No cabe duda, el más eficiente agitador para la movilización social del pueblo es Pedro Castillo Terrones. Una muestra es la protesta social del 5 de abril a nivel nacional, en particular de Huancayo y Lima, así como las que aún continúan en varias partes del país.
El 5 de abril se veía venir, los conflictos y protestas comenzaron a levantar, sobre todo desde el lunes 28, transportistas, agricultores, ganaderos y otros sectores que también comenzaron a movilizarse. La inflación trepó en marzo en 1.4, la más alta en 26 años según el INEI. De los 586 productos que componen la canasta básica familiar, 457 registraron subida de precios. Se suman la inacción del gobierno y medidas desafortunadas con el decreto de inmovilización social, en el caso de Lima. La condiciones estaban dadas. La suma de todos estos hechos prendió la mecha que incendió la ira popular acumulada. Eso pasó en Chile, por ejemplo. Hoy hay en el país una frustración e indignación popular manifiesta.
El jueves se realizó la movilización nacional de los gremios sindicales encabezada por la CGTP y el SUTEP, a la cual se sumaron otros gremios, para exigir a Pedro Castillo que cumpla sus promesas y demandar el cierre del Congreso. Marcha silenciada por los medios concentrados y afines. También piden que Castillo no renuncie. Exigen, además, tome medidas concretas para enfrentar el alza del costo de vida.
En varios artículos anteriores habíamos señalado que existe un descontento acumulado en la mayoría de los peruanos por reivindicaciones postergadas por sucesivos gobiernos que no resolvió el modelo económico y social del neoliberalismo. Es esta mayoría que votó por Pedro Castillo con la esperanza que él haría los cambios y reformas que el país exige la que se siente engañada.
El problema es que Pedro Castillo no estuvo a la altura de las expectativas del pueblo que voto por él. La manifiesta y reiterada incapacidad de gobierno ha frustrado las esperanzas depositadas en el mismo. El capital político que le entregó el pueblo ha sido despilfarrado en pocos meses de gestión. No hay voluntad política de rectificar o cambiar el rumbo. Peor, no se sabe cómo hacerlo.
La última encuesta de Datum muestra que el 59% quiere que se vaya y el rechazo del gobierno sube a 76%. La desaprobación aumenta en todas las regiones, pero sobre todo en el norte que pasa de 60% a 79%. A nivel nacional sólo el 19% lo aprueba y el Congreso está peor, solo el 12% lo aprueba.
Esta situación ha producido una suerte de acuerdo implícito entre el gobierno y el parlamento, yo no te vaco y tu no me disuelves. Siendo un gobierno débil desde su inicio, Pedro Castillo ha sido incapaz de construir una coalición con el centro político que le permita consolidar un gobierno de transformación del país. Privilegia los votos de PL y de otros pocos aliados para mantener sus 44 votos de no vacancia, a cambio les distribuye cargos en el aparato del Estado, les da obras a algunos congresistas para sus provincias y entrega a la derecha el MEF.
Si bien es cierto en un primer momento parecía que la política iba por un lado y la economía por otro lado -estábamos mal en la política, pero bien en lo económico- esta situación ha cambiado por los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, un proceso de desgobierno, por los constantes cambios de la alta dirección de los ministerios y la no idoneidad en los puestos de confianza en ministerios y organismos públicos (OP), así como la no atención a los reclamos de varios sectores, sin olvidar los brotes de corrupción y, finalmente, al alza del combustible y los productos de primera necesidad.
Hay, además, una manifiesta incapacidad de resolver los conflictos sociales que se han ido acumulando. La Defensoría del Pueblo informa en su reporte 216 de febrero que hay 203 conflictos sociales: 157 activos y 46 latentes. Además, de las actas incumplidas están los cambios constantes en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros que es la unidad encargada de atender los conflictos.
El gobierno no ha tenido la capacidad de comprender y enfrentar adecuadamente esta coyuntura. Se ha producido una explosión social a nivel nacional que está poniendo en cuestión la viabilidad del gobierno de Pedro Castillo. Lo que faltaba, para beneplácito de la ultraderecha que azuzó los conflictos juntamente con la prensa concentrada, algunos dicen que habrían organizado a los vándalos que desataron la violencia en Lima.
Los que ahora están en las calles son los que votaron por Pedro Castillo y la ultraderecha que se subió a la ola de protestas para tratar de capitalizar políticamente para la vacancia, por su parte los medios concentrados atizan los conflictos.
La reunión entre el presidente Castillo y sus ministros con la presidente del Congreso, la Mesas Directiva y los voceros de las bancadas parlamentarias, el martes 5 en la tarde, no sirvió para nada. Ninguno planteó cual es el plan anticrisis. Fue un saludo a la bandera. El presidente se limitó a decir que dejaría sin efecto el decreto de la inmovilización social y fugó a Palacio pese a la insistencia de la presidente del Congreso que se quede. Un intento fallido por salvarse de la responsabilidad política.
La frustración e indignación expresada en las movilizaciones no solo piden la cabeza de Pedro Castillo, sino también, de los parlamentarios, es decir nuevas elecciones generales, eso explica el apuro de la reunión entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
A estas alturas la pregunta es si el gobierno será capaz de resolver los problemas que han planteado los transportistas, los agricultores, los ganaderos, a los cuales se están plegando los gremios sindicales. Los transportistas dicen que solo se les ha atendido el 15% de sus peticiones y los agricultores solo el 50% y amenazan que si no cumplen la repuesta será mayor hasta que se vayan todos.
Al parecer la tendencia es el escalamiento de los conflictos. La estrategia de la oposición es echar más leña al fuego para agudizar las contradicciones, mismos marxistas-leninistas. La caída de Pedro Castillo tiene dos elementos necesarios, el primero es que las investigaciones por corrupción den sus frutos y la otra es que la movilización popular, no de Miraflores o San Isidro, sino del país, escale y obligue a la renuncia o vacancia. La primera tardará, la segunda está en pleno proceso.
Finalmente, advertir que una vacancia o renuncia no es “la única salida a la crisis”, como dicen, por el contrario, se pasará a una nueva con la vicepresidencia y su renuncia obligará a la presidente del Congreso a ocupar el cargo y convocar a elecciones, con lo cual la crisis se prolongará. Tenemos una clase política mediocre y débil, incapaz de hacer viable políticamente el país. Salvo error u omisión.