Uno de los problemas que debe enfrentar el gobierno de Castillo, en lo inmediato, es una grave crisis alimentaria que se está procesando. Se pronostica que en los siguientes meses la producción agropecuaria caería en 40%. El principal problema es la subida de los fertilizantes y otros insumos que usan los agricultores. Las siembras disminuirán por dichos costos. También, los insumos para la crianza del ganado han subido en 70%.
No olvidemos que el 80% de la canasta familiar de los peruanos la produce la agricultura familiar. Escasez de alimentos más alza de precios es un petardo que podría traer abajo a cualquier gobierno si es que no se toman las medidas más eficaces y rápidas para enfrentarlo. Se ha dicho que las medidas del gobierno y del parlamento sobre las exoneraciones del IGV en algunos alimentos de la canasta familiar no tendría mayor impacto.
El contexto internacional
Este no es un fenómeno solo del Perú o del gobierno de Castillo es un problema internacional como ya lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el año pasado. Señaló, además, que tres países de América podrían enfrentar una grave crisis alimentaria este año debido a la inestabilidad económica, el desplazamiento, la violencia y la inestabilidad política en la región: Colombia, Haití y Honduras.
La Agencia Reuters informó que el conflicto en Ucrania está amenazando la producción mundial de granos, el suministro de aceites comestibles y las exportaciones de fertilizantes, disparando los precios de los productos básicos y reflejando la crisis en los mercados energéticos. Indica, además, que el aceite de palma es el aceite vegetal más utilizado en el mundo, se usa en la fabricación de muchos productos, como galletas, margarina, detergentes y chocolate. Sus precios han aumentado más del 50% este año. Los precios mundiales de los alimentos tocaron un máximo histórico en febrero, con un aumento interanual de 20.7%, según la agencia de alimentos de Naciones Unidas, mientras que muchos mercados han seguido subiendo. Rusia y Ucrania son los principales productores mundiales de aceite de girasol, con casi el 80% de las exportaciones.
La FAO informa que la crisis sanitaria ha afectado a los sistemas alimentarios y ha amenazado el acceso de las personas a los alimentos a través de múltiples dinámicas. Señala que han producido no solo importantes perturbaciones en las cadenas de suministro de alimentos a raíz de los confinamientos desencadenados por la crisis sanitaria mundial, sino también, una gran desaceleración económica mundial. Precisa que esta crisis ha provocado la reducción de los ingresos y el aumento de los precios de algunos alimentos, por lo que los alimentos han quedado fuera del alcance de muchas personas, se ha menoscabado el derecho a la alimentación y se han frenado los esfuerzos por cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: “Hambre cero”.
El 37º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señala que en el período 2022-23, cinco tendencias principales establecerán las bases para el enfoque programático de la FAO en América Latina y el Caribe: i) la persistencia de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y sus consecuencias socioeconómicas; ii) la recuperación económica, que es irregular y menos dinámica de lo previsto; iii) el aumento de las tasas de pobreza, hambre e inseguridad alimentaria; iv) el aumento de la desigualdad entre los países y dentro de ellos; v) la degradación de los recursos naturales y los ecosistemas, las repercusiones de la crisis climática y el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres y perturbaciones.
La FAO también señala que la recuperación económica viene acompañada de una presión inflacionaria para la mayoría de las economías. Los precios de los alimentos, que habían aumentado ya antes de la pandemia, son ahora una parte fundamental de esta tendencia. Asimismo, dice que las economías emergentes —países importadores netos de alimentos— y las economías de bajos ingresos que hacen frente a la pandemia se verán significativamente afectadas por el aumento del precio de los alimentos, lo que agravará las tendencias de incremento del hambre, la inseguridad alimentaria, la pobreza y las desigualdades.
Las medidas del gobierno en el sector agrario
El gobierno ha continuado con la reactivación agraria mediante el FAE-Agrario, luego ha propuesto la II Reforma Agraria, finalmente, ha declarado en emergencia el sector agrario y la exoneración del IGV a algunos productos de la canasta familiar. Agreguemos que en 9 meses ha cambiado al ministro de Agricultura 3 veces.
En julio del 2020 se creó el Fondo de Apoyo Empresarial al Sector Agro (FAE-Agro), El balance es pobre a pesar de que se ha relanzado varias veces. Cofide informa que, al cierre del 31 de diciembre del 2021, el programa alcanzó a solo 11.300 productores agropecuarios, un 4% del total de 270.000 que se esperaba beneficiar. El alcance fue de apenas 0,51% del total de 2,2 millones de agricultores que hay en el país. Desde sus inicios, el FAE-Agro ha asignado S/ 192,5 millones en garantías, cuando el fondo total disponible es de S/ 2.200 millones. Sólo hay un avance de 9,6%.
Por otro lado, está la denominada “Segunda Reforma Agraria” que se propone promoverá una mayor inclusión social de los pequeños productores de Agricultura Familiar, que suministran más del 80 por ciento de los alimentos que consumen los casi 32 millones de peruanos. Tiene nueve ejes centrales que contemplan medidas concretas para promover la competitividad de los pequeños productores, y mejorar su productividad, lo que les permitirá acceder a nuevos mercados y obtener mayores ingresos en beneficio de las familias campesinas.
En noviembre del año pasado se promulgó el Decreto Supremo N° 022-2021-MIDAGRI que aprueba los Lineamientos de la Segunda Reforma Agraria que aprueba 5 lineamientos de acción. Sin embargo, recién empezará a implementarse a partir de declarar en emergencia nacional el agro y que se complementaría con un paquete de 10 decretos supremos relacionados con el financiamiento agrario, la conservación de los recursos naturales, la seguridad hídrica, entre otros.
El 19 de marzo se publicó el Decreto Supremo que declara en Emergencia el Sector Agrario y de Riego, el dispositivo legal se establece la emergencia el sector agrario y de riego a nivel nacional por 120 días calendario, por los efectos generados por la COVID-19, el incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional, agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria.
En dicho decreto se establece que el MIDAGRI deberá aprobar el Plan de Emergencia Agraria, el cual se aprobó el 9 de abril mediante resolución ministerial Nº 0140-2022-MIDAGRI, donde se han consignado hasta 39 acciones para potenciar la actividad agropecuaria a nivel nacional.
Estamos entrando a una fase crítica y las acciones de gobierno, en el mejor de los casos, estarían en sus inicios. El sector agrario ya está en pie de lucha ha realizado movilizaciones y paros. Los acontecimientos van mucho más rápido que las medidas del gobierno. Ya el Comité de Lucha Nacional Agrario, que reúne a varios gremios ha convocado a un paro preventivo nacional para el jueves 21 de abril con una plataforma de 5 puntos gremiales y políticos. La situación se presenta muy difícil.
