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sábado, mayo 18, 2024

El Poder Minero sin límites

Por Beatriz Cortez

En las últimas décadas, dentro del estado peruano se ha consolidado un poder tecnocrático que busca aparentar una neutralidad en la toma de decisiones gubernamentales, pero que en la práctica responden a la defensa de intereses económicos privados. La “razón técnica” no es neutral, puede estar orientada a determinados objetivos o fines, se supone que los fines del Estado deben ser la protección del bien común o los derechos humanos, pero tras 30 años de neoliberalismo, tenemos un estado capturado por intereses privados.

Podríamos decir que uno de los sectores empresariales con más poder a lo largo de los años, es el sector empresarial minero, hoy agremiado en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo Energía- SNMPE. Estas décadas han diseñado el estado para lograr sus objetivos, recordemos que en 2020 este sector económico fue el primero en ser excepcionado de las normas sanitarias de contención del COVID-19 durante la primera ola de la pandemia.

A lo largo de estos años, tenemos casos claves para poder entender cómo funciona el poder minero y la tecnocracia estatal.  Uno de estos casos recientes, es el conflicto que estalló en el Sur de Ayacucho a finales del año pasado en 2021, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros, entonces a cargo de Mirtha Vásquez, anunció que se iban a cumplir con los cronogramas de cierre de cuatro unidades mineras. La reacción de la SNMPE fue la de oponerse rápidamente ante este anuncio, señalando que era una decisión unilateral del parte del estado y que no había sustento técnico en esa decisión. La SNMPE señaló que las unidades mineras pueden aún tener vida útil para explotar mineral y que por tanto esos cronogramas se pueden modificar.

Claramente había un conflicto entre criterios de toma de decisiones, al final la presión del sector minero y la prensa aliada, hicieron retroceder al Ejecutivo. Poco importo otro tipo de razones como la protección de medio ambiente, la salud y otro tipo de impactos que viene generando la minería en la economía local de la zona. Otro claro ejemplo, es el último permiso de uso de agua que ha otorgado la Autoridad Nacional del Agua a la empresa AgloAmerican Quellaveco en Moquegua. Esto está causando el rechazo de las organizaciones de agricultores de Valle de Tambo en Arequipa, puesto que los permisos de uso de agua se han entregado en ríos que tributan en el río Tambo, el principal río que da vida al Valle de Tambo.

Otra vez, la SNMPE junto a la CONFIEP se han pronunciado luego que Pedro Castillo se hubiera reunido con organizaciones de Valle de Tambo, señalando que “una intromisión política a un proceso técnico constituye un mal precedente para la competitividad del país”. Nuevamente se obvia señalar los impactos económicos y ambientales que este proyecto generaría en uno de los Valles más productivos del país. La razón técnica puede ser tirana, cuando obvia o excluye criterios para el beneficio común y solo busca defender intereses privados.

El punto está, en que los inversionistas mineros y el estado, han construido el mito en el cual el único camino de “crecimiento económico” que tiene el país se basa en la explotación minería. Estos mitos deben y pueden cuestionarse cuando los indicadores de desigualdad en el Perú son más que evidentes, la crisis económica que se vive y afecta especialmente al campo, es producto del modelo de desarrollo que ha defendido la SNMPE todos estos años. Son tiempos de apostar por modelos económicos que pongan en el centro la vida y la protección de los derechos humanos y ambientales, y donde se haga frente al poder minero sin límites.

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