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lunes, abril 15, 2024

¿Hacia dónde irá el nuevo Congreso?

La ceremonia de juramentación de los y las congresistas para el periodo 2021 – 2026 ha mostrado algunos gestos que pueden ser muy relevantes para la agenda parlamentaria. La junta preparatoria estuvo integrada por un congresista de Perú Libre, una de Fuerza Popular –ambos partidos han sido los principales competidores en las recientes elecciones presidenciales- y uno de Podemos, partido cuya inscripción motivó investigaciones fiscales todavía en curso.

 

Al escribir esta columna, se han presentado tres listas para presidir la mesa directiva del primer año legislativo y es muy probable que al leerla ya se haya producido la elección. Al parecer hay dos bloques en formación: uno que agrupa a Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Avanza País, un bloque –digamos- de centro derecha. El otro integrado por Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú y el Partido Morado; este sería un bloque de centro izquierda. La tercera lista está integrada sólo por congresistas de Renovación Nacional y, al parecer, no contaría con el respaldo de todos sus miembros. Sólo Fuerza Popular no integra ninguna lista.

 

Sin duda, es muy pronto para saber si estos bloques se mantendrán en el mediano y largo plazo. La distribución de comisiones nos dará más luces al respecto. Por cierto, la postura que adopten frente al gabinete ministerial que forme el presidente Castillo será mucho más determinante para conocer y comprender el Congreso que tendremos y el espinoso tema de las relaciones entre ejecutivo y legislativo.

 

Volviendo a la ceremonia de juramentación de congresistas, quiero destacar dos aspectos. Uno es la reiterada alusión de muchos de los nuevos parlamentarios a la Constitución; algunos juraron en defensa explícita de la Constitución de 1993, mientras que otros lo hicieron por el cambio constitucional. Y es que éste ha sido uno de los temas de mayor confrontación durante la campaña electoral de segunda vuelta, pese a que según las encuestas no se encuentra entre las principales expectativas ciudadanas. Reformas a la carta magna habrán, el punto es si serán parciales o totales y bajo el mecanismo previsto por el marco constitucional actual.

 

Sugiero prestar atención también a gestos particulares que pueden tener trascendencia política. La congresista Isabel Cortez (JP) juramentó con su uniforme de empleada municipal de limpieza pública, lo que nos remite a la necesidad de defender, ampliar y –por cierto- restaurar derechos laborales, justo en un contexto en que la pandemia ha dejado a miles sin empleo o los ha lanzado a la informalidad. Las propuestas de reactivación económica deben, pues, incorporar como aspecto esencial la reactivación del empleo, del empleo digno.

 

Por su parte, la congresista Susel Paredes (PM) juró por la igualdad levantando la bandera que identifica a la comunidad LGTB+. El gesto –inédito en la práctica parlamentaria- no puede sino ser el anuncio de la continuación de una dura batalla por el reconocimiento y ampliación de derechos para una población reiteradamente invisibilizada, negada, acusada y maltratada. En general, la igualdad de derechos es un signo de una democracia que madura y de una sociedad incluyente.

 

La presencia del partido Podemos en el Congreso nos recuerda que sigue en agenda una reforma política inconclusa; una reforma que haga posible el fortalecimiento de partidos con programas claros, con asentamiento nacional y lejanos de toda forma de corrupción. Como señalé líneas arriba, existe una investigación fiscal por presuntos delitos cometidos para lograr la inscripción de este partido político que involucraría –entre otros- a su fundador y actual congresista José Luna Gálvez, así como al destituido ex jefe de ONPE Adolfo Castillo Meza.

 

Precisamente, es la corrupción otro de los temas que la agenda parlamentaria habría de priorizar, tanto para aprobar normas que reduzcan los riesgos de cometer delitos contra la administración pública, como para agilizar los procesos en la subcomisión de acusaciones constitucionales y desterrar toda forma de “blindaje”. Las primeras sesiones plenarias del Congreso deberían destinar espacio y tiempo para las acusaciones constitucionales aprobadas en la última sesión de la comisión permanente del Congreso saliente; allí están las acusaciones contra los exfiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, el exjuez supremo César Hinoztroza, el ex consejero Julio Gutiérrez –todos ellos presuntamente vinculados a la organización criminal “los cuellos blancos”- y el ex contralor Edgar Alarcón.

 

Eliminada la inmunidad parlamentaria, habrá que estar atentos a la conducta del Congreso frente a parlamentarios que llegan con investigaciones en curso: José Luna (Podemos), Guillermo Bermejo (PL) y Alejandro Aguinaga (FP), por citar algunos casos[1].

 

Éstos son apenas algunos puntos para encontrar claridad sobre el rumbo que adoptará el nuevo Congreso.

[1] Luna Gálvez es investigado por presuntos actos delictivos para la elección de Castillo Meza como jefe de ONPE y la inscripción del partido PODEMOS, Bermejo lo es por presuntos vínculos con actividades terroristas y Aguinaga por su presunta participación en esterilizaciones forzadas.

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