Desde el primer día del Gobierno, aprovechando los errores del presidente Castillo, las derechas han centrado su estrategia de oposición radical en el cuestionamiento a la trayectoria de diversos integrantes del Gabinete, en particular con acusaciones de simpatía con el terrorismo. Con ello han profundizado en su estrategia de generar temor en la opinión pública y crear condiciones para la vacancia en el más breve plazo.
El cambio sustantivo hecho por el presidente Pedro Castillo en su Gabinete puso en evidencia que las derechas no están dispuestas a abandonar esta ruta antidemocrática. Se niegan a dar el paso a un diálogo basado en el intercambio de ideas sobre las reformas planteadas por el Gobierno desde el 28 de julio, con propuestas que permitan mejorarlas o, de ser el caso, descartarlas.
Un claro ejemplo de su incapacidad para responder con argumentos programáticos serios es la II Reforma Agraria, lanzada por el Gobierno con gran simbolismo el 3 de octubre, en el Cusco. Ante esta iniciativa, diversos voceros de las corporaciones agropecuarias o de defensores a ultranza del orden neoliberal se limitan a repetir su permanente cuestionamiento al Estado y niegan la posibilidad de que este cumpla un rol activo en la promoción de la agricultura familiar. Optan por distorsionar esta política, con el apoyo de los medios, y denuncian inexistentes expropiaciones. Es evidente que no tienen propuestas —y al parecer tampoco les interesa tenerlas— para modificar la realidad de millones de pequeños productores agrarios. Su única preocupación es mantener al ministerio del sector a su servicio, tal como ha sucedido durante décadas, y prevenir cualquier cambio que afecte sus intereses.
Es también lamentable el silencio de la derecha parlamentaria, concentrada en deslegitimar al Gobierno, frente a una política que pone en la agenda nacional un conjunto de reformas económicas, sectoriales e institucionales que las organizaciones y productores de la agricultura familiar han planteado desde hace muchos años. Es bueno recordar que diversos gobiernos firmaron actas en las que se comprometieron a llevar adelante algunas medidas que hoy son parte de esta reforma. Al igual que sucede con muchos otros compromisos empresariales y estatales con la población, terminaron en letra muerta y nunca se llevaron a la práctica.
Los principales voceros del Gobierno han señalado que la propuesta busca resolver los problemas estructurales de la población comunera y productora que forma parte de la pequeña agricultura, sumida por décadas en la pobreza y la exclusión, a pesar de ser quienes nos proveen de los alimentos necesarios para nuestras vidas. No estamos, por tanto, ante una política encaminada a expropiar la tierra, sino ante un conjunto de medidas para hacer realidad las transformaciones que requiere con urgencia este sector estratégico de nuestra economía.
La reforma incluye cambios de gran envergadura, los cuales deben ser analizados y debatidos en detalle. Un ejemplo de modificación significativa es brindar la mayor protección posible a nuestra producción alimentaria mediante la franja de precios, el incremento de los aranceles y la compensación a los productores frente a la competencia desleal de muchos alimentos importados. En la mayoría de los casos, estos provienen de países que invierten miles de millones de dólares en subsidiar a sus productores agrarios.
Otro componente central es la forma como se plantea superar el desafío de un Estado caracterizado por sus grandes debilidades de gestión. Si bien el Midagri debe liderar la reforma, este cambio sustantivo para la agricultura familiar no puede llevarse a buen puerto si este no forma parte de un enfoque más integral que es el del desarrollo rural. Para ello se necesita una estrategia multisectorial e intergubernamental; un reto nada sencillo por el sesgo sectorial del Estado y la desarticulación entre los ministerios y de estos con los gobiernos subnacionales. Por estas razones se requiere promulgar a la brevedad posible la norma mediante la cual se constituya el anunciado Gabinete para la Reforma Agraria. Este dispositivo debe ir más allá de formalizar la instancia de encuentro de diversos ministros e incluir los mecanismos a través de los cuales se llevarán a la práctica los acuerdos interministeriales y con los gobiernos subnacionales.
Sin duda estamos ante una política de enorme trascendencia para millones de peruanos que viven en territorios donde se concentra la pobreza y en los que las brechas de desigualdad casi no se han modificado en más de tres décadas del orden neoliberal. Las derechas no están interesadas en salir de su estrategia de desgaste del Gobierno y del terruqueo de todo aquel que promueva opciones de cambio democratizador. Por tanto, la formulación de propuestas para mejorar la II Reforma Agraria es una tarea que deberán asumir las fuerzas sociales y políticas democráticas de nuestro país.