Respuesta del Gobierno. Anoche, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley que había aprobado el Congreso que señala que toda reforma constitucional sometida a referéndum debe ser aprobada en primer lugar por el Legislativo.
La ley modificaba los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de derechos de participación y control ciudadano.
«No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política», se lee en el artículo 40 en referencia a la improcedencia del referéndum.
El sustento del Gobierno
En el documento que envían Pedro Castillo y Mirtha Vásquez a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señalan que uno de los principales motivos de esta decisión es que se vulneran principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho al referéndum.
El Ejecutivo precisa que el referéndum forma parte de “derecho de carácter activo que conlleva a que los ciudadanos están investidos de derecho de provocar la ocurrencia de un referéndum con el objeto de hacer sentir su parecer en el ámbito de los asuntos públicos”.
El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Constitución el 26 de noviembre de 2021. En sesión del pleno recibió el visto bueno el 16 de diciembre del año pasado.
La ciudadanía tiene derecho a organizarse para exigir al Estado discutir los asuntos públicos. Por eso, desde el Ejecutivo hemos observado la autógrafa que modifica la Ley 26300, dado que esta atenta contra el derecho fundamental a la participación política plena y al referéndum.
— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) January 14, 2022
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