Mientras que el contralor general, Nelson Shack, da cuenta, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que 2 445 obras por contrata están paralizadas y solo 66 continúan en plena ejecución, la congresista Chirinos, con la comparsa de la derecha conservadora, mediante una moción, pide que la presidenta del Concejo de Ministros, Mirtha Vásquez, explique el “doble discurso” del presidente Castillo.
Sin embargo, para esa clase política no es una cuestión de Estado que 18 mil millones de soles se encuentren en espera ante la difícil situación económica que atraviesa todo el Perú. Este es el verdadero drama del país donde la burocracia, la corrupción y la incompetencia, más allá de las ideologías políticas, convergen en una nueva cultura nacional a costa de todos los peruanos. El contralor, prácticamente, ha emplazado al Congreso para que apruebe la ley que expande el control concurrente y otras normas que permitan la continuidad de la ejecución de los proyectos.
El país vive en una incertidumbre esencialmente por la narrativa de la vacancia presidencial cuya estrategia va por crear condiciones psicosociales a partir de los yerros y desaciertos del presidente Pedro Castillo. Es la segunda fase del obstruccionismo. A pesar de ello, el Ejecutivo dio muestras de tolerancia al migrar más al centro izquierda con el remozado gabinete que preside Mirtha Vásquez. La oposición furibunda, sin ceder espacio alguno a la propuesta de consenso planteada por la presidenta de la PCM, aprobó por insistencia la ley que interpreta la cuestión de confianza.
El presidente Pedro Castillo, de hecho, no forma parte de la elite política. Es la expresión de una realidad social concreta del país cuyos discursos también reflejan un país con grandes problemas y brechas en el nivel cultural. Mientras no haya decisiones concretas que alteren el orden democrático, con graves consecuencias económicos y sociales, el Congreso no puede solazarse con los exabruptos del jefe de Estado. Bajo esa misma lógica, muchos congresistas pasarían por la Comisión de Ética Parlamentaria. La situación no está para tolerar una forma de farándula política.
En el otro frente, el sector fundamentalista de Perú Libre ha puesto en marcha todo un andamiaje político para promover la convocatoria a una nueva Constitución Política, lo que genera mucha incertidumbre. Es posible elaborar una nueva Carta Magna, pero desde la óptica de la izquierda anquilosada, el cantar es otro. La Constitución de 1979, aprobada bajo la presidencia del líder histórico del APRA, Haya de la Torre, no hizo que el primer gobierno de Alan García sea exitoso. Nos llevó a la peor crisis económica y social de la historia republicana. El buen gobierno depende de muchas variables, más que de los preceptos estrictamente constitucionales.
El nuevo escenario político que vivimos, aun en plena pandemia, es de una gran incertidumbre en la que las responsabilidades son compartidas. Hace poco, en la ciudad Huánuco, capital departamental, en un centro de salud, que constituye el primer nivel de atención, una trabajadora salió a denunciar que desde hace tiempo lava a mano la ropa y demás enseres hospitalarios. La revelación del contralor Nelson Shack, en esta misma línea, expresa la otra realidad peruana que la clase política no la ve ni la siente, a pesar de existir los recursos.