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viernes, febrero 7, 2025

Instituciones del Estado se pronuncian tras reuniones de Castillo fuera de Palacio

Pedro Castillo fue captado por cámaras de Cuarto Poder en su domicilio de Breña recibiendo hasta en tres oportunidades a funcionarios públicos. Al no ser la primera vez que el mandatario cajamarquino estaría “despachando” fuera de la “casa de Pizarro”, instituciones del Estado se han pronunciado al respecto.

En primer lugar, la Procuraduría ha solicitado que Palacio de Gobierno informe sobre las reuniones que tuvo Castillo en Breña.

El Procurador General del Estado, Daniel Soria Lujan, envió un pedido de información al secretario general del despacho presidencial, Carlos Ernesto Jaico Carranza, por lo acontecido.

Soria a través del documento pide a Jaico que indique si en dichas reuniones se ha realizado un debido control de los asistentes, conforme a la Ley 28024, Ley que regula la Gestión de Intereses de la Administración Pública, entre otras normas, pidiendo además acompañar copia del registro correspondiente.

Piden que actúe la Fiscalía

Castillo ya había sido advertido por la Contraloría anteriormente que reunirse con funcionarios públicos fuera de Palacio afecta la transparencia y que estaría vulnerando la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.

En ese sentido, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) exigió que la Fiscalía actúe de manera inmediata tras las reuniones que tuvo Castillo en Breña. Señalan que esto genera incertidumbre y sospechas”.

La Bancada APP exige inmediata intervención de la fiscalía sobre la naturaleza y contenido de reuniones del Presidente Castillo en vivienda de Breña. Reuniones fuera de palacio solo generan incertidumbre y sospechas de decisiones deshonestas. ¡Exigimos transparencia!”, precisan en Twitter.

A este pedido se le suma el oficialista Guido Bellido que pidió al Ministerio Público una “exhaustiva investigación” tras lo que sería un despacho paralelo de Castillo en su domicilio.

Romy Chang, penalista, dijo a La República que Además de un tema administrativo, el mandatario cajamarquino habría cometido delito contra la fe pública al colocar una agenda paralela.

Hay un control de visitas que justamente se lleva por razones de transparencia y que todos los funcionarios llevan para evitar posibles elementos de corrupción, tráfico de influencias, y cosas que son irregulares y que pueden afectar a la administración pública (…). La Fiscalía debería hacer una investigación, en todo caso, citando a los responsables como testigos”, precisó.

La Contraloría

Finalmente, la Contraloría solicitó información oficial sobre las reuniones del jefe de Estado que tuvo de manera secreta.

“El marco normativo peruano establece con claridad que toda autoridad, funcionario y servidor público debe registrar y publicar el detalle de las reuniones y gestiones que sostengan en el ejercicio de su función”, se lee en el comunicado.

Precisan que el incumplimiento de esto “afecta la integridad, la credibilidad, la institucionalidad” y es pasible de responsabilidades de los órganos sancionadores competentes.

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