La corrupción nuestra de cada día tiene varios frentes y diversas modalidades. Suele ser omnipresente y muy diversa. Puede estar en la compra de clips o hasta en un tanque de guerra; para acceder a un servicio básico o pasar piola ante una infracción flagrante; para ascender o ser contratado. Tiene una larga historia y se podría considerar sistémica. Toda una “marca” bien posicionada para la recordación y su ejercicio en nuestro precario e ilegítimo aparato estatal. Paga bien a sus protagonistas y a costa de las mayorías, aquellos que debieran recibir mayores y mejores bienes y servicios públicos. Y con muchos implicados y muy pocos sancionados.
Hasta que llegó el día que asumió el gobierno del pueblo y del cambio, anunciando una lucha frontal contra la corrupción. Es más, denominaron su remozado plan de gobierno de segunda vuelta como “Perú al Bicentenario. Sin corrupción”. En los siete ejes de medidas para los primeros 100 días, no se incluyó un eje específico ni como eje transversal la lucha contra este flagelo conocido, tampoco medidas concretas en esa dirección. Y cuando se trató de conformar gabinetes, no fueron los filtros principales para designar ministros sus trayectorias profesionales, calificaciones académicas, experiencias de gestión sectorial y una probada probidad. Como sabemos, mayor peso han tenido los parámetros de confianzas presidenciales, recomendaciones de su entorno palaciego y el “cuoteo” con los socios políticos. Producir cambios en nuestro complicado entramado público, sobre todo en sus favorecimientos y direccionamientos, requieren de solidas competencias para gestionar con efectividad y creatividad este largo y empinado camino.
Nombró en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a un profesor de biología sin ninguna experiencia de gestión en dicho sector, más bien con algunos conflictos de intereses por su anterior actividad privada. Un sector con antiguos y pronunciados antecedentes de corrupción a gran escala. Está por investigarse la real naturaleza de esta inapropiada designación. El personaje, los funcionarios convocados y sus acciones no calificaban ni con fórceps, en lo que se refiere a una conducción orientada al cambio y la lucha contra la corrupción. Pero sostenido por el propio presidente, a pesar de los hechos y sospechas evidentes. Y, a su vez y curiosamente, gozaba de un desinterés mayoritario para ser censurado, de bancadas que por quítame esta paja estaban enfilados para la vacancia presidencial. ¿Cuál era el “encanto” de tan particular ministro? ¿Qué atributos o funcionalidad veían tirios y troyanos, que los demás mortales no podíamos distinguir?
Hasta que este fin de semana se divulgaron las declaraciones de Karelim López, trajinada gestora de intereses, dando cuenta de la existencia de una mafia en el MTC, dejando entrever la participación del presidente Castillo y, como no, del inamovible ministro. También confesó tener un USB con listados de proyectos viales que tuvieron luz verde, obviamente bajo un esquema de corrupción. Sumando otros actores en escena: el entorno palaciego, los sobrinos y algunos congresistas de AP. Destape que conmovió la opinión pública y con gran cobertura mediática. Al Congreso no le quedó de otra, convocó de inmediato a Pleno que en su agenda incluía la censura al ministro MTC, iniciativa a la que se habían puesto sistemáticamente de perfil. La vieja estratagema de intercambiar respaldo político por obras rediviva. Finalmente, los cálculos presidenciales le indicaban que no podían parar la censura y renunciaron a este ministro muy incompetente para los objetivos de su sector, pero prometedor para afanes crematísticos de autoridades, mediadores, gestores y ejecutores.
Para los que ven al gobierno como botín, el MTC es un sector muy apetecido. Esta cartera tiene el mayor presupuesto en inversión pública. Es el ente rector del desarrollo de eficientes sistemas de transporte (carreteras y ferrovías, de transporte aéreo, marítimo y fluvial) y de la infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones del país. En el transporte terrestre, el MTC es ejecutor y/o promotor de iniciativas destinadas a la construcción de nuevas carreteras. Para ello cuenta con dos unidades ejecutoras: Provias Nacional y Provias Descentralizado. Provias Nacional ejecuta proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional. Provias Descentralizado es la encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural.
Ambas entidades se relacionan con los gobiernos subnacionales (al ámbito donde se ejecutan estas obras) y donde entran a tallar los congresistas como mediadores para su inclusión en el Presupuesto General de la República (que este Congreso aprobó por unanimidad), la transferencia del MEF al MTC y el pedido de información sobre los estados situacionales de dichas obras. Los gestores de intereses, en competencia o alianza con los mediadores, buscan que sus auspiciadas empresas cinstructoras se hagan de la obra apelando a sus “relaciones” con el poder central, regional y/o local para que la unidad ejecutora que corresponda del MTC direccione dicha licitación a su favor. Hay, por cierto, siendo el fin el mismo, variantes de modalidades e intervinientes.
Los casos judiciales de Lava Jato y del “Club de los Constructores”, los diversos casos de congresistas como autoridades regionales y locales, se encuentra muy avanzados y documentados. A través de ellos se pueden conocer a fondo los modus operandis de estas mafias en las obras viales. Casuística y evidencias hay mas que suficientes y desde hace varios años. La pregunta obvia es por qué no se ha generado iniciativas concretas y viables, de corto a largo plazo, de políticas y estrategias en el sector y todo el sistema de inversión pública. Entre ellas las de mayor sanción a los corruptos como incentivos significativos a funcionarios y servidores probos. Delimitar roles y poner candados para congresistas, autoridades subnacionales y empresas constructoras. Pensar en una profunda e integral reingeniería del MTC. Promover, y financiar, mayores y mejores mecanismos de transparencia y un pleno y efectivo involucramiento de los stakeholders.
Ya sea que renuncie el presidente Castillo, lo vaque de alguna forma el Congreso, o lo saque la calle, se debe parar la corrupción, empezando por el MTC. Todos sabemos que ahí se cuecen habas y corruptelas, Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, quien pasa del decir al hacer, del discurso a las medidas concretas. Quien se compra este pleito de ponerles cascabeles a los agentes y condiciones de corrupción, que nos advierta de su presencia y nos encuentre preparados para impedirla. Desde el Estado y del sector privado, desde la política y la sociedad. Revertir su naturalización y cuestionar el sentido común que lo favorece (“roba, pero hace obra”, “todos roban”). Para que los y las miles de los Juan Silva, Karelim López, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, sobrinos y “niños” de hoy no sigan haciendo de las suyas en los tres niveles de gobierno y dándose una vida de lujos. No lo permitamos.