Por Eloy Espinoza
La dirección y gestión de un Estado no es cosa sencilla. La humanidad al principio ni siquiera contaba con un Estado, con una institucionalización del poder político en base a parámetros jurídicos. Y para alcanzar a esa misma institucionalización se han tenido que sobrellevar diferentes pautas, llegándose hoy, muchas veces de manera más formal que real, a señalarse de que estamos ante un Estado Constitucional.
Ese Estado Constitucional tiene como base a tres elementos: el reconocimiento y tutela de los derechos (y de las necesidades humanas básicas y las pautas que permiten el desarrollo humano integral que estos derechos expresan), la limitación del poder y la supremacía (jurídica) de la Constitución.
Una de las características que se desarrolla en este Estado Constitucional es el reconocimiento de que no todos y todas podríamos ejercer las diferentes funciones de ese Estado, sino que estas labores debían ser confiadas a representantes, cuyo acceso a sus labores tenían que ejercerse bajo parámetros jurídicos predeterminados y contar con la legitimidad de origen y de ejercicio inspira en pautas constitucional y convencionalmente previstas.
Con el crecimiento de los Estados, las dimensiones de las tareas confiadas a las y los representantes se hacen más grandes y complejas. Progresivamente se fue yendo a la configuración de grupos humanos organizados, con ideales comunes y una visión similar sobre cómo debe gobernarse y gestionarse una sociedad determinada. Así nacieron los partidos políticos, figura hasta hoy existentes.
Lamentablemente ahora constatamos, sobre todo en países como el Perú, Estado con instituciones débiles, que muchos partidos políticos comenzaron a convertirse en entidades que cubren ciertas formas, pero que son carentes de contenido, y cuyo real sentido es el de avalar la obtención de ciertos intereses personales o de grupo.
Se pierde así el norte que inspiró a la generación de los partidos políticos, la cual es, según algunos matices que aquí se hace largo explicar, atender el interés público, el bien común, el interés general, e incluso, tomando opción por los sectores más vulnerables, el interés social.
Se hacen entonces, indispensable en el Perú efectuar informes que hagan de los partidos políticos organizaciones que vayan más allá de ser cascarones para tratar de justificar intenciones de alcanzar o mantenerse en el control de cuotas de poder en una sociedad determinada. Lo contrario nos llevaría a que la crisis política en la cual vivimos desde hace muchos años se acentúe mucho más. haciendo imposible que vivamos justamente en aquel contexto que los objetivos que buscan alcanzarse con un Estado Constitucional se materialicen, con todo lo dramático que ello significa.
