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viernes, mayo 24, 2024

El trasfondo de los conflictos sociales que deberá enfrentar el Gobierno

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N.° 211, correspondiente al mes de septiembre del presente año. En el informe de la Defensoría se da cuenta de la existencia de 198 conflictos sociales registrados (142 activos y 56 latentes); asimismo, son siete los nuevos conflictos detectados por la entidad.

¿Qué es un conflicto social?

La Defensoría del Pueblo define el conflicto social como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia.

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos.

¿Cuál es el rol de la Defensoría?

Para conocer más al detalle sobre los conflictos sociales conversamos con David Montoya, ex jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, quien nos compartió que la Defensoría del Pueblo es una institución de defensa del ciudadano frente al Estado. “En el caso de los conflictos sociales, lo que hace es alertar la presencia de estos conflictos, pero en realidad les compete a las distintas instancias de los sectores nacionales y regionales atenderla. Una competencia de los gobiernos regionales es atender y generar la paz social en sus territorios, lo que pasa es que esto no se desarrolla, salvo contadas excepciones que cuentan con oficinas de atención social y diálogo. La función de la Defensoría es recibir la información y alertar a las instancias nacionales para que resuelvan según su gestión y políticas públicas”.

El reporte de la Defensoría y las zonas de conflicto (Mapa Interactivo)

Según el reporte de septiembre de la Defensoría se cuenta con 198 conflictos sociales registrados y la existencia de siete nuevos casos. Además, según pudimos revisar en anteriores publicaciones de la Defensoría (Reporte N° 209, Reporte N° 2010, Reporte N° 2011), se ha repetido que la mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región se ubican en el departamento de Loreto. En esta zona, durante la noche del 4 de octubre, más de 200 pobladores indígenas llegaron hasta las instalaciones del Oleoducto NorPeruano en el distrito amazónico de Manseriche, en la provincia de Datem del Marañón y se apostaron en las instalaciones de PetroPerú para iniciar el denominado paro amazónico.

Loreto, la región con más conflicto. Para David Montoya, el motivo por el cual esta zona se mantiene como la que estadísticamente cuenta con mayores conflictos es porque aquí está centrado el recorrido y la ruta del Oleoducto NorPeruano y la extracción del petróleo por parte de las empresas petroleras y esto involucra distintos territorios y comunidades indígenas en Loreto. “Hay varias razones, el Oleoducto es muy viejo y al no tener mantenimiento se dan roturas de las tuberías que trasladan el petróleo y este invade los ríos y los territorios cercanos afectando a la fauna y flora, comprometiendo al ambiente. Este es un tema recurrente desde hace varios años”.

Según recuerda Montoya, en el 2017 se planeó establecer un “Plan Loreto”, la idea desde la PCM junto al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) era establecer un plan de desarrollo territorial que involucre las demandas que hay en el territorio, pero esto no se avanzó, solo hubo una propuesta inicial. “Estamos retornando a un ciclo vicioso donde la demanda aparece otra vez, aparecen nuevamente los derrames y, por lo tanto, aparecen nuevamente los conflictos sociales”, alerta.

 Ningún conflicto solucionado. De igual manera, revisando los informes de agosto y septiembre, se observa que en dichos meses el Estado no ha resuelto ninguno de los conflictos que la Defensoría ha venido alertando. Para el ex jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad esta situación es alarmante y nos obliga a repensar el rol de las mesas de diálogo en los conflictos. “Me sorprende, por ejemplo, que en el caso de Apurímac, alrededor del territorio de La Bambas, los reclamos estén planteando el cumplimiento del Decreto Supremo del 2016 de la PCM donde se declara de interés nacional a Challhuahuacho (corredor minero), cuando en el 2017, durante el gobierno de Vizcarra, se presentó un plan de desarrollo de Cotabambas ( que involucra al distrito de Challhuahuacho) por más de dos mil millones de soles para más de 50 proyectos, y el 50 % de estos aún no se han concretado. Esto nos trae a colación preguntarnos si las mesas de diálogo y desarrollo realmente resuelven los problemas sociales o hay cumplimiento de las promesas”.

El problema, según refiere, esta vinculado a acuerdos que se tienen en las mesas, pero no llegan a concretarse o, al menos, priorizarse pues – en muchos casos – estos discrepan del planteamiento de cada sector. “Cuando en las mesas de diálogo se dice que se necesitan tales proyectos a nivel ambiental, energía y minas, salud, educación; casi siempre se establecen como unas propuestas de inversiones o iniciativas que discrepan con el planeamiento institucional que cada sector tiene y, por lo tanto, no se cumple porque lo que señalaste en la mesa no concuerda con las prioridades de planeamiento que los sectores tienen.  No hay una autoridad que obligue a los sectores a cumplir lo que se comprometieron en la mesa de desarrollo o diálogo o se ubiquen como prioritarios”, comparte David Montoya.


