El premier Guido Bellido emplazó al presidente Castillo para no retroceder en la renegociación del gas de Camisea, que él ha iniciado, mientas tanto la bancada de Perú Libre pide la renuncia del canciller Óscar Maúrtua y del vicecanciller Luis Chávez. No son meras discrepancias políticas. PL, a estas alturas, está decidido a agudizar las contradicciones e imponer su agenda a cualquier costo, aun cuando el mandatario peruano pretende generar tibiamente algunos consensos.
El hecho de que el presidente Castillo haya salido a aclarar que toda renegociación del gas será en el marco del Estado de derecho, evidencia la existencia de una forma de paralelismo en la toma de decisiones gubernamentales, incluso muy al margen del propio Consejo de Ministros. En este escenario, las disparatadas de Bellido no serían tan casuales, pues sitúa al jefe de Estado en una encrucijada.
Esta es una realidad que estaba en los márgenes del ejercicio del poder de Perú Libre porque el fujimorismo no estuvo en la capacidad de revertir el rechazo y el descontento social, a pesar del apoyo de los sectores más conservadores del país con todo su poder económico y mediático. La narrativa del terruqueo y del comunismo tampoco trasciende en la actualidad como estrategia de cohesión antigobierno, mucho peor como alternativa política ante la arremetida de un sector de Perú Libre en el gobierno.
La presencia de Pedro Castillo, esencialmente en la OEA y la ONU, con un discurso moderado, convocando, por ejemplo, a la inversión privada americana, no condice con el pensamiento Cerrón y compañía. Estos compromisos internacionales serían inviables bajo el manto del actual premier y su entorno político. El solo hecho de haber amenazado con nacionalizar el yacimiento del gas de Camisea, sin previamente haber convocado a la empresa ni generar consensos con diversos sectores, no garantiza la gobernabilidad en esa dirección ni la ejecución del compromiso social del propio mandatario. Toda renegociación en sectores estratégicos de la economía es válida, siempre y cuando, se ajuste al marco jurídico vigente y forme parte de una visión de país.
A dos meses de gestión del presidente Castillo, si bien el panorama no es apocalíptico, como lo desearían varios sectores y como también lo insinúa de la manera más despectiva el laureado escritor Mario Vargas Llosa, tampoco los resultados son muy alentadores. Los esfuerzos denodados de los aliados podrían diluirse ante el norte incierto que viene orientando el premier Bellido. Y no es un asunto de procedencia social o exclusión por ser provinciano quechuahablante, sino de gestión, de sesgo político descontextualizado en pleno siglo XXI.
La clase política mayoritaria en el Congreso de la República no contribuye a fortalecer la institucionalidad política. El hecho de suprimir las elecciones primarias para el proceso del 2022 implica un grave retroceso en la consolidación democrática de los partidos y movimientos políticos regionales. Organizaciones como APP, AP, Partido Morado, Somos Perú, Juntos por el Perú y un sector de Perú Libre están en condiciones absolutas de generar una coalición de centro y garantizar la democracia y la gobernabilidad en el país.
Este panorama político, de hecho, debería implicar un primer punto de quiebre en la gestión del presente gobierno, lo que significa tomar decisiones inmediatas, antes que los desencuentros terminen en una severa crisis. No solo se trata de hacer algunos cambios en el gabinete ministerial, sino en cohesionarlo en función, por ejemplo, a la hoja de ruta expuesta en el discurso presidencial del 28 de julio, que considera también el nuevo contexto internacional pospandemia y los aportes de otros sectores, como parte de un nuevo consenso político. Un liderazgo institucional, desde el Concejo de Ministros, puede complementar los vacíos y yerros el presidente.