El sistema económico actual está basado en el libre mercado, donde los consumidores eligen productos o servicios que desean o necesitan. En torno a ellos las empresas compiten bajo la ley de oferta y demanda. Este sistema globalizado funciona hoy con la ideología neoliberal que promueve un mercado más allá de la economía, omnipresente en todas las actividades humanas, pues todas deben buscar ganancia, lucro, perdiendo de vista las finalidades que le son propias o, por lo menos, subordinándolas al mercado. Y la política no podía ser la excepción, pues la lógica económica pasa a regir la vida política, del Estado y de la función pública. Pero, ¿por qué no debiera la política ser vista como un negocio?
Asumiendo la política como negocio
Basados en la lógica económica, los individuos, los partidos y las empresas gastan miles o millones de dólares para alcanzar un cargo público o hacer que un partido o candidato gane las elecciones. Y, como cualquier negocio, se invierte para ganar, para beneficiarse económicamente. No es un buen negocio si solo se gasta para recuperar lo invertido. Eso hace que el Estado sea visto como un botín, no porque directamente se robe sus recursos, sino que a través de negocios el político aprovecha la oportunidad para lograr ganancias, siendo un lobista de empresas, por ejemplo. Así, los contratos que realiza el Estado con las empresas es una oportunidad para recuperar la inversión realizada y obtener más beneficios privados. Esta solo es una de las formas conocidas de hacer negocios desde, con y por el Estado. Otras que también se conocen son formar comisiones que gastan de manera excesiva recursos estatales, sin obtener resultado alguno para la sociedad.
Se podría decir que solo presentamos aspectos negativos de esta influencia de la lógica económica en la política, cuando el modelo de administración y gerencia de los negocios es mucho más eficiente que la burocracia estatal tradicional. Así, ¿por qué no debiera hacerse un gobierno con estilo empresarial? Además, si la política no puede dejar de estar influenciada por la economía, ¿no debiéramos aceptar este destino de convertirse en negocio y solo tratar de regularla? ¿acaso no sería mejor un modelo gerencial para cualquier forma de ejercicio político?
Un punto de vista teleológico
Uno de los argumentos clásicos, hasta ahora presente, es el teleológico, es decir, considerar los fines de las acciones. Así, uno de los problemas principales que tiene la práctica política de hoy es olvidar la finalidad que la orienta, debido a que asume otras que no son suyas. El sistema económico en el que estamos traslada sus fines a una actividad que tiene otros. Las distintas actividades sociales tienen sus propios fines: la medicina tiene sus fines de médicos de curar y salvar vidas, la de un profesor es la de educar y formar estudiantes, la del ingeniero es la de diseñar y planificar soluciones para diferentes necesidades sociales, la de un militar es defender la patria de enemigos externos, etc. Esto ya lo enseñaba Aristóteles: distintas actividades tienen diferentes funciones o finalidades.
Desde esta perspectiva, habría que pensar en cuál es la finalidad de la actividad política. ¿Para qué está un político? Se han ofrecido diferentes respuestas a lo largo del tiempo: 1) es la administración del bien común, para lograr objetivos públicos; 2) es la gestión de los conflictos sociales, para una mejor convivencia social; 3) es el ejercicio del poder político para el bienestar de la sociedad; entre otras variantes y combinaciones. En cualquiera de los modos de entender la finalidad, están directa o indirectamente involucrados los bienes públicos. Y este es el que le daría sentido a toda actividad política. Mientras que, en la actividad económica, realizada a través de las empresas y sus negocios, sus fines son personales o corporativos, que giran en torno a maximizar las ganancias para esos sectores.
No obstante, este esquema dual no deja ver las relaciones entre lo público y lo privado. Pensemos en una empresa de alimentos, que debe satisfacer un bien público, por ejemplo, alimentos a la población, y debe hacerlo de una manera responsable, sin provocar daños a la salud de los consumidores. Todas las empresas tienen que ver con bienes públicos, por lo que tienen responsabilidades éticas o legales si afectan estos bienes. Y es ahí donde este afán de lograr maximizar las ganancias puede llegar a afectar a los consumidores.
Lo mismo pasa con la política. Aunque su finalidad principal es el bien común, no deja de involucrarse con bienes privados, especialmente de las empresas con las que hace negocios. Mantener ese equilibrio también involucra el ejercicio político, a través de una clara distinción de sus funciones y de normas morales y legales que regulen sus relaciones. De lo contrario, la política se instrumentaliza, se vuelve un medio para un fin que no le pertenece, que no le da sentido, sino que la pervierte. Y trae consecuencias indeseables: promueve la corrupción de los funcionarios, movimientos y partidos políticos, dejan de ser importantes las doctrinas y los ideales políticos, genera el descrédito de la política y sus instituciones. Pero el efecto más perjudicial sea la carencia de norte al que debiera dirigirse el país.
Así, señalando las diferencias y las relaciones que hay entre política y economía, no conviene que la primera resulte absorbida por la segunda. No obstante, ¿qué hacer para logarlo, especialmente en el escenario actual? Debemos seguir pensado al respecto.