Con información de RFI
Desde Lima, primera escala de una gira latinoamericana, el representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borell, se ha mostrado implacable con el régimen nicaragüense.
«El señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se han presentado a estas elecciones y no podemos esperar a que este proceso arroje un resultado que podamos considerar legítimo, [sino] todo lo contrario», declaró Borrell, ante corresponsales extranjeros, afirmando que el proceso electoral solo busca el «mantenimiento en el poder del dictador» Ortega.
«La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano», dijo el diplomático español, al insistir en críticas que había formulado el 18 de octubre en una reunión de los cancilleres de la Unión Europea en Luxemburgo. «En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un ‘fake’ [de mentira]».
Críticas similares a Nicaragua hizo la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirmó que las actuales condiciones represivas «hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre», mientras que el Senado de Estados Unidos aprobó este lunes una legislación para aumentar fuertemente la presión diplomática sobre Ortega (en el poder desde 2007).
Importante despliegue policial y militar
Más de 30.000 policías y soldados fueron desplegados a principios de semana en Nicaragua, según fuentes oficiales, para resguardar las elecciones del domingo en las que el presidente Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo, sin rivales de peso.
Según dijo a RFI el analista de la ONG International Crisis Group, Tiziano Breda, este despliegue busca también frenar cualquier intento de protesta callejera que pudiera recordar a las de 2018. “Encaja en el miedo que tiene la pareja presidencial a que cualquier tipo de episodio de disidencia pueda despertar el espíritu de protesta y de rechazo que son conscientes que es mayoritario, según las encuestas.”
Ortega competirá contra cinco partidos derechistas cuyos candidatos son prácticamente desconocidos por la población. La oposición política fue excluida de las elecciones. Siete aspirantes presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados. El gobierno acusa a sus opositores de «golpistas», «traidores a la patria» y «lavado de dinero».
“La intención [del régimen] es hacer todo lo posible para asegurar la reelección. Esto incluye detener a opositores, cancelar partidos políticos, acusar a medios de comunicación que debían seguir el proceso, e incluso desplegar a policías y militares para mantener el orden”, asegura Tiziano Breda.
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