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viernes, febrero 3, 2023

EL LARGO CAMINO PARA CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

Por Ariela Ruiz Caro

El domingo pasado, 6 de cada 10 chilenos rechazaron el texto elaborado por espacio de un año por los miembros de la Convención Constituyente, durante el plebiscito obligatorio que tuvo lugar como condición para que entrara en vigor.

Lejos quedaron los tiempos de las revueltas que estallaron aquel 18 de octubre de 2019 que cegó 36 vidas y dejó centenares de heridos en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en ese país, que derivaron en el Acuerdo de Paz que estipulo la redacción de una nueva Constitución.

Las múltiples reformas hechas al texto de la Constitución promulgada por Pinochet–desde el retorno de la democracia en 1990– no fueron suficientes para responder a los anhelos de justicia social de gran parte de la sociedad chilena. Los primeros resquebrajamientos del modelo se hicieron visibles en 2005 con la denominada revolución de los pingüinos y luego en 2011 con las manifestaciones universitarias. Pero el golpe final de la ciudadanía al sistema político y modelo económico fue el estallido social de 2019.

En el acuerdo logrado con los líderes sociales para cambiar la Carta Magna, se puso como condición que habría antes una consulta popular. Así, el primer referéndum que incluía dos preguntas (una nueva Constitución y si esta debía ser redactada por una Convención Constituyente), tuvo lugar en octubre de 2020, con varios meses de retraso por la pandemia. Este no tuvo carácter obligatorio, pero participó 53% de la población, un nivel alto para los estándares chilenos donde el sufragio no es obligatorio. Casi 80% de los chilenos no sólo votó a favor de redactar una nueva Constitución sino, también, por hacerlo mediante una Convención Constituyente.

Los 155 delegados que conformaron la Convención, en número paritario de hombres y mujeres, fueron elegidos en mayo de 2021 y se instaló dos meses después, con un plazo máximo de un año para culminarla. El segundo referéndum, con voto obligatorio, que tuvo lugar el domingo rechazó rotundamente el texto elaborado.

El rechazo al texto elaborado por la Convención Constituyente no implica mantener la Constitución promulgada en 1980 por Pinochet. El triunfo del rechazo tiene múltiples explicaciones. Algunas propias de la complejidad del extenso texto, la incorporación del concepto de plurinacional y justicia independiente para las poblaciones aborígenes, la feroz campaña de desinformación sobre la misma, y el descenso del respaldo a Gabriel Boric, quien protagonizó y lideró la campaña para aprobarlo.

Los altos niveles inflacionarios debido al incremento de los precios de la energía y de los alimentos, la devaluación de la moneda por factores externos como el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos para frenar la inflación, los altos niveles de endeudamiento como resultado de la pandemia, el aumento de la violencia, la delincuencia y la presencia del narcotráfico –que la población desinformada y alimentada por los medios de comunicación asocia a la gestión del actual presidente–le pasó la factura al referéndum del domingo.

Con gran habilidad, Boric había planteado anticipadamente el escenario del rechazo y anunció que, si ello ocurría, el proceso de cambio de la Constitución continuaría mediante un mecanismo que sería definido por la sociedad civil y el Poder Legislativo.

Así lo hizo saber el mismo día de su derrota. A la par que reconoció que la ciudadanía expresó con total claridad su desacuerdo con el texto, dijo que había que buscar el camino para encontrar una propuesta de amplio consenso para cumplir con la voluntad mayoritaria de cambiar la actual constitución. Un nuevo itinerario constituyente que recoja el aprendizaje del largo proceso de elaboración del texto y logre interpretar el consenso ciudadano, anunció Boric inmediatamente.

Como señal de sintonía con el sentimiento ciudadano, ayer realizó cambios importantes en el Gabinete, el primero desde que asumió el gobierno en marzo de este año, al retirar a altos funcionarios de su círculo más íntimo. Estos tuvieron lugar en las carteras de Interior y Seguridad Pública, la Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social y Familia, Salud, Energía y Ciencia y Tecnología.

Los cambios en estas carteras, sumado al resultado del referéndum, implican el retorno del protagonismo de las fuerzas políticas que se alternaron el poder desde que se retomó la democracia en 1990 y que fueron derrotadas en todas las elecciones después de las revueltas sociales de 2019.

El voto de rechazo al sistema de partidos vigente desde entonces se puso en evidencia en las elecciones de mayo del año pasado, cuando se eligió a los 155 delegados que conformaron la Convención Constituyente. En esa misma fecha se eligió a gobernadores regionales (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue concluyente y el triunfo se lo llevaron los independientes y los representantes de fuerzas de izquierda más radicales agrupados en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otros menores).

Los representantes de los partidos de derecha agrupados en la lista oficialista de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron el 23% de los votos. Peor le fue a la ex Concertación (Partido Socialista, Democracia Cristiana, otros) agrupada en la lista Apruebo que obtuvo apenas 16% de votos.

El debilitamiento de los partidos tradicionales se hizo también visible en las elecciones presidenciales. Recordemos que los triunfadores de las elecciones presidenciales en primera vuelta, en noviembre del 2021 (Kast, con 27,9% de los votos válidamente emitidos y Boric, con 25,8%) hicieron campaña con posiciones radicales en sus respectivos espacios político. Que ambos candidatos pasaran a la segunda vuelta fue también expresión del rechazo a las dos coaliciones de centro izquierda y derecha que, con matices, administraron el modelo neoliberal heredado de la dictadura militar durante las tres últimas décadas.

En síntesis, el rechazo al texto elaborado por la Convención Constituyente el domingo pasado, no significa avalar la Carta Magna actual. Sin embargo, implica una reducción de sus aspiraciones en aras de un texto consensuado. Sin duda, un paso adelante en la construcción social. Por otro lado, el rechazo implica el fortalecimiento de los partidos de centro izquierda, y de la derecha, lo que implica un freno a la profundidad de los cambios a los que aspira Boric.

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