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viernes, mayo 24, 2024

¿Y ahora qué pasa con la confianza?

La semana comenzó con una reunión entre la Presidenta del Consejo de Ministros y la Presidenta del Congreso. Se buscaba coordinar la presentación de la política general de gobierno, que debe darse dentro de los 30 días de que asume un nuevo gabinete, y también conversar sobre la regulación de la cuestión de confianza que venía promoviendo el Parlamento.

 

Esta ley “de desarrollo de la cuestión de confianza” limita los temas por los que procede la confianza (“materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de la política general de gobierno”) y deja fuera a aspectos de reforma constitucional o a los que afectan procedimientos y competencias del Congreso u otros órganos constitucionales. Además, niega la posibilidad de interpretar la negación de confianza por las conductas que realice el Congreso (como sucedió en septiembre de 2019). La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso, pero el Presidente de la República la observó por considerarla inconstitucional. El Parlamento tenía pendiente decidir si insistía en su regulación.

 

Tras la reunión de ayer entre las titulares de ambos poderes del Estado, el gobierno presentó hoy un proyecto para modificar la Constitución, que propone ir más allá de la cuestión de confianza: (a) eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente (que cambia por incapacidad mental), (b) la censura solo por materias vinculadas al ejercicio del cargo del ministro, (c) respecto de la confianza que puede pedir el Ejecutivo a voluntad (confianza facultativa), que solo proceda en “asuntos de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas con la Política General de Gobierno, la iniciativa legislativa ordinaria del Poder Ejecutivo y la permanencia de los ministros de Estado”, y excluye expresamente “cuando verse sobre materias que afecte las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos” y (d) sobre la confianza que se tiene que solicitar al Congreso luego de presentar la política de gobierno (confianza obligatoria), se mantiene la presentación, pero se elimina la votación tras ella.

 

Sin embargo, también hoy, con 79 votos a favor, el Congreso aprobó por insistencia su ley “de desarrollo de la cuestión de confianza”, que ahora será promulgada por la Presidenta del Congreso, quien votó expresamente a favor.

 

¿Qué pasará ahora entonces entre Ejecutivo vs. Legislativo? Lo más probable, una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley y que deberá resolver el Tribunal Constitucional. Solo si se consiguen 5 votos, esta ley será dejada sin efecto, con un colegiado que ahora tiene únicamente 6 magistrados (ante la lamentable pérdida del ex magistrado Carlos Ramos). En el 2018, el supremo intérprete de la Constitución ya resolvió casos similares, en que determinaron que era incompatible con la Constitución restringir los temas para la procedencia de la cuestión de confianza (STC 006-2018-AI/PC) y que podía derivarse la negación de confianza de los hechos (STC 006-2019-CC/TC). Pero habrá que confirmar si mantendrán dichos criterios o se apartarán de sus decisiones previas.

 

Este debate de posible reforma debería hacerse desde la Constitución y exceder el centrarse en una figura (como la cuestión de confianza). La finalidad más bien es analizar todas las posibles interrelaciones entre ambos poderes del Estado, el propio sistema de gobierno u otras instituciones adicionales. Nuestro “presidencialismo atenuado”, ese presidencialismo con elementos de parlamentarismo, con un Presidente como Jefe de Estado y Gobierno elegido por el pueblo, que nombra y remueve ministros a voluntad, y también con control político (censura y confianza, con el correlato de la disolución parlamentaria), requiere ser repensado, conjuntamente con, por ejemplo, la vacancia por incapacidad moral permanente, el posible mayor alcance del juicio político (artículos 99 y 100 de la Constitución) o el incremento de las causales para acusar a un Presidente en funciones (artículo 117 de la Constitución).

 

¿Y qué vendrá después? Probablemente nuevos capítulos de lamentable enfrentamiento entre ambos poderes del Estado. Es cierto que la regulación de la confianza se viene debatiendo en el Congreso desde hace meses y que parecería que solo recientemente ha reaccionado el gobierno con una contrapropuesta. Sin embargo, con el cambio de gabinete, y tras reunión y proyecto, hubiera sido posible intentar buscar debates más amplios, con concesiones mutuas para arribar a consensos y avanzar hacia un verdadero equilibrio y balance. Una nueva oportunidad perdida. Y no pérdida para ellos, sino para el país.

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