El conflicto cocalero y el error político

Como se aprecia en el mapa, en Puno centenares de productores de hoja de coca mantienen bloqueada la carretera Interoceánica en diferentes puntos del valle de San Gabán, provincia de Carabaya. Ellos solicitan la paralización de la erradicación de los cultivos ilegales de coca. Los bloqueos se realizan en diferentes poblados como Lechemayo, Loromayo, puente Inambari, Challhuamayo, Tantamaco, entre otros lugares de la Interoceánica

“La medida de protesta sigue hasta hoy. Toda la población está bloqueando todo porque no hay respuesta de las autoridades. Se ha bloqueado puntos desde Madre de Dios hasta Tantamaya. Si seguimos o no con la medida dependerá del pueblo y la decisión que tomen. Nosotros no podemos imponernos”, manifestó el dirigente Huanca Zamata a RPP Noticias.

Para el especialista Montoya, el caso del Vraem es una cosa especial, pues los conflictos en esta zona son considerados activos críticos nacionales. “Están considerados así por la capacidad para el aporte al Estado, pero también porque no hay soluciones alternativas inmediatas. El caso del Vraem está estrechamiento vinculado con el tema de la coca y las propuestas alternativas al cultivo no equipararon los beneficios económicos. El punto fundamental es la erradicación y esto genera un conflicto porque los agricultores de la zona tienen un margen de ganancia que proviene de la hoja de coca comercializando ´a quien sea´, y a esto nos referimos, también, al narcotráfico.

Un error político. Como se recuerda, uno de los primeros casos que abordó el Ejecutivo cuando asumió el cargo fue el bloqueo de la carretera en el corredor minero de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que involucra las actividades mineras de la empresa china MMG Las Bambas.

El lunes 2 de agosto el premier Guido Bellido se reunió con las comunidades locales, que desde el 23 de julio bloqueaban el acceso al corredor minero sur. El premier llego a Chumbivilcas, su tierra natal, montado a caballo.

Al respecto, David Montoya considera que este fue un primer error político pues al dar la idea de que el premier se aproximaría personalmente a atender los conflictos, generó una sobre expectativa no solo en esta zona. “Lo del ex premier Bellido yendo a Chumbivilcas fue un error político grave. Evidentemente, al ser de esa provincia, quiso mostrarse como alguien que inmediatamente iba a resolver el problema y llegar a un acuerdo; acuerdo que vamos a ver en qué termina porque hemos visto mesas, acuerdos y actas que se firman, pero, al final, los reclamos vuelven a aparecer porque no se ha avanzado mucho. Digo que fue un error político porque hubo una sobre expectativa no solo en Chumbivilcas, el corredor minero empieza en Apurímac, atraviesa Cuzco y llega hasta Arequipa”.

Los siete nuevos conflictos

  • Ayacucho (Distrito de Huanta): Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta solicitan el cambio de los miembros de la Comisión Organizadora, debido a la suspensión de la convocatoria del proceso de admisión 2020-I y 2021-II, Nombramiento a Docentes 2021-II y su desempeño en las labores académicas y actualización de los planes de estudio, entre otros pedidos.
  • Huancavelica (Distrito de Huachocolpa): La comunidad campesina de Huachocolpa solicita a la Compañía Minera Kolpa S.A. la renegociación del contrato de servidumbre del 2016 por el uso superficial de los terrenos, debido a que la empresa minera se habría excedido en el uso del área de servidumbre de paso y además habría afectado los pastizales de la zona.
  • Huánuco: Organizaciones sociales y sindicales demandan al Gobierno Regional de Huánuco la construcción del nuevo hospital de Tingo María.
  • Junín: Pobladores del sector Chala Alta, de la comunidad campesina de Chala, reclaman contaminación ambiental y el incumplimiento de convenios y acuerdos suscritos con la empresa Minera de Mármol S.A,
  • Junín (Satipo): La Central Asháninka del Río Tambo demanda al Gobierno Regional de Junín dejar sin efecto la Ordenanza Regional Nº 345-GRJ/DREJ que rechaza la educación presencial y la restitución de personal médico.
  • Lima: La comunidad campesina de Oyón demanda a la Compañía Minera Buenaventura S.A.A. el cumplimiento de los compromisos suscritos en el 2012 y 2018.
  • Piura: Organizaciones sociales de Ayabaca demandan al Gobierno Regional de Piura el mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, la ejecución de obras de carreteras y la instalación de una planta de oxígeno.

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