Por Manuel Silva
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el pasado domingo 13 la Política Nacional de Empleo Decente (PED), iniciativa del Estado para enmarcar lineamientos de acción multisectorial que atiendan los problemas vinculados a una falta de empleo decente. Dentro de este documento se encuentra el lineamiento planteado bajo el nombre de “servicio de protección ante el desempleo”, el que, asimismo, se encuentra en el cuarto punto de los objetivos priorizados (Ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales de los trabajadores).
El cuarto punto de los objetivos priorizados busca ampliar la cobertura de pensiones de los trabajadores, implementar acciones que fomenten la formalización laboral, actualizar y ampliar progresivamente la cobertura de actividades en beneficio del aseguramiento de riesgos laborales, implementar mecanismos de protección ante la pérdida de empleo y difundir el conocimiento sobre el derecho de los trabajadores mediante el diálogo social.
La viabilidad del servicio de protección ante el desempleo, es decir, el seguro de desempleo, está sujeta al consenso político y la definición del mecanismo de financiamiento, entre otros factores. Sin embargo, su inclusión en la Política Nacional de Empleo Decente busca proteger los ingresos del trabajador ante la pérdida de ingresos debido a la situación de desempleo, y a su vez, promover e incentivar la búsqueda activa de un nuevo empleo. En la implementación de este servicio, se incluirá indicadores que busquen reincorporar al desempleado en el mercado laboral formal; este es uno de los principales objetivos de dicha prestación. Las personas que recibirían este servicio serían, según el documento, los asalariados formales en régimen privado.
La medición de este servicio sería la entrega oportuna del servicio de protección ante el desempleo a los asalariados formales que han perdido sus ingresos debido a una situación de desempleo y que se han reincorporado al mercado laboral formal
La estrategia está aún en diseño; para el economista Humberto Campodónico, se deberían priorizar dos puntos: el incentivo a la informalidad y el impulso al empleo. “El 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) es informal; dentro de la informalidad, algunos son pobres y otros no. El tema fundamental es una política industrial, una que impulse a las industrias y los emprendedores”.
Situación del desempleo en el Perú
Recogiendo el último informe del Instituto de Estadística e Informática (INEI) cerca de 284 mil trabajadores quedaron desempleados en el primer trimestre del 2021, lo que se traduce en una disminución de 1.7 % en la población ocupada.
Entre enero y marzo, en número de personas ocupadas en nuestro país alcanzó los 16 millones; esto se segmenta en zonas urbanas (12 millones) y zonas rurales (4 millones).
La variación respecto al año anterior es de 2.3 puntos porcentuales al obtener durante el primer trimestre del 2021 un 7.5 % de desempleo vs 5.3 % en el 2020.
Es por ello que la abogada Mayra Montes considera que una Política Nacional que incluye un servicio enfocado en cubrir parte del desempleo en la PEA es “importante debido a que siendo un país con casi el 80 % de empleo informal, estas medidas va beneficiar al trabajador para que sus derechos laborales se cumplan y que el empleador sea fiscalizado en sus gestiones”.
“Por parte del Estado, se requeriría mayor fiscalización laboral a los empleadores, el papel de la Sunafil debe valorarse más; por parte del empleador, flexibilización de las medida de trabajo hacia el colaborador”, comenta.
En Lima Metropolitana, en el trimestre marzo-abril-mayo 2021 había 7 millones 997 mil personas con edad para desempeñar una actividad económica (PET), que constituyen la población potencialmente demandante de empleo. El 62,7% (5 millones 12 mil personas) de la PET, era Población Económicamente Activa (PEA) y el 37,3% (2 millones 985 mil personas) Población Económicamente No Activa.
En el trimestre de análisis, se estimó que existen en Lima Metropolitana 4 millones 409 mil 100 personas con empleo, que equivale al 88,0% de la PEA. Comparada con similar trimestre del año 2020 (2 millones 549 mil 200 personas) aumentó en 73,0% (1 millón 859 mil 900 personas); mientras que, respecto al trimestre marzo-abril-mayo 2019 (periodo pre pandemia), se contrajo en 9,4% (458 mil 400 personas)
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Seis experiencias en América Latina
La metodología es distinta en cada país, según un informe de la BBC, el seguro de desempleo tiene ciertas características comunes en la región: el beneficio dura en promedio unos seis meses y los pagos disminuyen gradualmente para incentivar al desempleado a conseguir trabajo.
Argentina: El seguro de desempleo está vigente desde 1991. Es para trabajadores asalariados del sector privado que pierden el empleo sin causa justa o por fuerza mayor.
Este pago se calcula bajo el porcentaje de los últimos salarios, que se suma al pago de asignaciones familiares, cobertura médica y reconocimiento de la antigüedad para la jubilación.
Brasil: Seguro vigente desde 1986. Centrado en trabajadores despedidos sin causa justa, que hayan realizado 12 aportes mensuales al Seguro Social. Esta consiste en un pago que responde al promedio del salario mensual en los últimos tres meses de trabajo.
Chile: Seguro vigente desde 2001. Es para trabajadores sector privado y tiene dos alternativas: Cuenta Individual por Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario. Aquí el pago corresponde a una asignación monetaria básica (calculada como un porcentaje de los últimos salarios) más la entrega de asignaciones familiares, cobertura medida y reconocimiento de la antigüedad de la jubilación.
Colombia: Seguro vigente desde 2013. Trabajadores que han hecho aportes a la Caja de Compensación Familiar por 1-2 años en los últimos tres años.
El beneficio incluye contribuciones a los sistemas de salud y una pensión con salaria mínimo, bono de alimentación, acceso al subsidio familiar vigente, y asistencia en la búsqueda de un nuevo empleo.
Ecuador: Seguro vigente desde 2016. Trabajadores despedidos, que han hecho al menos 24 meses de contribuciones al Seguro Social y que llevan 60 días sin trabajo. Se da una asignación calculada con los últimos salarios en su trabajo.
Uruguay: Seguro vigente desde 1991. Trabajadores del sector privado que pierden el empleo o quedan suspendidos. Asignación básica calculada como un porcentaje del salario promedio de los seis meses finales de empleo.