El fuerte avance de la corrupción en regiones. El ultimo martes Francisco Antonio Pezo Torres, gobernador regional de Ucayali de fugó de las autoridades tras ordenarse su detención preliminar por dirigir una presunta organización criminal que negociaba con las adquisiciones y contratos de bienes y servicios. Los detalles de su escape los explicó el fiscal superior anticorrupción Omar Tello: “Había una salida escondida en el despacho, que daba a la calle. Había una puerta secreta que daba a la calle. La habría empleado justamente para esto (huir). Siempre cabe ese riesgo (fuga), pese a todas las medidas que se han tomado”, declaró”.
De igual manera, por presuntamente integrar la organización criminal Los Patrones de Quichuay fueron detenidos el alcalde distrital de Quichuay, Gonzalo Párraga Camarena, y otras 12 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, en una megaoperación a cargo de la fiscal adjunta provincial Vivian Villaverde Huaroc, del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín.
Esta presunta organización criminal se dedicaba al direccionamiento para la adquisición de bienes y servicios (uniformes para el serenazgo, recojo de basura, mantenimiento del sistema sanitario y servicios higiénicos del municipio) y se habría apropiado de caudales y donaciones destinados a programas sociales como Pensión 65 y Juntos.
El fuerte golpe de la corrupción
Según revisamos en el informe “Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020” publicado por la Contraloría de la República en agosto del presente año. Durante el 2020, tiempo en que el auge de la pandemia ha cobrado miles de vidas, la Contraloría ha estimado que S/. 22 059 millones se han perdido a causa de la corrupción.
“Hemos calculados que en el 2020 perdimos 22,059 millones de soles por corrupción, que equivalen al 12.6% de todo el presupuesto ejecutado en ese año. Destacan regiones como Piura, Lambayeque, Callao, Lima Provincias, Junín, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho como los territorios con niveles de corrupción muy altos”, indicó en conferencia de prensa el contralor Nelson Shack.
Ejemplificando el caso, la perdida estimada para Lima Metropolitana (S/ 7751 millones) habría servido para instalar 50 centros de salud o comprar 724 plantas de oxígeno. Asimismo, en Piura, se pudo haber instalado 40 centros de salud o adquirir 140 plantas de oxígeno con la pérdida estimada que tuvo por la corrupción e inconducta funcional de S/ 1189 millones en el 2020.
En el informe de la Contraloría, la región con mayor pérdida de dinero a causa de la corrupción lo encabeza Piura con S/1,189,311,655 en perjuicio extrapolado, lo que representa un aproximado del 15.8 % de su presupuesto asignado.
En un reciente mega operativo en esta región por parte de la Contraloría, se reportó un perjuicio económico de 1,135 millones, siendo 1,115 millones en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara y 20 millones de otros servicios de control.
Le continúa Callao (1.025 mil millones de soles) y Arequipa (901 millones de soles) como los tres primeros lugares. Un caso especial es Lima Metropolitana la cual no es considera una región como tal, pero que independientemente cuenta con el gasto mayor a causa de la corrupción a comparación de las regiones ubicadas en el informe de la Contraloría con S/. 7, 751, 494, 638 lo que representa un 10.2 % de su presupuesto. El top 15 de regiones con mayor pérdida de dinero en soles se puede revisar en el siguiente cuadro:
De acuerdo con la Procuraduría anticorrupción, que lleva un registro detallado de los delitos de corrupción de funcionarios en todo el país, los casos que implican a gobernadores regionales se han duplicado en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la mayor parte debido a contrataciones y adquisiciones.
Según los datos de la entidad, en el 2019 se contabilizan 37 carpetas fiscales por casos de corrupción que vinculan a gobernadores regionales. En el 2020, la cifra se elevó a 57 carpetas, y en lo que va del 2021, subió a 58 carpetas fiscales, y eso que no se cuenta el reciente proceso contra el gobernador ucayalino Francisco Pezo. En total existen en giro 115 carpetas fiscales... Y todavía les queda a los gobernadores un año de gestión más. Es muy probable que el número de casos de corrupción se incremente terminado el año 2021.
Los delitos que más se repiten y se atribuye a los gobernadores involucrados son colusión, peculado, negociación incompatible, malversación y cohecho. Esto es, robo de fondos públicos.
Las propuestas para enfrentar la corrupción
Desde el Gobierno, el presidente Pedro Castillo firmó el nueve de diciembre el decreto supremo que aprueba la estrategia de integridad del Ejecutivo al 2022, a fin de prevenir y combatir la corrupción.
La Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 es un documento que tiene por finalidad fortalecer la respuesta coordinada de todas las entidades pertenecientes a este poder del Estado, para asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público.
Aquí, se establece diez acciones entre las que destacan la implementación de mecanismos para la designación y contratación de funcionarios; y asegurar el alcance total del Registro Estándar de Visitas en Línea de las instituciones públicas.
Además, propone la creación e implementación del Registro de Solicitudes de Atención de Gestión de Intereses; y la implementación de una Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, para fortalecer las medidas de protección e incentivos para el denunciante.
“Esta corrupción no es de ahora, esta corrupción tiene sus raíces y se da desde muchos años atrás. Hay corrupción desde una institución educativa, desde los lugares más pequeños, por eso creemos que para acabar con esta lacra debemos fortalecer las instituciones, para que la población vuelva a tener confianza”, manifestó el Mandatario.
Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado, propone algunas ideas para enfrentar la corrupción, como es fortalecer el sistema de justicia, el cual sigue siendo débil a pesar de los esfuerzos del equipo especial de fiscales que investigan casos de corrupción. Asimismo, sostiene que, para proponer medidas contra la corrupción, el instrumento normativo del Derecho Penal clásico es insuficiente, por lo que es necesario concurrir con un enfoque no solo desde la criminología, sino también desde la economía política, la historia y la filosofía.
Otro punto es el rol de la ciudadanía, Maldonado resalta que solo una participación ciudadana activa y vigorosa junto a una prensa independiente y ética puede actuar como contralor efectivo para garantizar que la lucha contra la corrupción no sea desviada o vencida con los mecanismos clásicos de la impunidad.
Para ello, propone promover la construcción de un código ciudadano para la lucha contra la corrupción, que contenga las estrategias y mecanismos de participación y de veeduría de la ciudadanía.
En adición, Proética muestra una serie de propuestas contra la corrupción, como es que los gobiernos regionales y locales se comprometan a elaborar e implementar un Plan Anticorrupción en coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN y, de manera preferente, tomando en consideración las recomendaciones hechas por dicha entidad. Los planes anticorrupción deberán ser producto de la participación de las principales instituciones del sector público, sector empresarial y de la sociedad civil, involucradas en la lucha contra la corrupción. Además, que los gobiernos regionales y locales se comprometan a fortalecer y mejorar la transparencia y acceso a la información pública a través de la actualización del Portal de Transparencia Estándar e implementación de mecanismos innovadores para publicitar cualquier otra información adicional relevante que fortalezca la transparencia y la reducción de riesgos de corrupción. Asimismo, ello se debería complementar con el envío regular y oportuno de la información sobre contrataciones y obras públicas a los portales SEACE e INFOBRAS, respectivamente.
Otro punto es el relacionado a la implementación de audiencias públicas sectoriales de rendición de cuentas, que respondan efectiva y oportunamente a las necesidades de la población. Ello, en el marco del fomento de la participación, empoderamiento y vigilancia ciudadana.