Maria Teresa Blandon
Movimiento Feminista de Nicaragua
Desde abril del 2018, Nicaragua vive una profunda crisis de derechos humanos generada a partir de la brutal represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de las protestas ciudadanas que, en un primer momento protagonizaron un pequeño grupo de hombres y mujeres de la tercera edad cuyas pensiones fueron reducidas y otro pequeño grupo de jóvenes estudiantes universitarios de la capital, que demandaban poner fin a un voraz incendio que consumía un amplio territorio de la Reserva Indio Maíz.
Las golpizas perpetradas por militantes de la juventud sandinista en presencia de la policía y luego los primeros asesinatos cometidos por antimotines y paramilitares en contra de jóvenes que se manifestaban de forma pacífica, generaron una ola de protestas masivas en todo el país exigiendo el cese de la represión y la salida el régimen Ortega-Murillo.
Entre los meses de abril a septiembre del 2018, más de 300 nicaragüenses fueron asesinados, más de dos mil fueron víctima de secuestro, malos tratos, violaciones y tortura, un número indeterminado de heridos y más de 100,00 nicaragüenses obligados al exilio ante las amenazas de las fuerzas paramilitares al servicio del régimen.
La violación sistemática de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad durante tres años de represión, han sido ampliamente documentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y organismos nacionales especializados en este ámbito, entre otros.
Entre mayo del 2018 y marzo del 2020 se llevó a cabo dos ejercicios de “diálogo” entre el régimen Ortega Murillo y voceros de la sociedad civil convocados por la jerarquía de la iglesia católica a instancia del propio régimen, supuestamente para intentar una salida negociada a la crisis; sin embargo, el régimen incumplió prácticamente todos los acuerdos suscritos y por el contrario instaló desde entonces un estado policial de facto, tal y como lo ha declarado la CIDH.
En medio de una cada más aguda crisis política y de derechos humanos, en noviembre del presente año se deberá realizar elecciones para elegir un nuevo gobierno, representantes a la Asamblea Nacional (congreso) y Parlamento Centroamericano.
Desde finales del 2017 y ante las claras evidencias de fraude en las elecciones realizadas el año anterior, el régimen Ortega Murillo a instancias de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA) asumió el compromiso de realizar importantes reformas al sistema electoral, con miras a asegurar a futuro, la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas.
Sin embargo, a inicios del mes de mayo el régimen Ortega Murillo que tiene el control absoluto de la Asamblea Nacional (70 diputaciones de un total de 90), reformó la ley electoral desconociendo los compromisos asumidos con el Secretario General de la OEA en el 2017 y las demandas de los grupos de oposición. Además, eligió a un Consejo Supremo Electoral integrado por reconocidos colaboradores del régimen.
Además de tener el control absoluto del poder electoral, a finales del año 2020 el régimen Ortega-Murillo aprobó un paquete de leyes orientadas a restringir la libertad de prensa y expresión, el derecho a la protesta, la existencia de las ONGs y la emergencia de nuevos liderazgos que aspiren a cargos de elección popular. Se trata de la ley ciberdelitos, ley de regulación de agentes extranjeros y ley de soberanía.
Bajo estas figuras jurídicas carentes de toda legalidad, durante los últimos dos meses han sido privados de libertad 7 aspirantes a la presidencia de la república (dos están en el exilio), defensores y defensoras de derechos humanos, activistas que luchan en contra de la dictadura y hasta algunos empresarios. Más de 150 nicaragüenses guardan prisión por razones políticas, algunos de los cuales llevan más de dos años injustamente encarcelados.
En este escenario en que el régimen Ortega-Murillo haciendo uso de todos los poderes del Estado y de la obediencia de la jefatura del ejército y de la policía ha conculcado todos los derechos ciudadanos, la oposición nicaragüense se enfrenta al enorme desafío de decidir si participar en una farsa electoral o continuar demandando elecciones libres, lo cual solo puede ser posible sin la participación de la pareja Ortega-Murillo, quienes al ser los principales responsables de los crímenes cometidos, deben estar inhibidos de por vida.