Es normal (no lo correcto o no debería ser correcto ni tradición) que el partido que gana las elecciones elige “a su gente” para gobernar en nombre de la confianza, la militancia y la lealtad, sin importar los antecedentes éticos, penales y judiciales, ni la preparación profesional adecuada para desempeñar tal o cual puesto en el Estado. ¿Alguien duda de la idoneidad de Pedro Frankie, Aníbal Torres o Avelino Guillén? Se les puede cuestionar, como es lógico en democracia, los resultados, las decisiones o declaraciones públicas. No podemos decir lo mismo de otros ministros como de educación y transportes y comunicaciones.
El presidente de la república y la primera ministra Mirtha Vásquez, en la trigésimo novena sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, firmaron el Decreto Supremo N°. 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, cuyo objetivo es prevenir (ojo al piojo con la palabra) la corrupción. Aquí sí hay derecho al escepticismo y apelar a la filosofía de Santo Tomás: “ver para creer”. El vocablo integridad está muy ligado a la ética y deontología y tiene una valla altísima, más arriba de la cupulilla de una torre parroquial. La integridad es el todo, que incluye (mejor subordina), verbigracia, a la honestidad, la honradez, la decencia o la asertividad. En esta perspectiva, los ciudadanos peruanos, en el 2022, seremos testigos del nombramiento de funcionarios (o retiro necesario) con integridad, meritocracia y pulcritud moral (no perfecto ni exento de deslices), libre de cuestionamientos y garantía de gestión trasparente, sin 20 mil dólares en el baño de palacio de gobierno, sin chats para presionar ascensos, sin citas clandestinas en la casa de Breña ni sustracción de exámenes en el Minedu. Eso esperamos con mucho interés. La premier dijo: “La primera medida es asegurar mejoras en la designación de funcionarios públicos, revisar su capacidad profesional y ética, eso también lleva a la revisión de los que encabezan puestos públicos actualmente. Debemos asegurar que los funcionarios tomen decisiones que aseguren que se sirva al ciudadano con esta finalidad todos los funcionarios sabrán gestionar problemas éticos y prevenir conflictos de interés”.
El presidente Castillo, junto al Minedu, debe liderar la calidad del servicio educativo en las universidades. Ante la arremetida contra de la Sunedu desde la comisión de educación del Congreso, donde hay bancada de Perú Libre, debe reafirmar categóricamente su posición de defensa de la calidad educativa universitaria, la autonomía del Consejo Directivo de la Sunedu y de la meritocracia que exige la Ley de Reforma Magisterial. No hacerlo es estar de lado de los intereses voraces de aquellas universidades cuyo licenciamiento fue negado porque no cumplieron con exigencias elementales. Otorgar dos años de funcionamiento a las universidades no licenciadas es un retroceso y un despropósito que atenta contra la reforma universitaria en marcha. La región Huánuco, por ejemplo, tiene tres universidades licenciadas: Universidad Nacional Hermilio Valdizán y la Universidad Agraria de la Selva (públicas) y la Universidad de Huánuco (privada); a estas les ha costado trabajo, cumplimiento de estándares y criterios y hoy son atractivas para los estudiantes que egresan de la EBR. El licenciamiento no les ha caído del cielo ni recibieron salvataje alguno.
Un lunar crítico de la gestión del presidente Castillo es el nombramiento errático y defensa (con silencio cómplice como el caso de Mario Carhuapoma en EsSalud) de funcionarios altamente cuestionados y sin mérito ni perfil profesionales para el desempeño. Finalmente, algunos de ellos (Bruno Pacheco, Iver Maraví, Guido Bellido) han tenido que renunciar o se mantienen otros a pesar de la presión ciudadana, de los medios de comunicación y la tolerancia del Ejecutivo. ¿Los gerentes públicos de Servir (Autoridad Nacional del Servicio Civil) pueden ejercer el cargo de ministro, viceministros o directores sectoriales? En ellos, la meritocracia, sin sujeción a fines políticos, es el emblema que exhiben públicamente. Así como hay gerentes públicos en los gobiernos regionales, en el Poder Ejecutivo también puede haber. En vez de un Mario Carhuapoma en EsSalud puede estar un gerente público o los viceministerios pueden estar gestionados por Servir. ¿Cuál sería el impedimento? Claro que un premier tiene que ser un técnico, con espacios favorables de maniobra política para resolver problemas inmediatos y un nato gestor que involucre a los demás hacia un proyecto país fijo y con brújula.
Un funcionario de alto desempeño profesional (como los gerentes públicos de Servir) y de comprobada calidad ética no es perfecto; nadie garantiza que no se equivoque ni incurra en faltas, incluso en delitos o transgresiones de la ley. El desempeño público no solo es conocimiento, actualización e idoneidad, sino también actitud en el cargo, habilidades sociales (tolerancia, trabajo en equipo, empatía) y comunicación asertiva y efectiva. Que la frase de marras “yo soy un técnico, no un político” no sea un sambenito harto escuchando. Una autoridad es elegida por el pueblo en elecciones políticas. Probidad, idoneidad y Servir es una gran oportunidad para moralizar la gestión pública y el acceso de profesionales de alto desempeño técnico. El artículo 3, Inc. A, 1, DS N.° 180-2021-PCM, dice con mucha claridad: “Para la designación de funcionarios y directivos públicos, las entidades deben observar el cumplimiento de los perfiles de puestos y actualizarlos según las normas emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para tal efecto; asimismo, establecen mecanismos estandarizados, incorporando criterios para verificar la idoneidad técnica y moral del personal, de manera previa y posterior a su selección. Esto incluye a los servidores de confianza”. Más claro ni el agua de manantial.
Si el presidente Pedro Castillo no cambia de rumbo, si no levanta cabeza y si cree que la estrategia de la vacancia de la oposición recalcitrante se ha extinguido, se equivoca olímpicamente. La gestión política tiene crestas críticas que se convierten, si se aprovechan con pertinencia y habilidad, en brillantes oportunidades de equilibrio, reafirmación y despegue. La medición de una gestión gubernamental no solo se refleja en las obras públicas (escuelas, vías de comunicación, hospitales, puentes, etc.), sino también en la atención de salud, educación y saneamiento básico; además, y creo que eso también es relevante, el fortalecimiento de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en los beneficios de vivir en democracia y libertad. Es importante tomar en cuenta el porcentaje de aceptación que tiene, en las encuestas, un presidente de la república y el Congreso durante y al finalizar el período de gestión. Se puede censurar ministros, sancionar a algún congresista con dudosa conducta moral, promulgar leyes, Perú Libre puede hacer añicos, pero la democracia debemos preservarla con transparencia en la gestión, rendición de cuentas y las decisiones políticas correctas y acertadas. Todo cambio y reforma siempre en democracia y dentro del marco constitucional.