidas expuestas en su discurso de investidura.
En esencia, el discurso planteó lo que la presidenta denominó un nuevo contrato social por la estabilidad, la democracia y los cambios. Este nuevo contrato social establece como primera prioridad los derechos de la gente. Se trata de corregir lo que la pandemia mostró que no funcionaba: el sistema de protección social, la salud, la educación, la conectividad y las brechas de infraestructura.
El discurso articula medidas concretas de corto plazo con buenas intenciones para el mediano plazo. En lo que se refiere a las reformas de mediano plazo las acciones y metas concretas escasean[1].
Respecto a las medidas para el corto plazo cabe resaltar las siguientes:
- Ampliación de la cobertura de Juntos y Pensión 65
- Ampliación de la cobertura de Qali Warma
- Evaluar el otorgamiento de un segundo bono Yanapay para el año 2022
- Subsidio directo de 70 soles al mes a 2.5 millones de trabajadores formales que ganen menos de 2000 soles (costo S/ 2,100 millones anuales)
- Incremento de remuneraciones a maestros (costo S/ 572 millones anuales)
- Nombramiento de maestros (costo S/ 169 millones anuales)
- Potenciamiento de acciones de lucha contra el COVID19
- Promoción de la inversión pública: inversión para promoción de servicios básicos
- Continuar con los avances de las obras para la “Reconstrucción con cambios”
No cabe duda que varias de estas medidas representan un incremento del gasto permanente y para ello se van a requerir de mayores ingresos permanentes. Es quizás por ello que la presidenta del Consejo de Ministros ratificó que solicitarán facultades para efectuar una reforma tributaria. La reforma tendrá como objetivo “generar ingresos adicionales sin comprometer la competitividad de nuestra economía ni afectar derechos adquiridos por los inversionistas”. Se entiende por esto último que respetarán las cláusulas tributarias de los contratos de estabilidad jurídica.
La necesidad de generar ingresos tributarios permanentes es crítica, sobre todo si se tiene en cuenta que estos han decrecido en los últimos años. En efecto, si se realiza una evaluación de los ingresos tributarios durante los últimos 15 años se concluye lo siguiente:
- El comportamiento de la recaudación (medida como porcentaje del PBI) ha sido cíclica con un rango de variación entre 13% y 17% del PBI.
- Buena parte de este comportamiento cíclico ha sido explicado por la recaudación minera, la cual ha fluctuado entre 0.6% del PBI (“vacas flacas”) y 3.4% del PBI (“vacas gordas”)
- No obstante, si se excluye la recaudación minera, la recaudación no minera que es la que más se aproxima a los ingresos permanentes ha tenido una fluctuación entre 11.9% y 15.5% del PBI. Esta recaudación no minera ha tenido un periodo tendencial de declive desde el año 2014. Las razones de este declive han sido reformas tributarias[2] en su mayor parte erradas que disminuyeron tasas y aumentaron deducciones.
En la actualidad estamos iniciando un nuevo periodo de “vacas gordas” con la recaudación tributaria minera alcanzando un monto equivalente al 2% del PBI[3] lo cual va a permitir que este año 2021 se supere largamente las metas de reducción de déficit fiscal el cual es muy probable que se sitúe por debajo del 4% del PBI superando la meta de 4.7% del PBI.
El programa económico de crecimiento con mayor redistribución que ha planteado la presidenta del Consejo de Ministros y que se materializa en un mayor gasto público va a necesitar no solo que las facultades en materia tributaria sean concedidas y que la reforma tributaria sea aprobada. Va a necesitar también un acompañamiento de la SUNAT en la reducción de la evasión tributaria. Si ambas cosas no suceden corremos el riesgo que cuando inevitablemente el periodo de “vacas gordas” termine repitamos la historia permanente de ajustes fiscales que afectan a la inversión pública y al crecimiento. Esperamos que esta vez sea la excepción.
[1] El discurso de investidura planteó la necesidad de la unificación del sistema de salud y la reforma del sistema de pensiones.
[2] Estas reformas tributarias ocurrieron hacia el final del gobierno de Humala e inicios del gobierno de Kuczynski.
[3] A este monto hay que añadirle ingresos por regalías y gravamen minero que equivalen a 0.4% del PBI.
[…] El discurso articula medidas concretas de corto plazo con buenas intenciones para el mediano plazo. En lo que se refiere a las reformas de mediano plazo las acciones y metas concretas escasean[1]. […]