Durante los últimos años, se aprobó en el Perú un conjunto de reformas indispensables cuyos principales resultados se verían sólo en el mediano y largo plazo. Pero empiezan a ser desmontadas.
Para un observador activo del proceso político y legislativo no es difícil reconocer que las reformas no han sido única ni principalmente producto del interés de determinados grupos políticos; tampoco es difícil identificar a grupos que dentro y fuera del Congreso oponen resistencia.
La reforma del sistema de justicia que incluyó, entre otras medidas, la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia de composición claramente diferente, se produjo tras es el escándalo de “los cuellos blancos”, una organización criminal compuesta por jueces, fiscales y lobistas con la finalidad de comprar y vender sentencias y puestos en diversos niveles del Poder Judicial y el Ministerio Público. Los contenidos esenciales de esta reforma fueron impulsados desde el poder ejecutivo con el apoyo de una comisión de expertos de alto nivel.
Un esquema similar dio lugar a la reforma política y electoral que cambió los requisitos para la inscripción y vigencia de organizaciones políticas, estableció las primarias abiertas para la conformación de listas electorales transparentemente y con paridad y alternancia de género y modificó el esquema de financiamiento político.
“Los cuellos blancos” no han logrado ser desactivados por completo, en parte por las dificultades de la JNJ para avanzar con celeridad en procesos de investigación y sanción, en la revisión de las decisiones del ex CNM y en la selección de nuevos magistrados.
Grupos políticos que alcanzaron mayoría en el Congreso el 2020 y el 2021, decidieron flexibilizar las exigencias para su participación en los procesos electorales, y lo han logrado al menos en cuanto a las elecciones primarias. Casi resulta “normal” que los partidos se opongan a ser regulados en su funcionamiento interno, la selección de sus candidaturas y su financiamiento.
La resistencia a la regulación está también detrás de la ofensiva contra la reforma universitaria desde universidades privadas que no superaron la evaluación de calidad por parte de SUNEDU pero pretenden seguir funcionando.
La semana pasada se llegó al extremo de aprobar en el pleno del Congreso y sin debate previo en la comisión de educación un proyecto que anula la prueba nacional docente para avanzar en la carrera magisterial, aprovechando la grave filtración de pruebas que podría llevar a la destitución del ministro de educación. Lo que estaría detrás es el interés por lograr el nombramiento automático y poner fin a la reforma magisterial.
Igualmente, la reforma del transporte se ve asediada por transportistas informales que han encontrado en el ministro de transportes un aliado cuya permanencia en el gobierno resulta injustificable.
Fuertes resistencias se presentan también en el actual debate por la reforma tributaria.
¿Es tan fácil desmontar las reformas? ¿Por qué? Me atrevo a lanzar algunas ideas. Primero, porque la crisis de institucionalidad se manifiesta en la fragilidad y volatilidad de los que llamamos partidos políticos; en realidad se trata de agrupamientos sin identidades ni programas claros, menos aún con una visión de país que oriente su actuación y minimice intereses particulares y prácticas clientelares y lobistas. Así, los representantes de un partido que primero votaron a favor de alguna reforma votan en contra en el siguiente periodo.
Es difícil, también, mantener las reformas por la presión de grupos de interés que logran colocar o cooptar congresistas por distintas vías, entre éstas el financiamiento de campañas electorales.
En tercer lugar, y ahí lo dejo por ahora, las reformas no son sostenibles si el poder ejecutivo no otorga apoyo suficiente para su implementación. Se trata de presupuesto y personal especializado, pero también de respaldo político. Hay casos que ameritan una posición más decidida del gobierno para hacer valer cada uno de los aspectos contenidos en las reformas; el silencio del ministro Carlos Gallardo es más que elocuente en el caso de las amenazas a las reformas universitaria y magisterial, por ejemplo.
Recurrir cada vez a la acción de la sociedad civil para defender las reformas empieza a convertirse en un lugar común al que apelamos casi abusivamente y, talvez, con escaso realismo.