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viernes, mayo 24, 2024

Fraude Electoral en Nicaragua: Un futuro incierto.

Frente a la crisis socio-política que se instaló en Nicaragua a partir de abril 2018 como consecuencia de la brutal represión desatada por el régimen Ortega Murillo ante las protestas sociales, la mayoría de los grupos de oposición reclamaron en un primer momento el adelanto de las elecciones, demanda que fue respondida con la instalación de un estado policial de facto.

La oposición no tuvo más remedio que prepararse para participar en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre apostando al voto masivo de miles de nicaragüenses que durante las protestas del 2018 salieron a las calles a demandar el cese de la represión, justicia por los más de 300 nicaragüenses asesinados, libertad y democracia.

Mediante un intenso proceso de concertación diversos grupos de la oposición acordaron un conjunto de demandas de reforma a la ley electoral con el fin de establecer condiciones mínimas para llevar a cabo unas elecciones creíbles. En dicha propuesta se retomó los acuerdos que Daniel Ortega suscribió con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos en 2016, después de unas elecciones seriamente cuestionadas por la oposición.

Por su parte la Asamblea Nacional subordinada al régimen Ortega Murillo, aprobó unas reformas que constriñen aún más la participación de los partidos de oposición y eligió a nuevos magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral con una clara afiliación sandinista confirmando la total falta de independencia de este poder del Estado.

En el empeño de participar en las elecciones aun en medio de un escenario tan adverso, diversos grupos de oposición se dieron a la tarea de formar coaliciones con los únicos dos partidos políticos que prometían hacer una autentica oposición al régimen y definir mecanismos para la selección de candidaturas a la presidencia y diputaciones a la Asamblea Nacional.

Estos esfuerzos se vieron truncados con la cancelación de los dos partidos políticos que habían ofrecido su casilla a las fuerzas de oposición, el encarcelamiento de más de 30 líderes de la oposición incluyendo seis hombres y una mujer aspirantes a la presidencia, la sustitución de la observación electoral por lo que el régimen llama “acompañamiento” y la feroz persecución a la prensa independiente.

Las y los candidatos a la presidencia y líderes de la oposición han sido acusados de traición a la patria y conspiración para atentar contra la autodeterminación de los pueblos, recurriendo a leyes aprobadas con ese propósito a finales del 2020.

Acompañan al régimen Ortega Murillo en esta farsa electoral, cinco pequeñas agrupaciones políticas que en elecciones anteriores han sido sus aliadas y que en las actuales circunstancias no han dudado en aceptar las reglas impuestas por la dictadura.

Como ya es usual en los procesos electorales desde el 2011 a la fecha, el régimen Ortega Murillo utiliza con absoluta discrecionalidad los recursos del Estado para hacer campaña política, obligando a las y los trabajadores del Estado a hacer proselitismo a su favor.  Incluso la pandemia del covid19 está siendo utilizada para tratar de revertir la creciente falta de apoyo popular, que según la firma independiente CID Gallup no sobrepasa el 19 por ciento, siendo esta la cifra más baja desde 1990 cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones convocadas en el marco de los acuerdos de paz.

En abierta confirmación del fraude electoral próximo a consumarse, el mismo Daniel Ortega y sus voceros en la Asamblea Nacional han anunciado la convocatoria a un nuevo “diálogo nacional”, una vez que se haya confirmado el “triunfo” de Ortega, haciendo un claro llamado al gran capital con quienes se distanciaron a raíz de las protestas de abril y después de una década de sostener estrechas relaciones de cooperación.

Los grupos de la oposición democrática por su parte, además de demandar la liberación inmediata de los más de 150 presos políticos incluyendo 10 mujeres, rechaza el fraude electoral y pide a la comunidad internacional el desconocimiento del régimen Ortega Murillo en congruencia con lo establecido en el Artículo 3 de la Carta interamericana de Derecho Humanos,  relativo a la democracia representativa en cuyo centro está la realización de elecciones periódicas, libres y transparentes y la sujeción de los gobernantes al Estado de derecho.

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