Había pensado esperar al lunes 8 de noviembre para escribir esta nota, pero he decidido que igual podía escribirla hoy, dos días antes de la jornada electoral, porque hace semanas que conocemos el resultado de las votaciones -que no “elecciones”- del 7 de noviembre en Nicaragua: Daniel Ortega y Rosario Murillo se proclamarán vencedores, incluso con más de dos tercios de los votos emitidos, de unos comicios que ni la oposición nacional, ni las organizaciones de derechos humanos ni numerosos gobiernos extranjeros habrán reconocido como legítimos.
“Recuerden, un verdadero patriota, un verdadero nicaragüense no pierde el tiempo en participar de ese circo porque realmente esto es un circo, no hay nada que hacer, ya sabemos cuáles van a ser los resultados, quién es el ganador, quién es el perdedor y quiénes son los diputados”, expresó hace unos días Vicente Martínez, párroco de la iglesia Santa Lucía en Ciudad Darío.
Esta es la octava ocasión en que Ortega se candidatea a la presidencia de Nicaragua y, si los pronósticos no fallan, su victoria dará paso a su cuarto mandato consecutivo, una eventualidad inconstitucional hasta 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia le permitió ignorar la prohibición de su reelección. En 2014, una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional, controlada entonces y hoy por el FSLN, habilitó la reelección presidencial indefinida, lo que permitió que Ortega haya continuado gobernando hasta hoy.
La reelección indefinida es una de las muchas arbitrariedades cometidas por Ortega en el proceso de instalar una dictadura dinástica en Nicaragua. Otra fue candidatear a su esposa, Rosario Murillo, para el cargo de vicepresidenta en las elecciones de 2016. Hace unos días, Ortega la ha nombrado “copresidenta”, un cargo inexistente en la Constitución, para garantizar que ella será quien le suceda en caso de que, por problemas de salud, no pueda concluir su próximo mandato.
Es larga la lista de cacicadas con las que Ortega ha convertido, en los últimos seis meses, las elecciones en un “circo”: empezó incumpliendo la resolución de la Asamblea General de la OEA que demandaba reformas electorales y a cambio, impuso una contrarreforma electoral que ha facilitado la inhabilitación de sus reales opositores y la consolidación de su férreo control del Consejo Supremo Electoral. Continuó desoyendo el requisito de supervisión internacional de los comicios y, para terminar con todo vestigio de verdadera competencia electoral, llevó a la cárcel a 7 precandidatos presidenciales, forzó a otros 2 a exiliarse y canceló la personería jurídica de los únicos 3 partidos políticos realmente opositores.
Con estas actuaciones, Ortega ha dejado claro que las elecciones no serán libres, competitivas ni transparentes. Ni siquiera en las noches más oscuras de la historia reciente de Nicaragua se han celebrado elecciones en un ambiente de violaciones de los derechos humanos tan descaradas como las actuales. Así lo han constatado diversos organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch, que en su informe Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua considera que “en las condiciones actuales, los nicaragüenses enfrentan obstáculos enormes -y probablemente infranqueables- para el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como de sus derechos a votar y a postularse a cargos públicos en elecciones libres y justas”.
Sin embargo, es importante no perder de vista que estas actuaciones no son más que un pálido reflejo del carácter dictatorial que ha ido adquiriendo el régimen Ortega-Murillo en los últimos años. Desde la represión a sangre y fuego de la insurrección cívica de abril de 2018, las libertades públicas han ido sufriendo recortes hasta su total eliminación: ha sido asfixiada la libre movilidad, coartada la libertad de asociación y organización, suprimida la libertad de expresión y cancelada la personería jurídica de 45 organizaciones sanitarias, feministas, ambientalistas y defensoras de derechos humanos. Llega a 156 el número de presas y presos políticos, en tanto que cerca de 180.000 nicaragüenses han sido obligados a exiliarse desde 2018, la mitad de ellos durante el año actual.
Habiendo aprobado a finales de 2020 un paquete de leyes represivas, el gobierno puso en marcha el pasado junio una brutal persecución contra las principales figuras de la resistencia cívica, deteniendo a 40 dirigentes políticos, feministas, líderes estudiantiles, periodistas, empresarios y representantes campesinos, a quienes mantiene en condiciones de aislamiento -con especial saña contra las presas políticas, y en especial contra Tamara Dávila y Dora María Téllez- y no les permite la asistencia de sus abogados ni la entrega de alimentos y medicinas.
Actualmente, es evidente que Ortega se sostiene en el poder por la fuerza y que su popularidad, según las encuestas, está bajo mínimos. La más reciente, elaborada por CID-Gallup, expone un desplome histórico del candidato oficialista y su fórmula: si las elecciones fueran entre Daniel Ortega y alguno de los siete aspirantes apresados, el mandatario sandinista solo obtendría el 19% de los votos frente al 65% que lograría la persona opositora.
A dos días de las votaciones se ha conocido que al menos siete medios de cadenas internacionales han sido impedidos de ingresar al país, (@DivergentesCA), mientras 30.000 policías y soldados han sido desplegados para resguardar unas votaciones que serán “acompañadas” por 180 invitados del gobierno, en sustitución de organismos como el Centro Carter, la Unión Europea y la OEA.
Ante los oídos sordos de Ortega al clamor de que garantice unas elecciones libres y limpias, numerosas organizaciones de nicaragüenses en el exilio, colectivos feministas, defensores de derechos humanos y redes solidarias con la causa de la libertad en Nicaragua demandan a la comunidad internacional que desconozca los resultados de estas votaciones y que ejerza toda la presión posible para que sean liberados los presos y presas políticas, y derogadas las leyes que restringen las libertades ciudadanas.
Aunque el resultado de estas elecciones es previsible, no lo es tanto el escenario que se abre el 8 de noviembre en Nicaragua. La única predicción que pone de acuerdo a analistas y activistas es aquella que sostiene que sólo la unidad de las fuerzas opositoras y la firmeza de la comunidad internacional hará posible que el régimen Ortega-Murillo no encuentre fácil acomodo durante su cuarto mandato consecutivo.