La polémica designación de Javier Arce al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) no solo se basa por no tener experiencia laboral alguna sobre el sector.
El último domingo un reportaje de Cuarto Poder detalló que Arce fue declarado en condición de “reo libre” por el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima por el aparente delito de estafa genérica. Esto sucedió en julio del 2021.
Asimismo, El Comercio publicó este martes un informe que involucra al titular del Midagri. En dicho producto periodístico da a conocer que Arce omitió dicha información en su declaración jurada de intereses cuando asumió funciones como ministro.
El miembro del Gabinete Ministerial estaría infringiendo la Ley 31457. Javier Arce respondió en la declaración jurada del 22 de mayo que “no” a la pregunta de “tengo o he tenido investigaciones fiscales y/o procesos judiciales”.
En esa misma línea el cuestionado ministro respondió que “no” a la interrogante de “tengo o he estado incurso en procedimientos administrativos sancionadores y/o disciplinarios».
Es importante recordar que el ministro en mención señaló y admitió vía Twitter que estuvo detenido en un penal, pero se le imputó usurpación de funciones, cuando ocupó el cargo de Teniente Alcalde.
“Fui yo, el que denunció actos de corrupción, a un Alcalde Árabe, el mismo que con la Ley 26300, fue revocado por los vecinos del Distrito de Santa Rosa. Injustamente fui detenido por la policía, y el mismo poder judicial, luego de la detención, me absolvió”, escribió.
Un dato no menor es que dicha ley que Arce aparentemente no cumplió señala que la declaración “es puesta en conocimiento del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República, de manera previa a la emisión de la respectiva resolución suprema de nombramiento”.
Además, “el presidente del Consejo de Ministros es responsable de verificar el contenido de la declaración jurada e informar al Congreso de la República en un plazo no mayor de cinco días hábiles luego de publicada la resolución de nombramiento”.
En entrevista con El Comercio declaró el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia. Él indicó que hay una omisión de información que sí ameritaría que la Fiscalía inicie una investigación a efectos de determinar si estamos ante el delito de falsedad genérica.
“Tendría que ser la Fiscalía de la Nación porque tiene condición de ministro. Iniciarle investigación preliminar y, en caso considere que es pertinente abrir un proceso penal, pedir al Congreso que le levante el fuero para poder procesarlo”, añadió.
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