La mayoría parlamentaria logró dividir la última legislatura del Congreso elegido el 2020 en dos: una que terminó el 12 de junio y otra –la “cuarta legislatura”- que inició el 13 del mismo mes. La decisión es claramente cuestionable y vulnera el criterio según el cual entre una legislatura ordinaria y otra debe haber un intervalo suficiente de tiempo.
Crear una “cuarta legislatura” tenía el propósito de aprobar reformas constitucionales de mucha relevancia. Recordemos que toda reforma constitucional requiere ser aprobada por no menos de 87 votos (dos tercios del número legal de congresistas) en dos legislaturas ordinarias sucesivas, o 66 votos (la mitad más uno del número legal de congresistas) más un referéndum en que la ciudadanía ratifique la reforma. Entre las reformas a la Constitución que pretendían aprobarse se encuentran la restauración de la bicameralidad con elecciones para el Senado en octubre del 2022 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales; la restricción de las causales mediante las que el poder ejecutivo pueda plantear una cuestión de confianza; la designación del procurador general del Estado por parte del Congreso de la República; y la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.
Las pretensiones de la mayoría parlamentaria de reformar la Constitución de forma apresurada y sin mayor debate se cayeron luego de que el jueves 10 no lograron los 87 votos necesarios para aprobar la primera reforma constitucional que entró al debate en el Pleno: la referida a la cuestión de confianza. En primera votación alcanzaron 80 votos y en la segunda –producto de una reconsideración- llegaron a 81. El presidente de la comisión de constitución y principal impulsor de las mencionadas reformas, Luis Valdez Farías de las filas de Alianza Para el Progreso (APP), no insistió más; era evidente que no lograrían los votos requeridos para reformar la Constitución mediante legislaturas ordinarias sucesivas. La inventada “cuarta legislatura” no ha servido, pues, para estos despropósitos.
Es cierto que pueden insistir para que en la “cuarta legislatura” se aprueben las reformas, pero para que se hagan efectivas tendrán que ir a referéndum; dudo mucho que la ciudadanía las apruebe y estaremos ya con un nuevo Congreso y un nuevo presidente o presidenta de la República.
Soy partidario de la bicameralidad, pero con un serio y sereno debate sobre las atribuciones del Senado y sobre la forma de elegirlo. No estoy de acuerdo con que éste sea elegido el año 2022 y estoy convencido de que el propósito es que los actuales congresistas y los del Congreso disuelto el 2019 postulen sin esperar hasta el 2026, se trata de una forma de sacarle la vuelta a la prohibición de reelección de congresistas aprobada en el referéndum del 2018. Tampoco estoy de acuerdo con restringir la potestad del poder ejecutivo de plantear una cuestión de confianza, pues tal como está el dictamen sustentado por Valdez Farías se rompe el equilibrio de poderes, uno de los pilares esenciales de la democracia.
En cuanto a la elección del procurador general del Estado por parte del Congreso de la República abundan los riesgos de que esto sea politizado y entre en la espiral de “repartija”, como se ha intentado en más de una oportunidad con los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.
A propósito de la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato se encuentra vencido, la mayoría parlamentaria insiste en hacerlo antes de la instalación del nuevo Congreso y pese a los vicios en que ha incurrido la actual comisión seleccionadora. Un Congreso de salida y con elevados niveles de desconfianza no garantiza los criterios de transparencia, meritocracia e imparcialidad exigidos. Insisto, pues, en que hagamos todo lo posible para que el actual proceso quede sin efecto y sea el nuevo Congreso el que asuma tan importante responsabilidad.
Toca estar muy atentos a lo que queda de tiempo para que el actual Congreso concluya su mandato. Como señalé en una anterior columna, la mayoría parlamentaria debe considerar que aunque formalmente el Congreso tiene la plenitud de sus atribuciones hasta el último día, tratándose de un órgano eminentemente político y llamado a representar los intereses de la Nación con la pluralidad que ello supone, ha de ejercer sus atribuciones y responsabilidades calibrando el momento político y las expectativas ciudadanas[1].
La semana pasada, un sector del Congreso soltó nuevamente la idea de censurar al presidente Francisco Sagasti acusándolo de interferir en el proceso electoral. No sería raro que algún congresista presente la irresponsable moción a escasas seis semanas de que se produzca el cambio de mando conforme a la Constitución. Insisto, pues, en poner reflectores sobre el Congreso y vigilar activa y responsablemente sus acciones.
[1] https://www.patamarilla.com/2021/05/el-congreso-se-juega-mal-los-descuentos/