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sábado, mayo 18, 2024

Sobre política parlamentaria

A simple vista, y en opinión de algunos analistas, el partido de gobierno -Perú Libre- ha perdido una batalla política al no lograr la presidencia de las comisiones de constitución y de presupuesto en el Congreso. Se afirma que ésta es una situación inédita pues, se dice, el partido de gobierno o el de mayor número de congresistas siempre presidió dichas comisiones. Esto no es exacto.

En el periodo 2016 – 2019, las comisiones de constitución y de presupuesto estuvieron bajo la conducción de Fuerza Popular – FP, aunque la presidencia de la República recayó en Pedro Pablo Kuczynski, primero, y Martín Vizcarra, después, ambos elegidos en la plancha de Peruanos Por el Kambio – PPK; Fuerza Popular presidió también la mesa directiva del Congreso durante ese periodo. En estos casos sí coincide la presidencia del Congreso y de las comisiones de constitución y de presupuesto con la bancada mayoritaria (FP logró 73 congresistas), pero no con la presidencia de la República que, como hemos señalado, recayó en el partido PPK que ganó la segunda vuelta.

En el Congreso extraordinario del 2020 – 2021, la mayoría de congresistas la obtuvo Acción Popular – AP, pero las comisiones de constitución y presupuesto fueron presididas por parlamentarios de Alianza Para el Progreso – APP. Al instalarse ese Congreso la presidencia de la mesa directiva recayó en AP, hasta la caída del bloque que llevó a Manuel Merino (AP) a palacio de gobierno por cinco efímeros días. Luego de ello, el Congreso pasó a ser presidido por Mirtha Vásquez, del Frente Amplio – FA, y la presidencia de la República la ejerció Francisco Sagasti, del Partido Morado – PM; ambos concluyeron sus mandatos con destacada aprobación y aprecio por parte de unos y otros. Tanto FA como PM eran partidos con bancadas minoritarias.

El actual Congreso ha elegido como presidenta de la mesa directiva a la parlamentaria María Alva, de AP, y como presidentes de las comisiones de constitución y de presupuesto a representantes de FP y APP, respectivamente.

La presidencia de las comisiones ordinarias es importante para sacar adelante iniciativas legislativas, pero no llega a ser determinante como algunos sugieren. Otros factores políticos son también claves para impulsar –o bloquear- propuestas y reformas de relevancia. Veamos.

El gobierno del expresidente Vizcarra logró que se apruebe la reforma judicial –incluyendo el referéndum ciudadano del 2018- y la reforma política en sus aspectos esenciales propuestos por comisiones de alto nivel integradas por personalidades y especialistas no partidarizados; esto pese a la resistencia de la presidencia de la comisión de constitución a cargo de Rosa Bartra (FP).

En el corto periodo del Congreso extraordinario 2020 – 2021, la comisión de constitución presidida primero por Omar Chehade y luego por Luis Valdez (ambos de APP), no logró la aprobación de la restauración de la bicameralidad ni las modificaciones a la cuestión de confianza, por citar dos temas de especial interés que fueron impulsados en contra de la opinión ciudadana y de bancadas minoritarias. Pese a tener la mayoría de votos, ese Congreso tampoco logró la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en un proceso altamente cuestionado y lleno de irregularidades que finalmente logró ser bloqueado mediante una acción de amparo ante el Poder Judicial.

El análisis –con un detalle mayor al que permite esta columna- de estos procesos recientes y las movidas políticas en torno a los mismos resultaría muy útil para comprender que las decisiones en el Congreso responden a una complejidad que va más allá del número de escaños y de la presidencia de una u otra comisión. No niego que presidir comisiones “claves” es un factor importante, pero –insisto- no es el único ni el determinante. Conviene mirar también la dinámica al interior de la subcomisión de acusaciones constitucionales o de levantamiento de inmunidad parlamentaria que, en buena cuenta, han servido para “blindar” a parlamentarios o altos funcionarios con serias denuncias, aunque en casos emblemáticos se ha logrado aprobar las respectivas acusaciones constitucionales –como en “los cuellos blancos” o Edgar Alarcón, por ejemplo- y el desafuero de congresistas como Benicio Ríos y Edwin Donayre (ambos de APP).

Lo que queda demostrado es que presidir una comisión no es garantía para la aprobación o no de las más importantes iniciativas; mucho depende de la capacidad de negociación con otras bancadas, de la solidez de la argumentación y de la posibilidad de estimular el apoyo activo y la movilización de la sociedad civil y la prensa, algo que todavía no hemos tenido oportunidad de apreciar en los grupos parlamentarios que no cumplen un mes de haber iniciado sus funciones.

Por ahora, la expectativa está puesta en el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Guido Bellido -sobre quien pesan graves y fundados cuestionamientos- así como en las iniciativas políticas posteriores a los inciertos resultados de esa votación prevista para el 26 de agosto.

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